S-569

…obran las boletas de pago de las pensiones del actor, con lo que se evidencia que la Superintendencia de Banca y Seguros dejó de aplicar el Decreto Supremo (cuestionado) y reanudó el pago de la pensión reclamada; en consecuencia, se ha producido la sustracción de la materia.

Exp. Nº 153-93-AA/TC

Lima

Caso: Adelaida Consuelo Patriau Pérez

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los veintiún días del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados:

Acosta Sánchez, Vicepresidente, encargado de la Presidencia,

Nugent,

Díaz Valverde,

García Marcelo,

actuando como secretaria relatora, la doctora María Luz Vásquez, pronuncia la siguiente sentencia:

ASUNTO:

Recurso de casación entendido como extraordinario, contra la resolución de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, su fecha veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y tres, que declaró no haber nulidad en la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y dos, que revocando la resolución número seis del Décimo Sétimo Juzgado Civil de Lima, su fecha veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y uno, declaró improcedente la demanda de acción de amparo interpuesta por doña Adelaida Consuelo Patriau Pérez contra la Superintendencia de Banca y Seguros.

ANTECEDENTES:

Doña Adelaida Consuelo Patriau Pérez interpone acción de amparo contra la Superintendencia de Banca y Seguros, por cuanto la institución demandada en virtud del Decreto Supremo Nº 008-91-JUS, suspendió unilateralmente el pago de su pensión a partir de mayo de mil novecientos noventa y uno; por lo que solicita se inaplique el Decreto Supremo antes mencionado y se restituya la plena vigencia del derecho pensionario abonándole la pensión correspondiente desde la fecha de la suspensión de la misma.

Indica la actora que por Resolución SBS Nº142-90 del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa, se le incorporó al Régimen de Pensiones y Compensaciones normado por el Decreto Ley Nº 20530. Por la Resolución SBS Nº 177-91, su fecha tres de mayo de mil novecientos noventa y uno, se le reconoció veintiún años, nueve meses y doce días, de servicios prestados en la Superintendencia de Banca y Seguros. Sin embargo, la Superintendencia de Banca y Seguros amparándose en el Decreto Supremo Nº 008-91-JUS dejó de pagarle su pensión a partir del mes de mayo de mil novecientos noventa y uno. Fundamenta su pretensión en el artículo 57º de la Constitución Política del Estado de 1979, que establece que "los derechos reconocidos a los trabajadores son irrenunciables", y en los artículos 2º inciso 15; y 20º y la Octava Disposición General y Transitoria de la Constitución Política.

El Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas y de las Superintendencias Nacionales de Aduanas y Administración Tributaria, al contestar la demanda pide que la misma sea declarada improcedente y/o infundada, al señalar que la presente acción de amparo está dirigida para declarar la inconstitucionalidad del Decreto Supremo Nº 008-91, siendo la vía pertinente la Acción Popular.

El Procurador Público Ad-hoc, encargado de los Asuntos Judiciales de la Superintendencia de Banca y Seguros, señala que esa institución al dejar en suspenso el pago de las pensiones sólo se ha limitado a cumplir con lo dispuesto en el Decreto Supremo cuestionado, que en caso de no hacerlo hubiese acarreado responsabilidad para los funcionarios de la Superintendencia de Banca y Seguros. Asimismo, indica que el artículo 34º de la Ley Nº 25334, dejó sin efecto el Decreto Supremo Nº 008-91-JUS, en consecuencia la Superintendencia de Banca y Seguros dejó sin efecto por Resolución Nº 400-91, el artículo 1º de la Resolución SBS Nº 301-91, que dejó en suspenso las resoluciones de reconocimiento de derechos pensionarios.

El Décimo Sétimo Juzgado Civil de Lima, por resolución número seis de fecha veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y uno, declaró fundada la demanda al considerar que

1) el no pago de la pensión reconocida contraviene lo dispuesto en el artículo 57º de la Constitución Política del Estado de 1979. Asimismo, la segunda parte del artículo 187º de la Carta Magna señala que ninguna ley tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, laboral o tributaria, cuando es más favorable al reo, trabajador o contribuyente;

2) el Decreto Supremo cuestionado quedó sin efecto de acuerdo al artículo 34º de la Ley Nº 25334.

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha veintisiete de marzo de novecientos noventa y dos, revocó la sentencia apelada, declarándola improcedente al considerar que el decreto supremo cuestionado fue derogado, y la Superintendencia de Banca y Seguros por memorándum Nº 067-91-SAAG ordenó el pago de las pensiones devengadas.

La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, por resolución de fecha veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y tres, por los mismos fundamentos declaró no haber nulidad en la sentencia de vista.

FUNDAMENTOS:

Que, el objeto de esta acción de garantía es que se declare inaplicable el Decreto Supremo Nº 008-91-JUS, de fecha quince de mayo de mil novecientos noventa y uno, por el cual la Superintendencia de Banca y Seguros suspendió desde ese mes el pago de la pensión de la actora; y que, la institución demandada reanude el pago de sus pensiones, por cuanto por Resolución SBS Nº 142-90, la actora fue incorporada al régimen de la Ley Nº 20530;

Que, al haber sido derogado el Decreto Supremo Nº 008-91-JUS, por el artículo 34º de la Ley Nº 25334, de fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventa y uno, resulta jurídicamente imposible su inaplicación;

Que, la Superintendencia de Banca y Seguros por Resolución SBS Nº 400-91, dejó sin efecto el artículo 1º de la Resolución SBS Nº 301-91, resolución que en aplicación del Decreto Supremo Nº 008-91-JUS, suspendió el pago de sus pensiones; que, a fojas 37, 38 y 39, obran las boletas de pago de las pensiones de la actora con lo que se evidencia que la Superintendencia de Banca y Seguros dejó de aplicar el Decreto Supremo antes referido y reanudó el pago de la pensión reclamada; que, en consecuencia se ha producido la sustracción de materia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, haciendo uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,

FALLA:

Confirmando la sentencia de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró no haber nulidad en la sentencia de vista, la que revocando la apelada, la declaró improcedente. Mandaron se publique en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; y, los devolvieron.

S.S. ACOSTA SANCHEZ / NUGENT / DIAZ VALVERDE / GARCIA MARCELO.

Exp. Nº 153-93-AA/TC

Lima

Caso: Adelaida Consuelo Patriau Pérez

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, once de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

VISTA:

La solicitud de nulidad formulada por Adelaida Consuelo Patriau Pérez, de la sentencia de fecha veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y siete, publicada del primero de diciembre de mil novecientos y siete, recaída en la acción de amparo seguida por la recurrente contra la Superintendencia de Banca y Seguros.

ATENDIENDO:

A que, contra las sentencias emitidas por este Colegiado no cabe recurso alguno, y menos los pedidos de nulidad; tal como lo establece el artículo 59º de la Ley Nº 26435 "Ley Orgánica del Tribunal Constitucional".

RESUELVE:

Declarar sin lugar la solicitud de nulidad presentada; y, los devolvieron.

S.S. ACOSTA SANCHEZ / NUGENT / DIAZ VALVERDE / GARCIA MARCELO.