S-595

Que, el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 276 establece que: "No están comprendidos en la carrera administrativa los servidores públicos contratados…" (por lo que) la demandante no ha demostrado en autos haber sido despedida arbitrariamente o el que se le haya violado algún derecho de rango constitucional.

Exp. Nº 160-97-AA/TC

Arequipa

Juana Haydee Escobedo Rivera

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Arequipa, a los veintinueve días del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete, reunidos en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados:

Acosta Sánchez, Vicepresidente, encargado de la Presidencia,

Nugent,

Díaz Valverde,

García Marcelo,

actuando como secretaria relatora la doctora María Luz Vásquez Vargas, pronuncia la siguiente sentencia:

ASUNTO:

Recurso extraordinario interpuesto por doña Juana Haydee Escobedo Rivera, contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fecha diecisiete de enero de mil novecientos noventa y siete, la que revocando en parte la sentencia de primera instancia declaró improcedente la acción de amparo seguida por la mencionada demandante en contra del Consejo Transitorio de Administración Regional-Región Arequipa.

ANTECEDENTES:

Doña Juana Haydee Escobedo Rivera, a fojas 71 y siguientes, presentó acción de amparo y la dirigió en contra de el Consejo Transitorio de Administración Regional-Región Arequipa, cuyo representante legal es su presidente el Sr. Luis Alfredo Chávez Bedoya Vargas, pidiendo su reincorporación a su puesto de Economista I, Jefe de la Unidad de Abastecimientos, Nivel SPB, Grupo Profesional, Especialidad de Evaluación de Proyectos cargo de Jefe de la Unidad de Abastecimientos y Unidad de Presupuestos del Proyecto de Irrigación "Pampa Colorada", o en un cargo similar, para el caso de haber concluido el proyecto citado, se le pagasen todas las remuneraciones ordinarias, gratificaciones, asignaciones, bonificaciones dejadas de percibir desde la fecha del arbitrario despido, 26 de diciembre de 1995, hasta la fecha efectiva de su reincorporación; con expresa condena de costas y costos, así como la aplicación de las medidas y sanciones al responsable de la infracción constitucional. Señaló que ingresó a laborar en al año de 1975 en el Ministerio de Agricultura y Alimentación en calidad de servidora pública contratada, laborando en diversos proyectos de irrigación, hasta el 20 de junio de 1990 en que fue transferida a la Unidad Agraria VIII-Región Arequipa, en donde a partir del 01 de julio de 1989, continuó laborando en el proyecto de irrigación "Pampa Colorada" hasta la fecha de su despido, afirmando que los servicios prestados al Estado son de naturaleza permanente como servidora pública contratada, relación laboral que a su decir, le reconoce derechos laborales de estabilidad laboral, por lo que no podía ser objeto de cese o destitución salvo que incurriese en falta grave estipulada en el D. Leg. Nº 276, y que en su caso no había ocurrido, no obstante lo cual mediante memorándum Nº 024-95-GR/PC-OA de 26/12/95 se le despidió arbitrariamente; frente a ello formuló reclamo administrativo, el que, en grado de apelación fue declarado infundado mediante Resolución Directoral Regional Nº 024-96-CTAR/PE-ST-ORA, agotando con ello la vía administrativa.

