S-236

No habiéndose violado o amenazado con el presente caso ningún derecho constitucional establecido como acto de cumplimiento obligatorio, por lo que es de aplicación lo previsto "contrario sensu" por el artículo 2º de la Ley Nº 23506.

 

Exp. Nº 117-96-AA/TC

Lima

Caso: Claudia Montes Aclari

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los diecinueve días del mes de junio de mil novecientos noventisiete, reunido el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados:

Acosta Sánchez,                  Vicepresidente encargado de la Presidencia,

Nugent,

Díaz Valverde,

García Marcelo;

actuando como Secretaria Relatora, la doctora María Luz Vásquez, pronuncia la siguiente sentencia:

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por doña Claudia Montes Aclari contra la resolución de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, del doce de febrero de mil novecientos noventiséis, que confirma la de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, de fecha 11 de mayo de mil novecientos noventicinco, que declara improcedente la Acción de Amparo.

ANTECEDENTES:

La Acción la interpone contra el 29º Juzgado Penal de Lima, y otros, a fin de que se deje sin efecto la orden judicial de administración de posesión de fecha 14-07-92, recaída en el Expediente Nº 3370-88, dictada sin su intervención como propietaria. La Quinta Sala Civil, ante la cual fue interpuesta la demanda, declaró improcedente la demanda, por considerar, entre otras razones, que el juicio penal se había tramitado con arreglo a ley y dentro de un procedimiento regular. Interpuesto Recurso de Nulidad, la Sala Constitucional y Social declaró No Haber Nulidad en la de vista, por estimar que la actora pretende no sólo dejar sin efecto una resolución judicial en estado de ejecución de sentencia, sino también someter a debate jurídico el derecho de propiedad, lo cual resulta incompatible con la naturaleza expeditiva del trámite de las acciones de garantía.

Contra esta resolución el accionante interpone Recurso Extraordinario por lo que de conformidad con los dispositivos legales se han remitido los actuados al Tribunal Constitucional.

FUNDAMENTOS:

1. De autos consta que la actora plantea la reapertura de la discusión jurídica sobre los diversos aspectos ventilados y resueltos definitivamente en el aludido juicio sobre delito contra el patrimonio, en la modalidad de usurpación, cuya irregularidad tampoco ha demostrado ni probado, siendo que tal pretensión atenta contra la autoridad de la cosa juzgada y la consiguiente inamovilidad de las resoluciones judiciales, por lo que resulta improcedente conforme al art. 2º (in-fine) del art. 200º de la Constitución del Estado y al inciso 2) del art. 6º de la Ley Nº 23506.

2. Que tampoco resulta pertinente discernir sobre la propiedad, en este proceso excepcional y residual, como lo plantea la actora, pues existen otros mecanismos procesales que le permiten a la demandante reclamar tal derecho supuestamente lesionado, ni es posible detener la ejecución de la sentencia contra las partes vencidas en un proceso regular, conforme a lo previsto por el art. 10º de la Ley Nº 25398.

3. No habiéndose violado o amenazado en el presente caso ningún derecho constitucional establecido como acto de cumplimiento obligatorio, por lo que es de aplicación lo previsto «contrario sensu» por el art. 2º de la Ley Nº 23506.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional haciendo uso de las atribuciones que le confiere la Constitución del Estado y su Ley Orgánica

FALLA:

Confirmando la resolución de fecha doce de febrero de mil novecientos noventiséis expedida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, que declara No Haber Nulidad en la resolución de vista, del once de mayo de mil novecientos noventicinco, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, que declara improcedente la Acción de Amparo interpuesta por doña Claudia Montes Aclari contra el 29º Juzgado Penal de Lima, y otros; dispusieron su publicación en el Diario Oficial El Peruano con arreglo a ley, y los devolvieron.

S.S.

ACOSTA SANCHEZ

NUGENT

DIAZ VALVERDE

GARCIA MARCELO

MARIA LUZ VASQUEZ

Secretaria Relatora