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Que para incoar una Acción de Amparo es preciso culminar el procedimiento administrativo que hubiere fijado para el asunto materia del reclamo y que tratándose de agresiones provenientes de particulares, será el procedimiento previo establecido en los estatutos de la persona jurídica; ...

 

 

Exp. Nº 067-93-AA/TC

Lima

Tribunal Constitucional

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los doce días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis, reunido en sesión de Pleno Jurisdiccional, el Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados:

Nugent,                                  Presidente,

Acosta Sánchez,                  Vicepresidente,

Aguirre Roca,

Díaz Valverde,

Rey Terry,

Revoredo Marsano,

García Marcelo;

actuando como Secretaria, la doctora María Luz Vásquez, pronuncia la siguiente sentencia; con el voto singular del magistrado Aguirre Roca.

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por Pedro Arnillas Gamio, contra la resolución de la Corte Suprema, de fecha ocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, que, declarando no haber nulidad de la sentencia de vista, de fecha treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y dos, declara infundada la correspondiente Acción de Amparo.

ANTECEDENTES:

Pedro Arnillas Gamio, con fecha once de noviembre de mil novecientos noventa y uno, interpone Acción de Amparo contra el Club de Regatas Lima, por considerar que en el curso del procedimiento disciplinario instaurado por el Club contra su persona, y por el que se le aplicó la sanción de expulsión, se violaron sus derechos de defensa, a la presunción de inocencia y al honor; sostiene, principalmente, que, a fin de ejercer su derecho de defensa, solicitó al Presidente del Club, copias de la denuncia formulada en su contra y cualquier otro documento o declaración de terceros que hubiera sobre el particular, información que le fue negada; que, asimismo, la Junta Calificadora y de Disciplina del Club de Regatas Lima, le impuso la sanción máxima que autoriza su estatuto, fundado en las declaraciones vertidas por dos trabajadores de la entidad emplazada, sin que se le permitiera un careo con sus acusadores; aduce que los derechos invocados en su demanda tienen amparo en la Constitución, los Tratados Internacionales de los que es signatario el Perú, y la Ley de Hábeas Corpus y Amparo, y que en consecuencia, solicita que el Club de Regatas Lima lo reponga en su condición de socio activo de la institución, y lo indemnize por el gravísimo daño moral que se le ha causado; con fecha doce de diciembre de mil novecientos noventa y seis, el demandante ha presentado a este Tribunal, un escrito de fundamentación adicional y de renuncia de derechos, en el que manifiesta expresa e irrevocablemente, su renuncia a toda pretensión indemnizatoria por responsabilidad civil extracontractual, del Club demandado.

Admitida la demanda, es contestada por el representante legal del Club, a fojas ciento treinta y tres a ciento treinta y siete, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, aduciendo, entre otras razones, que no es válido que el actor sostenga que en el procedimiento disciplinario se omitió el cumplimiento de normas de carácter procesal, como si se hubiese tratado de un procedimiento judicial, sin tener en cuenta que el caso estuvo sometido estatutariamente a sus pares a propósito de una conducta reñida con la moral y las buenas costumbres; que, las citas legales invocadas por el actor referidas a su derecho de defensa no son valederas en el caso de autos, por cuanto atañen a este derecho ante las autoridades judiciales, y no a entidades privadas como el Club de Regatas Lima que ha expulsado al actor por causal prevista en su Estatutos después de haber cumplido con el correspondiente proceso estatutario; que, de otro lado, el actor ha dejado caduco el plazo de sesenta días establecido por el artículo noventa y dos del Código Civil, sin impugnar la decisión del Club; que, asimismo, esta Acción de Amparo es improcedente por no haberse agotado la vía previa, puesto que el artículo sesenta y seis del Estatuto del Club posibilita que el sancionado pida la reconsideración de su sanción, lo que deberá resolverse por una Junta Calificadora distinta de aquella que admitió la reconsideración.

La sentencia del Juez Civil, de fecha catorce de enero de mil novecientos noventa y dos, de fojas ciento ochenta y uno a ciento ochenta y dos, declara infundada la demanda, por considerar, que «el procedimiento disciplinario seguido al demandante que concluyó con el acuerdo de su expulsión del Club de Regatas Lima, se ha sustanciado regularmente y observándose las normas estatutarias de la institución demandada, por lo que la demanda debe desestimarse».

La sentencia de vista, de fecha treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y dos, de fojas doscientos treinta y cuatro a doscientos treinta y cinco, confirma la apelada, por estimar que «en el caso de autos, el accionante ha ejercitado su derecho de defensa, ha conocido los cargos y el día veintidós de julio acude y sustenta su defensa ante la Junta Calificadora, por lo que no se infringió este precepto constitucional».

Interpuesto recurso de nulidad, la sentencia de la Corte Suprema, de fecha ocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos, declaró no haber nulidad de la sentencia de vista, por considerar que había quedado acreditado que el demandante fue citado y oído en dos oportunidades para que formulara sus descargos; que, asimismo, no aparece en autos que el actor haya solicitado se le conceda la facultad de interrogar a los testigos o se le confronte con ellos; que, de otro lado, el demandante no ha interpuesto el recurso de reconsideración previsto en el artículo sesenta y seis del Estatuto del Club de Regatas Lima, por lo que no se ha agotado la vía previa administrativa que haga viable el Amparo, ni esta es la vía idónea para reclamar el nacimientos de presuntos daños y perjuicios.

