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Que, el accionante debió interponer su
acción dentro de los 60 días que establece el artículo 37º de la Ley Nº 23506,
contados a partir de la fecha de vencimiento de los 30 días que tenía la
Administración Pública, para resolver su recurso de reconsideración.
Exp. Nº 179-97-AA/TC
Puno
Wilfredo Valentino Guevara Ortega
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Arequipa, a los veintiocho días del mes
de octubre de mil novecientos noventa y siete, reunidos en sesión de Pleno
Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados:
Acosta Sánchez, Vicepresidente, encargado de
la Presidencia,
Nugent,
Díaz Valverde,
García Marcelo,
actuando como secretaria la doctora María
Luz Vásquez Vargas, pronuncia la siguiente sentencia:
ASUNTO:
Recurso extraordinario interpuesto por don
Wilfredo Valentino Guevara Ortega, contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta
de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fecha treinta de octubre de mil
novecientos noventa y seis, la que confirmando la sentencia apelada, de fecha
dos de mayo de mil novecientos noventa y seis, falló declarando improcedente la
acción de amparo seguida por el mencionado demandante, en contra del Presidente
de la Corte Suprema de Justicia de la República y del señor Procurador General
de la República en el Ramo de Justicia.
ANTECEDENTES:
A fojas 38-49 don Wilfredo Valentino Guevara
Ortega, interpuso demanda de acción de amparo, en contra de la resolución
administrativa dictada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la
República el seis de noviembre de mil novecientos noventa y dos, mediante la
cual se acordó su separación definitiva del cargo que vino desempeñando como
Juez Titular del Primer Juzgado de Instrucción de la Provincia de Puno, lo que
se le hizo saber mediante oficio circular Nº 026-PJ-92 de fecha nueve de
noviembre de mil novecientos noventa y dos, dirigiéndola en contra del Señor
Vocal Supremo Dr. Moisés Pantoja Rodulfo, Presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la República y del Señor Procurador General de la República en el
Ramo de Justicia, con el objeto de que se ordenase su reposición en el cargo,
que estuvo desempeñando hasta antes del 6 de noviembre de mil novecientos
noventa y dos. Manifestó ser magistrado de carrera, habiendo desempeñado el
cargo de Juez Titular del Primer Juzgado Penal de Puno, desde el 6 de marzo de
mil novecientos ochenta y cinco, hasta cuando se dispuso su separación definitiva,
sin que previamente se le haya sometido a una evaluación legal y justa, o sea
sin un debido proceso, privándolo del derecho de defensa, mediante una
resolución inmotivada e inconstitucional.
Por esa razón es que dentro del término de
ley planteó, contra la resolución indicada, recurso de reconsideración, el que
fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha treinta
de noviembre de mil novecientos noventa y dos, mediante el oficio Nº
295-CSR-92, recurso impugnativo que no fue resuelto por la Corte Suprema; por
lo que dándose por notificado con la resolución que se hubiese dictado, con lo
que estaría agotándose la vía administrativa, instó la presente acción de
amparo; señaló que el acuerdo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la
República no era fruto de un debido proceso porque no se le había dado la
oportunidad de formular los descargos correspondientes, ni menos aún de usar
los recursos impugnatorios que la ley le franqueaba; que, la sanción que se le
había impuesto se dictó sin un previo proceso disciplinario; que su separación
era ilegal por cuanto no se encontraba incurso en ninguno de las casos
previstos por el artículo 217º de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
habiéndose conculcado el principio de la estabilidad laboral, más aún cuando el
artículo 189º de la antes anotada Ley establece como derecho de los magistrados
la estabilidad en el cargo hasta los setenta años, mientras se observe conducta
e idoneidad propia de la función; que la resolución en contra de la cual ha
interpuesto la presente acción de amparo, no sólo era inconstitucional, sino
nula de puro derecho, en aplicación de la última parte del artículo 206º de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, porque no incurrió en ninguna de las
