S-130

Que, habiendo caducado en su vigencia la ley cuya inaplicabilidad era objeto de la presente Acción de Amparo, ... no procede la prórroga de una ley no vigente.

 

 

 

 

 

Exp. Nº 210-95-AA/TC

Lima

Caso: Universidad San Martín de Porres

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los veintinueve días del mes de enero de mil novecientos noventisiete, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados:

Nugent,                                  Presidente,

Acosta Sánchez,                  Vicepresidente,

Aguirre Roca,

Díaz Valverde,

Rey Terry,

Revoredo Marsano,

García Marcelo;

actuando como Secretaria Relatora, la doctora María Luz Vásquez, pronuncia la siguiente sentencia:

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por don Carlos Humberto Vílchez Vera, Representante de la Universidad San Martín de Porres, contra la resolución de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, su fecha veintitrés de mayo de mil novecientos noventicinco, que declaró Haber Nulidad en la recurrida, declaró Improcedente la Acción de Amparo interpuesta contra la Asamblea Nacional de Rectores.

ANTECEDENTES:

Don Carlos Humberto Vílchez Vera, Rector de la Universidad San Martín de Porres, interpone Acción de Amparo, contra el Dr. César Paredes Canto, Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, en su calidad de Presidente de la Comisión de Coordinación Inter Universitaria de la Asamblea Nacional de Rectores y en aplicación de la Ley Nº 26251, «se abstenga de proponer, acordar, designar y/o nombrar cualquier tipo de Comisión que se proponga intervenir y/o reorganizar la vida académica, administrativa, económica y normativa de la Universidad San Martín de Porres; el cese de autoridades y/o de los órganos de gobierno de la misma, de forma distinta al debido proceso que la Ley ha establecido en el inciso k) del artículo 92º de la Ley Universitaria, Ley Nº 23733». Fundamenta su pretensión, principalmente, en los artículos 31º, 187º, 295º y la Disposición General y Transitoria Décimo Sexta de la Constitución Política del Estado de 1979, así como en los siguiente hechos:

1) Desde el año 1992, la Universidad ha sido objeto de una campaña de desprestigio, promovida por personas que fueron separadas de la misma, como consecuencia del proceso de saneamiento realizado, luego de haberse superado serias etapas de conflicto que afectaron la imagen institucional de la misma universidad, así como la imagen pública de sus autoridades. Esta campaña se agudizó en abril de 1993, por lo que el Congreso Constituyente Democrático, a través de su Comisión de Educación, Cultura y Deporte, propusiera «medidas ajenas, no concordantes con la normatividad que regula a las Universidades Nacionales y Particulares de nuestro país».

2) Por esta razón, se expidió una ley con nombre propio, aplicable exclusivamente a la Universidad San Martín de Porres, esto es, la Ley Nº 26195, por la que se constituyó una Comisión Investigadora de las presuntas irregularidades cometidas en el desarrollo de las actividades académicas, económicas y administrativas de dicha casa de estudios. Esta Ley, y la Ley Nº 26251, violan el numeral 2) del artículo 2º y el artículo 187º de la Constitución Política del Estado, referidos a la igualdad ante la ley y a la prohibición de expedirse leyes en función a la diferencia de las personas, es decir, con nombre propio.

3) Al concluir sus labores, la Comisión elevó el correspondiente informe a la Asamblea Nacional de Rectores, a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del Congreso Constituyente Democrático y a la Asamblea Universitaria de la Universidad, para que se adopten la medidas correspondientes. Dicho informe fue rechazado por la Asamblea Universitaria el 11 de setiembre de 1993, haciéndose de conocimiento de la ciudadanía, las consideraciones que sustentaban tal decisión; además, se remitió al Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, comunicaciones en las que expresan la opinión institucional de la Universidad, y absuelven los cargos formulados en el informe de la Comisión. Este informe también fue rechazado por la Asamblea Nacional de Rectores, en sesión del 20 de setiembre de 1993.

4) La Comisión nombrada, no permitió que las autoridades de la Universidad ejercieran su derecho de defensa, pese a haber solicitado oportunamente que se les informe de las denuncias y cargos que se les formulaban, para ser absueltos; similar actitud fue la asumida por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del Congreso Constituyente Democrático, la que tampoco les brindó la oportunidad de ejercer su derecho de defensa a pesar de las solicitudes correspondientes. Es de precisar, que pese a estar facultada dicha Comisión, de conformidad con el artículo 4º de la Ley Nº 26195 para poner en conocimiento de la Fiscalía de la Nación las situaciones y hechos que por su naturaleza lo ameriten, hasta la fecha de interposición de la demanda, no se ha producido ninguna denuncia.

5) Luego de todos estos atropellos, la citada Comisión del Congreso, sin oír a los denunciados, aprobó el dictamen del Proyecto de Ley Nº 907-93, que posteriormente, con fecha 13 de octubre de 1993, fue aprobado por el Pleno del Congreso, disponiéndose de esta manera, la reorganización de la citada casa de estudios, en flagrante violación del derecho constitucional a la autonomía universitaria.

6) La Asamblea Nacional de Rectores, no puede ser presionada a adoptar una decisión en contra de su público pronunciamiento, y designar comisión alguna para que intervenga o reorganice la vida académica, administrativa, económica y normativa de la Universidad, porque de producirse el conflicto entre la norma legal y la constitucional, debe preferirse la última; y finalmente,

7) Los derechos y garantías cuyo Amparo solicitan los demandantes, son: a la autonomía universitaria, a la igualdad ante la ley, a no cumplir normas legales incompatibles con la Constitución, al ejercicio del derecho de defensa, al desvío de la jurisdicción predeterminada por la ley.