La demanda fue contestada por la apoderada del Presidente del Consejo Transitorio de Administración Ingeniero Luis Carlos Chávez Bedoya Vargas, proponiendo, en primer término, la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, en función a que quien había dictado la resolución que se supone viola el derecho a la estabilidad laboral de la actora había sido el Director Regional de Administración y no su poderdante, quien ocupa una instancia superior al indicado funcionario. De otro lado solicitó se declarara infundada la demanda por cuanto la demandante tenía un contrato suscrito a plazo fijo; por que las leyes de presupuesto de los años de 1994 a 1996 prohibían efectuar nombramientos y además por que una vez que concluyera el proyecto "Pampa Colorada" el personal que labora en él cesaría automáticamente; infundada en cuanto al pago de remuneraciones y otros conceptos por cuanto lo que ha ocurrido con la demandante no es un despido arbitrario sino que ha operado la conclusión de su contrato; infundada en cuanto al pago de costas y costos del proceso, por cuanto la demandada se encuentra exonerada de gastos judiciales, conforme lo establece el artículo 47º de la Constitución de 1993; e infundada en cuanto a la sanción del funcionario suspuestamente responsable, por cuanto éste no es el demandado. Sostuvo igualmente que no procedía la acción por que el proyecto "Pampa Colorada" efectuó la liquidación que le correspondía a la demandante y se le pagó sus beneficios sociales por 18 años y cinco meses (hasta el mes de diciembre de 1993) en su condición de trabajadora perteneciente al régimen laboral de la Ley Nº 4916 habiendo recibido la actora lo que le correspondía, lo que es aceptado por ella misma, estando a la firma que aparece en el citado documento corriente a fojas 92. A partir del año de 1994, se vio por conveniente contratar los servicios personales de la actora para que laborara en condición de empleada eventual bajo el régimen del D.L. Nº 276, lo que se perfeccionó mediante Resolución Presidencial Regional Nº 182-94-GRA/P, no teniendo la actora estabilidad laboral, dejando de pertenecer al Estado a la finalización del contrato, resolución que no fue objeto de impugnación, habiendo quedado consentida; para el año de 1995 igualmente doña Juana Haydee Escobedo Rivera suscribió un contrato de locación de servicios personales eventuales cuya vigencia fue del 01 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1995, razón por la cual no puede decirse que hubo un despido arbitrario sino la conclusión de un contrato, cuyos términos fueron aceptados por la demandante una vez que fue liquidada con el régimen anterior. Agregó que siendo el proyecto "Pampa Colorada" un proyecto de inversión debía tenerse en consideración lo señalado en el artículo 1º de la Ley Nº 24041 sobre servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, los que no pueden ser cesados ni destituidos sino por causas previstas en el capítulo V del D. Leg. Nº 276, pero teniendo presente la excepción que aparece en el artículo 2º de la misma Ley, cuando señala que no están comprendidos en los beneficios de la presente ley los servidores públicos contratados para desempeñar "Labores en Proyectos de Inversión, proyectos especiales...", siendo que en el presente caso la demandante fue contratada para el Proyecto Especial "Pampa Colorada", y por tanto no le alcanza esta norma. Finalmente expresó que como quiera que la actora pretendía en el fondo la nulidad de una resolución, había planteado indebidamente una Acción de Amparo, cuando lo que correspondía incoar era una impugnación de Resolución Administrativa, prevista en el artículo 540º del Código Procesal Civil, que señala que la demanda contencioso-administrativa se interpone contra acto o resolución de la administración a fin de que se declare su invalidez e ineficacia.

Por su parte, el señor Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de la Presidencia, al contestar la demanda, la negó y contradijo en todos sus extremos, pidiendo que se le declare infundada, básicamente por considerar que entre las partes existe un contrato debidamente perfeccionado por el consentimiento, ya que la actora al firmar el mismo estaba aceptando las cláusulas del mismo, teniendo en cuenta el artículo 1764º del Código Civil que establece que por la locación de servicios, el locador se obliga sin estar subordinado al comitente a prestar sus servicios por cierto tiempo o por un trabajo determinado, a cambio de una remuneración; que la actora había reconocido en el punto 6 de su pretensión, la relación contractual entre las partes; que el artículo 2º del D. Leg. Nº 276 -Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público-, dice: "No están comprendidos en la carrera administrativa los servidores públicos contratados ni los funcionarios que desempeñen cargos políticos o de confianza, pero sí en las disposiciones de la presente ley en lo que les sea aplicable"; y, que había quedado plenamente establecido, por los propios fundamentos de la demanda, como de los documentos que obran en autos, que la accionante ha prestado servicios en calidad de contratada en el proyecto especial de irrigación "Pampa Colorada" bajo las pautas del contrato suscrito entre las partes durante el período comprendido entre el 01 de enero de 1995 y el 31 de diciembre del mismo año.

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, a fojas 207 a 211, mediante sentencia de fecha quince de noviembre de mil novecientos noventa y seis falló declarando fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado y en consecuencia declarando improcedente la acción de amparo interpuesta, por considerar que al haberse dirigido la acción contra autoridad o funcionario distinto a aquel que motivó la infracción constitucional alegada en la demanda, debe ampararse la excepción propuesta, por no existir relación material entre la accionante y el demandado Presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional-Región Arequipa; y que, en lo demás, al ampararse la excepción deducida, carecía de objeto pronunciarse sobre el fondo de la cuestión controvertida.

El Fiscal Superior, a fojas 231 - 233, al emitir su dictamen manifestó, que de lo actuado se ha establecido que la demanda fue dirigida contra funcionario distinto a aquel que supuestamente originó la infracción constitucional, por lo que se ha amparado la excepción propuesta, pero debió el juez de la causa pronunciarse sobre el fondo del asunto, ya que como es de verse, la accionante al haber celebrado contrato de locación de servicios con la demandada, se encontraba dentro de los alcances de las relaciones contractuales reguladas por el Código Civil, por lo que la acción interpuesta resulta a todas luces improcedente, razones por las que fue del parecer que debía confirmarse la apelada, debiendo reformarse en cuanto a sus fundamentos.