responsabilidades señaladas en la norma acotada, porque no se ha observado el
trámite establecido en la misma ley, porque se dictó por una Sala Plena
integrada solamente por Vocales Provisionales, acciones que se concretaron
dictándose los Decretos Leyes Nºs 25446 y 25454, con las que el Poder Ejecutivo
quebró el Estado de Derecho del país, cesando a los señores magistrados de Lima
y Callao y disponiéndose que en el resto del país los magistrados sean
sometidos a evaluación por la Corte Suprema de Justicia de la República, para conseguir
la supuesta moralización del Poder Judicial, en cuyo supuesto se encuentra el
recurrente y que en contra de las resoluciones de separación no proceden las
acciones de garantía (amparo), conculcándose de esta suerte lo dispuesto en el
artículo 295º de la Constitución de 1979, agregando que todas estas
disposiciones son incompatibles con la norma establecida en el artículo 236º de
la anterior Constitución y el artículo 138º de la actual, concordantes con el
artículo 14º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimismo, el accionante
puso de relieve que en su caso se actuó sin legalidad, por que el Estado a
través del Poder Ejecutivo no acató la ley, ya que por el contrario se había
actuado vulnerando la norma constitucional, sin tener en cuenta la igualdad y
la libertad, precisando que se había vulnerado el principio de legalidad, al
dictarse los Decretos Leyes números 25446 y 25454 que sustentan el acuerdo de
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, objeto de esta
acción de amparo, al ordenar su separación definitiva, sin fundamento ni razón
alguna, en flagrante transgresión al derecho de defensa y del debido proceso
amparados por la Constitución y nuestras leyes así como por los tratados
internacionales sobre derechos humanos, como es el artículo 25º del Pacto de
San José de Costa Rica.
Admitida a trámite la demanda y efectuado el
traslado de la misma con arreglo a ley, ésta no fue contestada por ninguno de
los demandados.
El Juzgado Especializado en lo Civil de
Puno, mediante sentencia de fecha dos de mayo de mil novecientos noventa y
seis, falló declarando improcedente la acción de amparo interpuesta por
considerar, en esencia, que el Decreto Ley Nº 25446, fue publicado el
veintiocho de abril de mil novecientos noventidós, bajo cuyo amparo la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, ha cesado al accionante
y por consiguiente, la acción de garantía debió ser promovida por el demandante
antes de que precluya los sesenta días de producida la afectación de sus derechos
constitucionales y contra el señor Presidente de la República y del señor
Presidente del Consejo de Ministros, autores del Decreto Ley inconstitucional y
a efecto de que se declare inaplicable a él, de conformidad con lo previsto por
el artículo 5º de la Ley Nº 25398; que si bien era verdad que el accionante
interpuso recurso de reconsideración contra el acuerdo de Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha seis de noviembre de mil
novecientos noventidós y que a la fecha no ha sido resuelto, también lo es que
el accionante dando por denegado el recurso impugnatorio de reconsideración
(silencio administrativo negativo) por la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia de la República e inmediatamente vencido el plazo de los treinta días
que prevé el artículo 90º del Decreto Supremo 006-67-SC, modificado por el
artículo segundo del Decreto Ley Nº 26111 y al no existir otra instancia donde
acudir vía recurso de queja, no acudió al órgano jurisdiccional ni hizo uso de
la facultad concedida por el inciso 13) del artículo 24º de la Ley Nº 23506,
concordante con el inciso 20) del artículo 2º de la Constitución Política del
Perú de mil novecientos noventa y tres, contrario sensu, dicho accionante, ha
permitido que transcurra más de dos años, desde la fecha de interposición del
recurso de reconsideración, incurriendo también en causal de caducidad prevista
por el artículo 37º de la Ley Nº 23506, hecho que ratifica que el demandante no
ha estimado fundamental su derecho ni irreparable el daño que pudiera haber
ocasionado en su perjuicio el Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia de la República.