El Décimo Juzgado en lo Civil de Lima, en su resolución de fecha diez de diciembre de mil novecientos noventitrés, declaró Fundada la Acción de Amparo, por considerar: 1º que, aun cuando la actora no demanda expresamente la inaplicación de la Ley Nº 26251, se debe tener en consideración que la amenaza de violación está vinculada a la aplicación de la acotada ley, por lo que en el presente proceso debe apreciarse si la indicada norma es compatible o no con la Constitución; 2º que, el artículo 31º de la Constitución (de 1979) establece que cada Universidad es autónoma en lo académico, económico, normativo y administrativo dentro de la ley; y, es la Ley Nº 23733, Ley Universitaria, la que regula dicha autonomía, la misma que en su artículo 92º inciso k) introducido por la Ley Nº 24387 establece el procedimiento por el cual la Asamblea Nacional de Rectores debe resolver los conflictos sobre legitimidad o reconocimiento de las autoridades y órganos de gobierno de la Universidad; 3º que, es así, que la Ley Nº 26251 resulta incompatible con el artículo 71º de la Constitución al declarar en reorganización a la Universidad San Martín de Porres y disponer la constitución de una Comisión que asuma las funciones plenas de dirección, gestión y administración de la Universidad; 4º que, no se puede sostener válidamente, que la Ley Nº 26251 deroga o modifica tácitamente el inciso k) del artículo 92º de la Ley Universitaria, porque de ser así, tendríamos que existe un procedimiento para resolver tales conflictos y no para las restantes universidades del país; y 5º que, el carácter de excepcionalidad de la ley, lleva a concluir al Juzgado, que se han violado los principios de igualdad ante la ley y el de generalidad de las leyes, previstos en los artículos 2º inciso 2) y 187º de la Constitución.

La Titular de la Primera Fiscalía Superior Civil, al emitir su dictamen, opinó porque se confirme la apelada, por cuanto la Ley Nº 26251 es incompatible con la Constitución Política de 1979, la misma que es aplicable al caso, porque vulnera los alcances del artículo 31º de la misma en cuanto a la autonomía universitaria, y porque además la vulneración antes expresada se relaciona con la Ley Nº 23733 y ampliatoria Nº 24387, toda vez que en virtud del artículo 92º inciso k) de la primera, corresponde a la Asamblea Nacional de Rectores, conocer y resolver de oficio y en última instancia los conflictos que se produzcan en las Universidades Públicas y Privadas relativas a la legitimidad o reconocimiento de sus autoridades. Esta opinión es acogida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, la que con fecha quince de julio de mil novecientos noventicuatro confirma la apelada, declarando fundada la Acción de Amparo, y en consecuencia inaplicable a la Universidad San Martín de Porres la Ley Nº 26251, disponiendo que la Asamblea Nacional de Rectores se abstenga de nombrar la Comisión a que se refiere el artículo 3º de la referida Ley.

Contra la resolución anterior, se interpuso recurso de nulidad, corriéndose traslado al Ministerio Público para que emita dictamen, como puede observarse a fojas 20 del cuadernillo de nulidad, opinando la Señora Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, que debe declarase Haber Nulidad en la recurrida, y reformándola, declarar improcedente la demanda por Sustracción de la materia, por cuanto la Ley Nº 26313 del veintisiete de mayo de mil novecientos noventicuatro deroga la Ley Nº 26251, que es la norma cuya inaplicabilidad se busca. Esta opinión es recogida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, la que en su resolución del veintitrés de mayo de mil novecientos noventicinco, de conformidad con el dictamen de la Señora Fiscal, cuyos fundamentos se reproducen, declararon haber nulidad en la sentencia de vista de fs. 177, la que reformándola, la declararon improcedente por haberse producido sustracción de la materia.

De conformidad con el artículo 41º de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Ley Nº 26435, se interpuso Recurso Extraordinario, elevándose los actuados al mismo.

FUNDAMENTOS:

Que, habiendo caducado en su vigencia la ley cuya inaplicabilidad era objeto de la presente Acción de Amparo, toda vez que el plazo dispuesto para la reorganización en el artículo 1º de la Ley Nº 26251 fue de 12 meses, contados a partir de la promulgación de la Ley; y, estando a que la referida Ley fue promulgada el treinta de noviembre de mil novecientos noventitrés;

Que, además la Ley Nº 26490, que pretendía prorrogar la anterior Ley Nº 26313, por un año más, no es de aplicación ya que no procede la prórroga de una ley no vigente;

El Tribunal Constitucional,

FALLA:

Confirmando, la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, su fecha veintitrés de mayo de mil novecientos noventicinco, que declaro Haber Nulidad en la resolución de vista, su fecha quince de julio de mil novecientos noventicuatro, que confirmando la apelada de fojas cuarentitrés, de fecha diez de diciembre de mil novecientos noventitrés, declaró fundada la demanda; y reformándola, declaró Improcedente la Acción de Amparo interpuesta; consecuentemente, quedan subsistentes y con plenitud en el ejercicio de sus funciones las autoridades de dicha Universidad elegidas conforme a ley. Publíquese en el Diario Oficial El Peruano.

S.S.

NUGENT

ACOSTA SANCHEZ

AGUIRRE ROCA,

DIAZ VALVERDE,

REY TERRY,

REVOREDO MARSANO,

GARCIA MARCELO

MARIA LUZ VASQUEZ

Secretaria Relatora