S-572
Que, las partes se hacen mutuas
imputaciones respecto al contrato de concesión, lo que debe ser ventilado,
probado y resuelto en un proceso ordinario, y no por la vía de amparo que…no
cuenta con una estación probatoria.
Exp. Nº 095-95-AA/TC
Lima
Caso: Wares of Protection S.A. (WOPSA)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los veintitrés días del mes de
octubre de mil novecientos noventisiete, reunidos en sesión de Pleno
Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados:
Acosta Sánchez, Vicepresidente, encargado de
la Presidencia,
Nugent,
Díaz Valverde,
García Marcelo,
actuando como secretaria relatora la doctora
María Luz Vásquez, pronuncia la siguiente sentencia:
ASUNTO:
Recurso extraordinario, interpuesto contra la
resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte
Suprema de Justicia de la República, de fecha 29 de noviembre de 1994, que
reformando la de vista y revocando la apelada, declaró improcedente la acción
de amparo interpuesta por Wares of Protection S.A. (WOPSA), representada por su
Gerente General don Walter Enrique O'Brian Palacios, contra el Bazar Central Nº
02 de la Policía Nacional del Perú (ex PT) y contra la Dirección de Bienestar
de la Policía Nacional del Perú.
ANTECEDENTES:
Wares of Protection S.A. (WOPSA), interpone
acción de amparo con el objeto de que se deje sin efecto la prohibición que los
demandados le impusieron, de vender armas al personal policial en el Bazar
Central de la Policía Nacional del Perú Nº 02, así como haberse negado a
procesar los descuentos por planillas a los efectivos de la PNP, que hubieran
efectuado compras a la empresa demandante, ya que a su criterio, con las
disposiciones impartidas por la dirección y acatadas por el bazar, se violó el
contrato de concesión que las partes habían celebrado con fecha veintiuno de
noviembre de mil novecientos noventiuno y que estuvo vigente hasta el
treintiuno de diciembre de mil novecientos noventicinco, con lo que
presuntamente se violó el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la
libre contratación y al ejercicio libre del trabajo.
El Procurador Público de la Policía Nacional
del Perú, contestó la demanda negándola en todas sus partes, habiendo deducido
las excepciones de caducidad y de falta agotamiento de la vía previa;
solicitando que la acción fuera declarada improcedente, por cuanto al momento
de firmarse el contrato, la firma demandante no tenía autorización para la
venta de armas policiales, transgrediéndose así, el artículo 140º del Código
Civil, y como no podía vender armas civiles para el servicio de los policías,
mal podía la actora exigir descuentos por planillas sobre una mercadería que no
podía vender ni contratar; por otro lado hizo notar al juzgado que la
demandante recién se inscribió en el registro público correspondiente el
veintiuno de abril de mil novecientos noventa y dos, y el contrato de concesión
lo celebró el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventiuno, vale decir,
cuando aún no contaba con derecho o facultad para hacerlo como empresa, máxime
si recién en fecha dos de junio de mil novecientos noventidós, la demandante
recibió su autorización de comercialización, determinando todos estos
argumentos, a juicio de los demandados, que el contrato fuese nulo de puro derecho.
Concluyó la contestación manifestando que el Estado no había violado ni
transgredido derecho o garantía constitucional alguna.
El Juez del Décimo Sétimo Juzgado Civil de
Lima con fecha veinte de octubre de mil novecientos noventitrés, falla
declarando fundada la acción de amparo, por considerar que: la Dirección de
Bienestar de la Policía al comunicar la disposición superior de prohibir la
venta de armas en los bazares de la Policía hasta nueva orden, esta medida
suspendía de hecho los efectos de un contrato formal vigente, que obviamente
era violatoria de la seguridad jurídica que la ley otorga a todo contrato
formalmente celebrado; que uno de los contratantes no puede suspender
unilateralmente el acto jurídico celebrado; porque la prohibición para que el
contrato de concesión no continuara en vigencia y operatividad, era violatorio
de los derechos de libertad de contratación con fines lícitos, de la libertad
de trabajo y del principio de legalidad en todo acto jurídico.
El Fiscal Superior, emitió su dictamen,
opinando por que la apelada debía revocarse y proponiendo que sea declarada
improcedente la acción, básicamente por estimar que la vía del amparo no era la
idónea para ventilar asuntos relativos al cumplimiento o incumplimiento de
contratos, asunto que a su entender debía llevarse al Poder Judicial, para que
en proceso ordinario se debata y dilucide sobre el tema controvertido.
La Primera Sala Civil de la Corte Superior
de Justicia de Lima, con fecha treinta diciembre de mil novecientos noventitrés,
falla confirmando la apelada, por sus propios fundamentos y además por
considerar que a la parte demandante no se le dio oportunidad de defenderse, ya
que no se emitió una resolución que derogara la resolución que autorizó a la
demandante a comercializar las armas en el bazar de la Policía Nacional, y
porque la declaración unilateral de nulidad de contrato, hecha por la Dirección
de Bienestar, era violatoria del artículo 232º de la Constitución de 1979,
vigente en esa fecha, ya que a su entender, eso significaba hacerse justicia
por propia mano.
La Fiscal Supremo, emitió su dictamen
opinando no haber nulidad en la recurrida, por considerar que la nulidad
declarada del contrato de concesión mediante un oficio y un memorándum, era
contrario al libre comercio y contratación garantizado por la Carta
Fundamental, por haberse sustituido la Dirección de Bienestar al órgano
jurisdiccional encargado de poner fin a actos jurídicos de esa naturaleza.
La Sala de Derecho Constitucional y Social
de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante resolución de fecha
veintinueve de noviembre de mil novecientos noventicuatro, reformando la de
vista y revocando la apelada declaró improcedente la acción de amparo, por
estimar que, existiendo controversia entre las partes sobre el cumplimiento o
no del contrato de concesión, la acción de amparo no era la vía pertinente para
dilucidar el conflicto, el que a su criterio sólo podía resolverse mediante la
aplicación de normas de derecho civil y comercial y no mediante disposiciones
de la Constitución.
Interpuesto el recurso de casación que debe
entenderse como extraordinario, se dispone el envío de los autos al Tribunal
Constitucional.
FUNDAMENTOS:
1. Que, las partes se hacen mutuas
imputaciones, respecto al incumplimiento del contrato de concesión, lo que debe
ser ventilado, probado y resuelto en un proceso ordinario, y no por la vía del
amparo, que por su carácter sumario no cuenta con una estación probatoria.
2. Que, la acción de amparo tiene como fin
garantizar derechos preestablecidos reponiendo las cosas al estado anterior a
la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional y no así hacer
una declaración de derechos como pretende la empresa demandante.
Por estos fundamentos el Tribunal
Constitucional, en ejercicio de las atribuciones que le confieren la
Constitución y su Ley Orgánica,
FALLA:
Confirmando la resolución expedida por la
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la
República, de fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos noventicuatro,
que reformando la de vista, de fecha treinta de diciembre de mil novecientos
noventitrés, declaró improcedente la acción de amparo; dispusieron su
publicación en el Diario Oficial "El Peruano"; y los devolvieron.
S.S. ACOSTA SANCHEZ / NUGENT / DIAZ VALVERDE
/ GARCIA MARCELO.