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Que, de autos fluye que la presente causa versa sobre un aspecto litigioso, donde se tiene que acreditar si la Resolución de Alcaldía cuestionada fue expedida con arreglo a ley, situación que tiene que acreditarse en una estación probatoria, instancia procesal que carece la vía procedimental de las acciones de garantía…

Exp. Nº 072-96-AA/TC

Lima

Pedro Ramírez Llanos

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

                                   En Lima, a los dieciséis días del mes de octubre de mil novecientos noventisiete, reunido en sesión de Pleno Jurisdiccional, el Tribunal Constitucional, con asistencia de los Señores Magistrados:

                                   Acosta Sánchez; Vicepresidente, encargado de la Presidencia;

                                   Nugent;

                                   Díaz Valverde;

                                   García Marcelo;

actuando como Secretaria Relatora la doctora María Luz Vásquez Vargas, pronuncia la siguiente Sentencia:

ASUNTO:

                                   Recurso extraordinario, interpuesto contra la Resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, su fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventicinco, que declara no haber nulidad en la sentencia de vista de veintiséis de diciembre de mil novecientos noventicuatro, que confirmando la apelada de fecha dieciséis de mayo de mil novecientos noventicuatro, declaró improcedente la acción de amparo interpuesta por don Pedro Ramírez Llanos, en representación del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Barranco, contra la Municipalidad Distrital de Barranco, representada por su Alcalde don Carlos Galvez Martínez.

ANTECEDENTES:

                                   El actor interpone acción de amparo contra la Municipalidad Distrital de Barranco, dirigida a su Alcalde don Carlos Galvez Martínez, con la finalidad de que: a) Se deje sin efecto legal e inaplicable la Resolución de Alcaldía N° 1200-G-93, de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventitrés, mediante la cual se declaró nulos de pleno derecho los acuerdos contenidos en los numerales dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, doce, diecinueve y veinte del Acta Paritaria de mil novecientos noventa, aprobada por Resolución de Alcaldía N° 451-90-A, de dos de mayo de mil novecientos noventa, así como también nulos y sin valor legal alguno los acuerdos contenidos en los numerales dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, quince, diecisiete y diecinueve del Acta Paritaria de mil novecientos noventiuno, aprobada por la Resolución de Alcaldía N° 827-(G)-91, de diecisiete de mayo de mil novecientos noventiuno; que también dispone que la Dirección de Administración adopte las medidas correctivas que resulten del caso, en la Planilla Unica de Sueldos y Salarios, así como en la Planilla de Pensiones; y que por último dispone remitir a la Contraloría General de la República los antecedentes de la resolución de alcaldía, materia de la presente acción, para los fines de investigación que corresponda. Señala que dicha resolución vulnera los dispuesto por los artículos 42° en su primer, segundo y tercer párrafo; artículo 43° primer párrafo artículo 44° último párrafo; artículos 49°, 51° 54°, 57°, 252° de la Constitución Política de mil novecientos setentinueve, que garantiza la fuerza de ley de las convenciones colectivas de trabajo y demás derechos de los servidores, concordante con lo dispuesto en los artículos 22°, 24°, 26° y 28° de la Constitución Política del Perú de mil novecientos noventitrés.

                                   Corrido traslado, la emplazada absuelve la demanda a través de su Alcalde don Carlos Galvez Martínez, quien señala que las imputaciones esgrimidas por el actor, no se ajustan a la verdad o no constituyen violación de derecho alguno, en razón de que la resolución materia del presente proceso, ha sido dictada en uso de la representación y las atribuciones administrativas concedida a los alcaldes por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 23853 Ley Orgánica de Municipalidades, así como por lo dispuesto por la Ley N° 26111 Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, y que la resolución aludida ha sido expedida para resguardar y proteger los intereses del Estado, de la Municipalidad y de los vecinos que representa la municipalidad, de acuerdo a ley, y en razón de que las Actas Paritarias de Negociación Colectiva suscritas por los representantes de la Municipalidad con los representantes del Sindicato, son actos jurídicos que contienen manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas de trabajo, acto jurídico que para su validez debe cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 140° del Código Civil, entre los cuales destaca para estos fines que su objeto sea jurídicamente posible.