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a fojas 241-243, mediante sentencia de fecha diecisiete de enero de mil novecientos noventa y siete, falló revocando la sentencia de primera instancia en la parte que declara fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado propuesta por la apoderada del Presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional- Región Arequipa por ausencia de relación material del demandado con la accionante, por considerar que la acción de garantía fue interpuesta en contra del Consejo Transitorio de Administración Regional de Arequipa como persona jurídica de derecho público, entidad que se encuentra representada por su Presidente Luis Chávez Bedoya, si se tiene en consideración que el Consejo Transitorio de Administración Regional-Región Arequipa, además es una institución del Estado o ente público, tiene que estar representado por su Presidente, en consecuencia entre la demandada y la actora existe una relación material, lo que hace que aquélla tenga la calidad de demandada y en consecuencia legitimidad para obrar; y, confirmando la sentencia en cuanto declara improcedente la acción de amparo interpuesta, por estimar, entre otras consideraciones, que al haberse acreditado en autos que la accionante celebró un contrato de locación de servicios con la demandada, se encontraba dentro de las relaciones contractuales establecidas por el Código Civil; y, que el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM indica "las entidades de la Administración Pública sólo podrán contratar para realizar funciones de carácter temporal o accidental", dicha contratación se efectuará para el desempeño de labores en Proyectos de inversión y Proyectos Especiales cualquiera sea su duración, esta clase de contratación no requiere de concurso y la relación contractual concluye al término del mismo; y, porque los servicios prestados en esta condición no generan derechos de ninguna clase para los efectos de la carrera administrativa.

FUNDAMENTOS:

Considerando: Que, el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 650 establece que " La compensación por tiempo de servicios tiene la calidad de beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción al trabajador y su familia"; Que, con el documento corriente a fojas 92 de autos, "Hoja de Liquidación de Beneficios Sociales" queda plenamente acreditado que la actora, quién tuvo la calidad de empleada bajo el régimen laboral de la Ley Nº 4916, luego de 18 años y cinco meses cesó de trabajar por motivo de cambio de Régimen Laboral, habiendo recibido, el 25 de febrero de 1994, su liquidación de acuerdo a ley, firmando la misma en señal de conformidad; Que, de autos no aparece que la demandante haya cuestionado o impugnado en forma alguna la liquidación a que se hace referencia en el considerando anterior; Que, con las copias de las resoluciones de la Presidencia Regional-Región Arequipa números 182-94-GRA/P y 060-95-CTAR/PE corrientes a fojas 93 y 95 se establece que la demandante fue contratada en condición de empleada eventual en el Proyecto Irrigación Pampa Colorada del Gobierno Regional de Arequipa por los períodos comprendidos entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 1994 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 1995 respectivamente ; Que, el artículo 1361º del Código Civil establece que "Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos...". Que, a fojas 94 obra el contrato de locación de servicios personales eventuales celebrado entre la actora y el Consejo Transitorio de Administración Regional-Región Arequipa, en el cual puede apreciarse en su cláusula segunda que su fecha de vencimiento era el 31 de diciembre de 1995, contrato que se encontraba dentro de las relaciones contractuales establecidas por el Código Civil; Que, la cláusula sexta del contrato señalado establece, que "está regulado por las normas legales contenidas en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, sus reglamentos en lo que le sea aplicable, Código Civil y demás dispositivos legales vigentes...". Que, el artículo 2º del D. Leg. Nº 276 establece que "No están comprendidos en la carrera administrativa los servidores públicos contratados ..."; Que, el artículo 2º de la Ley Nº 24041 establece que no están comprendidos en los beneficios de la presente ley los servidores públicos contratados para desempeñar "labores en Proyectos de inversión, proyectos especiales..."; Que, la demandante no ha demostrado en autos el haber sido despedida arbitrariamente o el que se le haya violado algún derecho de rango constitucional.

Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución y su Ley Orgánica,

FALLA:

Confirmando la sentencia de vista dictada por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, su fecha, diecisiete de enero de mil novecientos noventa y siete, que confirma la apelada, que declaró improcedente la acción de amparo interpuesta; ordenando su publicación en el Diario Oficial "El Peruano" y los devolvieron.

S.S. ACOSTA SANCHEZ / NUGENT / DIAZ VALVERDE / GARCIA MARCELO.