Interpuesto recurso extraordinario, de conformidad con el artículo cuarenta y dos de la Ley número veintitrés mil trescientos ochenta y cinco, los autos son elevados a este Tribunal.

FUNDAMENTOS:

Considerando: Que para incoar una Acción de Amparo es preciso culminar el procedimiento administrativo que hubiere fijado para el asunto materia del reclamo y que tratándose de agresiones provenientes de particulares, será el procedimiento previo establecido en los estatutos de la persona jurídica; que, analizado este requisito de procedibilidad en el presente caso, del examen del estatuto de la entidad demandada se advierte que el único procedimiento a transitar por el actor para obtener la revisión de la decisión de expulsión dictada en su contra por la Junta Calificadora y de Disciplina del Club, era el dispuesto en el artículo sesenta y seis de la norma estatutaria; que es de señalar que dicho procedimiento denominado «reconsideración» según el artículo precitado, tiene un trámite cuyo promedio de duración es de seis años, conforme se infiere de la concordancia de los artículos sesenta y cuatro, inciso «c», ochenta y cuatro, ciento dos, y ciento veintinueve del Estatuto, por lo que, en realidad, se trata más bien de un procedimiento de rehabilitación, cuya prolongada tramitación como se ha señalado, busca desalentar el reingreso del socio expulsado, apreciación que ha sido ratificada,el día catorce de enero del presente año, por el propio Presidente del Club demandado, doctor Oscar Ortigosa; que, siendo así, este Colegiado considera que, mientras pendiera el reclamo del actor vía el procedimiento de rehabilitación antes mencionado, y dados los términos por sí excesivamente exigentes de su tramitación, pudiera causársele daño irreparable a sus derechos constitucionales invocados en la demanda; que, tal situación constituye causal de excepción al agotamiento de las vías previas, conforme lo dispone el artículo veintiocho, inciso «b» de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo, perfectamente aplicable al presente caso, por lo que la Acción de garantía sub-materia resulta procedente; que, atendiendo al fondo del asunto, se desprende de autos que las alegaciones del actor referidas a la vulneración de su derecho de defensa en el procedimiento disciplinario que le instauró el Club y que devino en su expulsión, por los hechos acaecidos el día tres de julio de mil novecientos noventa y uno, resultan acreditadas con las instrumentales que obran a fojas ciento veinte, ciento veintiuno, ciento veinticinco a ciento treinta y uno, y ciento noventa y uno del expediente constitucional, las que denotan que el cargo atribuido al actor así como el sustento probatorio del mismo no fueron puestos oportunamente en conocimiento del demandante para efectos de que ejerciera cabalmente su derecho de defensa, garantizado por el artículo ciento treinta y nueve, inciso catorce, de la Constitución Política del Estado, habiéndose vulnerado este derecho constitucional; que, asimismo, no es argumento válido para desestimar la presente demanda, el empleado por el Club emplazado, que sostuvo que «la sanción adoptada por la Junta Calificadora y de Disciplina en el caso del demandante respondió a los estatutos del Club...y que es meridianamente claro que ese proceso (disciplinario) no puede ser considerado bajo las formalidades propias de un juicio o procedimiento judicial», lo que no parece aceptable, por cuanto el respeto de las garantías del debido proceso, no puede soslayarse, de modo que también son de aplicación en cualquier clase de proceso o procedimiento disciplinario privado, como el desarrollado por el Club demandado; que si bien, en consecuencia, no se privó al demandante de todo derecho de defensa, tampoco se le brindaron las garantías constitucionales del caso.

FALLA:

Revocando la sentencia de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, de fecha ocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, que declara no haber nulidad de la sentencia de vista, de fecha treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y dos, que confirmó la apelada, de fecha catorce de enero de mil novecientos noventa y dos, que declaró infundada la Acción de Amparo interpuesta, y reformándola la declara fundada, en parte; disponiendo: La reposición del proceso al estado en que se hallaba antes de emitirse la primera citación que el Club de Regatas Lima cursó al actor en el proceso disciplinario impugnado, a fin de que el demandante pueda hacer valer su derecho de defensa, tal como lo solicitó en la demanda, dejándose, entre tanto, en suspenso la medida de expulsión decretada; mandaron: que se publique en el Diario Oficial El Peruano; y los devolvieron.

S.S.

NUGENT

ACOSTA SANCHEZ

DIAZ VALVERDE

REY TERRY

REVOREDO MARSANO

GARCIA MARCELO

 

 

Exp. Nº 067-93-AA/TC

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MANUEL AGUIRRE ROCA

Considero pertinente esclarecer que, si bien es cierto que el demandante no ha gozado en el procedimiento seguido por el Club de Regatas Lima de todas las garantías propias del derecho constitucional de defensa, el mencionado Club parece haber actuado dentro del marco que su estatuto le imponía, de manera que, desde ese punto de vista, sí fue respetado el derecho de defensa, y el actor, en efecto, pudo ejercitarlo, tal como consta en autos.

Mi principal discrepancia con el fallo radica, pues, en que, dado lo expuesto, considero que resulta prudente y equitativo, permitir que, mientras se ventile el nuevo proceso interno, permanezca vigente la sanción que motiva estos autos.

Estimo pues, que debe declararse parcialmente fundada la demanda, y disponerse que se dé al demandante una nueva oportunidad de defensa ante el Club demandado, con la amplitud que el caso requiere, pero sin dejar sin efecto, a lo largo del proceso, la sanción que motiva estos autos.

S.S.

AGUIRRE ROCA MANUEL