El Fiscal Superior Adjunto, fue de opinión
que debía confirmarse la sentencia apelada, por considerar que si bien era
cierto que la Ley Nº 25446, transgredió los derechos fundamentales consagrados
por la Constitución Política de mil novecientos setenta y nueve, vigente al
momento del hecho, también lo era que el accionante, después de transcurridos
casi tres años desde el momento de la violación de su derecho, recién interpone
la Acción de Amparo, no obstante encontrarse en la posibilidad de interponer
dentro del plazo que establece el artículo 37º de la Ley Nº 23506, esto es
dentro de los sesenta días de producida la afectación, que asimismo, teniendo
en cuenta que la Ley Nº 25446 aplicada por la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia de la República, ha sido expedida por el Presidente de la República y
Presidente del Consejo de Ministros, la demanda debió dirigirse contra éstos,
para que se declare inaplicable dicha ley al accionante.
A fojas 175, obra la sentencia emitida por
la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fecha 31 de
octubre de mil novecientos noventa y seis, la que de conformidad con el
dictamen del Fiscal Superior Adjunto, por los propios fundamentos de la
recurrida, falló confirmando la sentencia apelada que declaró improcedente la
acción iniciada, considerando además, que el amparo es una acción sumarísima
que debe ejercitarse dentro del término de caducidad señalado en el artículo
37º de la Ley Nº 23506, vencido el cual ya no puede intentarse la acción, esto
es, que la caducidad no se refiere al derecho constitucional, sino a la
utilización de este instrumento procesal urgentísimo; que en el presente caso,
la acción de amparo se interpuso el 23 de octubre de mil novecientos noventa y
cinco, esto es, después de transcurridos más de dos años desde que se le
notificó con el acuerdo de Sesión Extraordinaria de Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia de la República, de fecha 6 de noviembre de mil novecientos
noventa y dos, que acordó su separación definitiva del cargo de Juez Titular
del Primer Juzgado Penal de Puno, en uso de la atribución conferida por el
Decreto Ley Nº 25446.
El demandante, a fojas 180, interpuso
recurso extraordinario y se dispuso el envío de los autos al Tribunal
Constitucional.
FUNDAMENTOS:
Considerando: Que, con el documento de fojas
6-8 queda acreditado que el día veintisiete de noviembre de mil novecientos
noventa y dos, el demandante interpuso, recurso impugnativo de reconsideración
contra la resolución administrativa de fecha seis de noviembre de mil
novecientos noventa y dos (fs.5), mediante el cual se dispuso su separación
definitiva del cargo de Juez Titular del Primer Juzgado Penal de Puno; Que, no
es válido, por extemporáneo, el agotamiento de la vía previa que hizo el
demandante, al momento de iniciar la presente acción de amparo en fecha, 24 de
octubre de mil novecientos noventa y cinco, (fs. 40); Que, el artículo 37º de
la Ley Nº 23506 -Ley de Hábeas Corpus y Amparo- concordante con el artículo 26º
de su Ley Complementaria Nº 25398, establece que: "El ejercicio de la
acción de amparo caduca a los sesenta días hábiles de producida la afectación,
siempre que el interesado, en aquella fecha, se hubiese hallado en la
posibilidad de interponer la acción. Si en dicha fecha esto no hubiese sido
posible, el plazo se computará desde el momento de la remoción del
impedimento". Que, de autos, no se advierte que el demandante se hubiese
encontrado en imposibilidad de interponer la acción; Que, el accionante debió
interponer su acción dentro de los 60 días que establece el artículo 37º de la
Ley Nº 23506, contados a partir de la fecha de vencimiento de los 30 días que
tenía la Administración Pública, para resolver su recurso de reconsideración.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, en ejercicio de las atribuciones que le confieren la
Constitución y su Ley Orgánica,
FALLA:
Confirmando la sentencia dictada por la Segunda
Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fecha treinta y uno de
octubre de mil novecientos noventa y seis, la que confirmando la sentencia
apelada, de fecha dos de mayo de mil novecientos noventa y seis, declaró
improcedente la acción de amparo incoada; dispusieron asimismo la publicación
de la presente en el Diario Oficial "El Peruano" y los devolvieron.
S.S. ACOSTA SANCHEZ / NUGENT / DIAZ VALVERDE
/ GARCIA MARCELO.