                                   El Juez Provisional del Décimo Tercer Juzgado Juzgado Civil de Lima, con fecha dieciséis de mayo de mil novecientos noventicuatro, falla declarando fundada la demanda interpuesta, por considerar entre otras razones que, conforme a los términos del Acta Paritaria suscrita en el año mil novecientos noventa, la Municipalidad Distrital de Barranco, pacta incremento de la bonificación por racionamiento y movilidad; gratificaciones por Fiestas Patrias, Navidad, día del trabajador municipal, aniversario de Barranco, vestuario y escolaridad, gratificación por vacaciones, gratificación por día Internacional de Trabajo, Bonificación por riesgo de salud, préstamos a favor de trabajadores nombrados y contratados; y que en el Pacto del año de mil novecientos noventiuno, prácticamente se ratifican los puntos acordados en la comisión paritaria de mil novecientos noventa. Convenios que se han realizado con una organización debidamente reconocida ante el Instituto Nacional de Administración Pública, y que se han ceñido estrictamente a las reglas estipuladas por el Decreto Supremo N° 069-85-PCM, de veintiséis de julio de mil novecientos ochenticinco, procedimiento único para arribar a negociación bilateral en los Gobiernos Locales para las determinaciones de las remuneraciones por costo de vida y condiciones generales de trabajo de funcionarios y servidores, y al amparo de lo establecido en el artículo cincuentisiete de la Constitución Política del Estado.

                                   El Fiscal Superior de la Segunda Fiscalía Civil de Lima, opina porque se confirme la sentencia apelada, por cuanto a los actores se les concedieron determinados beneficios laborales a través de las Resoluciones de Alcaldía N°s. 451-90-A, de dos de mayo de mil novecientos noventa y 872-(G)-91, de diecisiete de mayo de mil novecientos noventiuno, que consolidan los acuerdos de la Comisión Arbitraria efectuada entre el Sindicato Unificado de Trabajadores Municipales con su Autoridad Municipal, hoy emplazada, durante los años mil novecientos noventa y mil novecientos noventiuno, a la luz del Decreto Supremo N° 069-85-PCM, que norma los aspectos de negociación colectiva de los Gobiernos Municipales, concluían en una Convención Colectiva que de conformidad con el artículo cincue nticuatro de la Constitución Política del Perú de mil novecientos setentinueve, vigente al momento de la expedición de tales acuerdos paritarios, tienen fuerza de ley para ambas partes.

                                   A su turno, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con resolución de fecha veintiséis de diciembre de mil novecientos noventicuatro, revocó la apelada, y reformandola declaró improcedente la demanda de acción de amparo incoada, por considerar que los actores no han agotado la vía administrativa, al no haber interpuesto recurso administrativo alguno, siendo de aplicación el artículo 27° de la Ley N° 23506.

                                   Interpuesto el recurso de Nulidad contra esta resolución, el Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, opina porque se declara haber nulidad en la recurrida, y reformándola se declare fundada, por considerar que conforme lo dispuesto por el artículo 54° de la Constitución Política de mil novecientos setentinueve, aplicable al procedimiento sub-examine, las convenciones colectivas de trabajo, tienen fuerza de ley para las partes, siendo posible la intervención del Estado, tan sólo en caso de falta de acuerdo entre ellas, constituyendo lo acordado en dichas convenciones respecto de los trabajadores, derecho irrenunciable, no siendo posible que autoridad del mismo rango jerárquico a la que suscribió el convenio o pacto colectivo, proceda a declarar su nulidad, a tenor de lo prescrito en el artículo 113° del Decreto Ley N° 26111, vigente al momento de la expedición de la Resolución de Alcaldía cuestionada.

                                   La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, por los fundamentos de la resolución de Segunda Instancia, expide la resolución de veintiocho de noviembre de mil novecientos noventicinco, declarando no haber nulidad en la sentencia de vista, su fecha veintiséis de diciembre de mil novecientos noventicuatro, que declaró improcedente la acción de amparo interpuesta.

                                   Interpuesto el recurso extraordinario se dispone el envío de los autos al Tribunal Constitucional.

FUNDAMENTOS:

  1. Que, de autos fluye que la presente causa versa sobre un aspecto litigioso, donde se tiene que acreditar si la Resolución de Alcaldía cuestionada fue expedida con arreglo a ley, situación que tiene que acreditarse en una estación probatoria, instancia procesal que carece la vía procedimental de las acciones de garantía, consecuentemente, la acción de amparo no es la idónea para dilucidar la presente causa.
  2. No habiéndose violado o amenazado en el presente caso ningún derecho constitucional establecido como acto de cumplimiento obligatorio, es de aplicación "contrario sensu" lo previsto por el artículo 2 de la Ley nro. 23506.

                                    Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y su Ley Orgánica.

FALLA:

                                   CONFIRMANDO La resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas trece del cuadernillo de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventicinco, que declaró no haber nulidad en la sentencia de vista, de fecha veintiséis de diciembre de mil novecientos noventicuatro, que revocando la apelada de fecha dieciséis de mayo del mismo año, declaró improcedente la acción de amparo; dispusieron su publicación en el diario oficial "El Peruano"; y los devolvieron.

 

S.S.

ACOSTA SANCHEZ

NUGENT

DIAZ VALVERDE

GARCIA MARCELO

 

 

MR.