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Se considera que no se ha violado el derecho a la estabilidad consagrado en ese entonces por la Constitución Política del Estado de mil novecientos setentinueve; pues la SUNAD ha procedido en cumplimiento de las normas citadas en el ítem 2) precedente, normas que son de carácter especial y cuyo cumplimiento no puede ser contradicho mediante una Acción de Amparo.

 

 

Exp. 199-93-AA/TC

Lima

Caso: Pablo Ricardo Cortés Estassio y otros

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los treinta días del mes de junio de mil novecientosnoventisiete, reunidos en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados:

Acosta Sánchez,                  Vicepresidente encargado de la Presidencia,

Nugent,

Díaz Valverde,

García Marcelo;

actuando como Secretaria, la doctora María Luz Vásquez, pronuncia la siguiente sentencia:

ASUNTO:

Con fecha veintiocho de abril de mil novecientos noventitrés, Pablo Ricardo Cortés Estassio interpone Recurso de Casación, que en mérito del artículo 41º de la Ley Nº 26435, Orgánica del Tribunal debe entenderse como un Recurso Extraordinario contra la sentencia de fecha veintidós de abril de mil novecientos noventitrés, mediante la cual, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la Acción de Amparo que interpusieron contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y otro.

ANTECEDENTES:

De folio 14 a 16 vuelta, corre la demanda de Acción de Amparo interpuesta por Pablo Ricardo Cortés Estassio; Augusto Eleazar Cáceres Vilca; Guillermo Law Zegarra; Javier Livia Chicot, Oswaldo García Haro; Carlos G. Guerra La Barrera; Moisés Jurado Villaizán; Juan Cabrera Cabanillas; Domingo Conilla Roque; Hernán Pastrana Adriano; Jorge Wilfredo Manrique Alvarez; Luis Evaristo Linares Moreno; José Armando Longa Baldoceda; Francisco Espinoza Aquino; Alfredo Contreras Núñez; Guillermo Cony Machiavello; César A. Gavilán Valdivia; Jorge Loo Martínez; Jorge Sánchez Peña; Jorge Vargas Celis; Román Quispe Tonconi; José Alfonso Lévano Cantoral y Pedro Alarcón Cahuasi, con fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventidós, contra la Superintendencia Nacional de Aduanas en la persona de la Superintendenta Carmen Higaona de Guerra, y, contra el Presidente de la Comisión de Concurso de Selección de Personal. Sostienen los demandantes, que con la Resolución de Superintendencia Nº 000130 de fecha trece de enero de mil novecientos noventidós que corre a folios once, doce y trece, la Superintendencia Nacional de Aduanas, los cesó por causal de excedencia a partir del primero de enero de mil novecientos noventidós; que con dicho acto administrativo se violó el derecho a la estabilidad laboral contemplado en el artículo 48º de la Constitución Política del Estado de mil novecientos setentinueve; y, que, no se consideró el hecho de que los demandantes se hallaban comprendidos dentro del marco de aplicación del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa; que, la Superintendencia Nacional de Aduanas no obró con igualdad ni equidad, pues a otros trabajadores los repuso en el cargo después de haberlos declarado excedentes. Finalmente, aluden los demandantes que se aplique el control difuso al amparo del artículo 23º de la citada Carta Magna, con el objeto que se declare inaplicable para los demandantes el Decreto Legislativo Nº 680 publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha catorce de octubre de mil novecientos noventiuno, mediante el cual se amplió hasta el treintiuno de diciembre el plazo de reorganización de la SUNAD y las Aduanas de la República.

Contesta la demanda el Procurador a cargo de los asuntos del Ministerio de Economía y Finanzas, Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria, señalando que el presente caso no importa un acto violatorio del derecho a la estabilidad al trabajo, sino que se trata de un caso especial derivado de la reorganización de la SUNAD en aplicación del Decreto Legislativo Nº 680 de fecha nueve de octubre de mil novecientos noventiuno publicado oficialmente el catorce del mismo mes, donde se establece que «aquéllos que no califiquen serán declarados excedentes». Por último, alude la parte demandada, que el proceso de evaluación fue llevado a cabo por la Universidad Nacional de Ingeniería y por la Comisión de Concurso, no siendo ciertas las afirmaciones de que los demandantes obtuvieron notas aprobatorias.

A folios 141, 142 y 143 corre la resolución de fecha tres de abril de mil novecientos noventidós, por medio de la cual el Juez del 21 Juzgado Civil de Lima, declara fundada en parte la demanda, en base a las siguientes consideraciones: que, no se cumplieron con las bases del concurso de evaluación que corre de folio 2 a folio 8, pues fueron sometidos a él, trabajadores incursos en procesos administrativos disciplinarios y en procesos judiciales, que después de la evaluación fueron ratificados en sus cargos; que, ello importaba violar el inciso 2 del artículo 2º de la Carta Magna de mil novecientos setentinueve que textualmente dice, refiriendose a los derechos de la persona humana: «A la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma».

La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la resolución Nº 1820-S de fecha once de noviembre de mil novecientos noventidós que corre a folios 404 y 405, confirma la sentencia de primera instancia y por consiguiente declara fundada la Acción de Amparo sub-materia; en base a las consideraciones del 21 Juzgado Civil de Lima.

Con fecha veintidós de abril de mil novecientos noventitrés, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, declara haber nulidad en la sentencia de vista, y, la improcedencia de la Acción de Amparo, por el siguiente fundamento: que, los demandantes no acreditaron en autos haber agotado la vía previa, requisito sustancial para incoar la Acción de Amparo según lo dispone el artículo 27º de la Ley Nº 23506, y además, no acreditaron con razón ni prueba alguna; el derecho que les hubiera permitido acogerse a las excepciones contenidas en el artículo 28º de la acotada norma de Hábeas Corpus y Amparo.

FUNDAMENTOS:

Considerando:

1.- Mediante el Decreto Supremo Nº 043-91 -EF de fecha catorce de marzo de mil novecientos noventiuno, se declaró en reorganización a la Superintendencia Nacional de Aduanas por un plazo de ciento ochenta días, disponiéndose, además, diversas medidas coadyuvantes al referido propósito. Posteriormente, se dicta el Decreto Legislativo Nº 680 con fecha nueve de octubre de mil novecientos noventiuno, que amplía el plazo de reorganización de la SUNAD hasta el treintiuno de diciembre de mil novecientos noventiuno.

2.- Los demandantes acudieron libre y voluntariamente al proceso de evaluación cuyo marco legal - administrativo lo fijó el precitado Decreto Legislativo Nº 680 reglamentado por medio de la Resolución de Superintendencia Nº 7924. Realizada la evaluación, que fue practicada por una Comisión de Alto Nivel, los demandantes no obtuvieron nota aprobatoria, por lo que era dable aplicar el numeral c) del artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 680 (folio 9) que dice textualmente: «Aquellos que no califiquen serán declarados excedentes ...». En base a lo consignado en el presente ítem 2), se dictó con arreglo a ley la Resolución de Superintendencia Nº 000130 de fecha trece de enero de mil novecientos noventidós (folios 11, 12 y 13) mediante la cual se declaró como excedentes y se dispuso el cese de varios trabajadores, entre los que se hallan los demandantes.

3.- Con relación al pedido de inaplicabilidad del Decreto Legislativo Nº 680; se considera que, el plazo de sesenta días hábiles establecido por el artículo 37º de la Ley Nº 23506, concordante con el artículo 26º de la Ley Nº 25398, se excedió considerablemente, pues la norma fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el catorce de octubre de mil novecientos noventiuno, y la demanda fue interpuesta el dieciocho de marzo de mil novecientos noventidós, obrando por tal razón la causal de caducidad.

4.- Se considera que no se ha violado el derecho a la estabilidad consagrado en ese entonces por la Constitución Política del Estado de mil novecientos setentinueve; pues la SUNAD ha procedido en cumplimiento de las normas citadas en el ítem 2) precedente; normas que son de carácter especial y cuyo cumplimiento no puede ser contradicho mediante una Acción de Amparo.

5.- Las irregularidades denunciadas por los demandantes, sobre el incumplimiento por parte de la demandada del numeral c) del artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 680, que establecía la no postulación al concurso de evaluación del personal «que haya estado o se encuentre incurso en un Proceso Administrativo Disciplinario, Proceso de Determinación de Responsabilidades y/o Proceso Judicial», no es tan terminante, pues en el mismo numeral e) se establece que aquel personal, puede ingresar a concurso si así lo determina la Comisión de Alto Nivel. Más bien, los demandantes no acreditaron en autos, la existencia de irregularidades en la evaluación que se les practicó.

6.- Igualmente, los demandantes no acreditaron haber agotado la vía previa, constituyendo esta omisión causal de improcedencia en aplicación del artículo 27º de la Ley Nº 23506.

Por estos Fundamentos el Tribunal Constitucional en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica.

FALLA:

Confirmando la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema su fecha veintidós de abril de mil novecientos noventitrés; que declaró haber nulidad en la sentencia de vista su fecha once de noviembre de mil novecientos noventidós; declaró improcedente la Acción de Amparo; dispusieron su publicación en el Diario Oficial El Peruano con arreglo a ley.

S.S.

ACOSTA SANCHEZ

NUGENT

DIAZ VALVERDE

GARCIA MARCELO

MARIA LUZ VASQUEZ

Secretaria Relatora