S-121
Que, ... las disposiciones aludidas...no
vulneran el principio constitucional del debido proceso, ni el derecho de
defensa...
Exp. Nº 391-96-AA/TC
Lima
Tribunal Constitucional
SENTENCIA
En Lima, a los veintidós días del mes de
octubre de mil novecientos noventiséis, reunido el Tribunal Constitucional en
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados:
Nugent, Presidente,
Acosta Sánchez, Vicepresidente,
Aguirre Roca,
Díaz Valverde,
Rey Terry,
Revoredo Marsano,
García Marcelo;
actuando como Secretaria, la doctora María
Luz Vásquez, pronuncia la siguiente sentencia:
ASUNTO:
Recurso Extraordinario interpuesto por doña
María Isabel Corzo Mejía, contra la resolución de la Sala Constitucional y
Social de la Corte Suprema de Justicia, su fecha nueve de mayo de mil
novecientos noventiséis, que declaró No Haber Nulidad en la recurrida, que
declaró improcedente la Acción de Amparo interpuesta contra la Primera Sala
Laboral de Lima.
ANTECEDENTES:
Doña María Isabel Corzo Mejía, interpone
Acción de Amparo contra la Primera Sala Laboral de Lima, en protección de sus
derechos al debido proceso y a la defensa en juicio, los que habrían sido
vulnerados por los demandados al expedir la sentencia notificada el seis de
mayo de mil novecientos noventicuatro, en los seguidos por la actora contra el
Banco de la Vivienda del Perú en Liquidación, solicitando la nulidad de dicha
resolución, y que se vuelva a expedir la misma de acuerdo a ley. Fundamenta su
pretensión en que los vocales demandados, al pronunciar sentencia en el
Expediente Nº 2035-93-BS, en los seguidos por la actora contra el Banco de la
Vivienda, para que se le indemnice por el despido injustificado del que fue
objeto, y se le abone la correspondiente compensación por tiempo de servicios y
demás derechos sociales, como vacaciones y gratificaciones truncas, resolvieron
declarar nula e insubsistente la sentencia de primera instancia, y nulo todo lo
actuado, por las razones siguientes: 1º) de acuerdo al artículo 331º del
Decreto Legislativo Nº 637, «... No podrá iniciarse juicios, constituirse
gravámenes, decretarse embargos o seguirse procedimientos de ejecución de
sentencia sobre ningún bien de la empresa declarada en estado de disolución y
liquidación...»; 2º) se basa en el D.S. Nº 071-PCM-93 que «reitera la situación
especial de la Banca de Fomento que se encuentra en estado de liquidación»; y
3º) el D.S. Nº 119-93-EF, dispuso en su artículo 1º, que «todos los
procedimientos judiciales de cobranza de cualquier naturaleza dirigidos contra
empresas bancarias y financieras declaradas en disolución, están comprendidos
en la prohibición contenida en el tercer párrafo del artículo 331º de la Ley
General de Instituciones Bancarias y Financieras y de Seguros», y ordena en el
artículo 3º, que «se corte en el día todos los procedimientos judiciales o
coactivas comprendidos en los alcances del presente Decreto Supremo».
Señala la recurrente, que las disposiciones
citadas en la sentencia existen, pero es innegable que ellas son
inconstitucionales, porque van en contra de las garantías de la administración
de justicia, como son el debido proceso, la tutela jurisdiccional y la
independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, por lo que tales
normas debieron ser declaradas inaplicables por la Sala demandada, por
colisionar con la Constitución. Además, resalta que la resolución de la Sala
demandada es la última instancia en el procedimiento laboral, al no existir
recurso impugnatorio alguno que permita la revisión de los actuados por una
instancia superior, por lo que la salvedad a que hace referencia el artículo
10º de la Ley Nº 25398, en el sentido de que las anomalías producidas en un
procedimienlo regular, deben ventilarse y resolverse dentro del mismo procedimiento,
mediante el ejercicio de los recursos procesales que la ley otorga, no deben
aplicarse al presente caso, en razón de las graves irregularidades cometidas.
La Tercera Sala Civil de la Corte Superior
de Lima, declaró improcedente la Acción de Amparo interpuesta, por considerar
que conforme a lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley Nº 23506, no proceden
las acciones de garantía contra resoluciones judiciales emanadas de un
procedimiento regular.
En su oportunidad, la Sala Constitucional y
Social de la Corte Suprema, declaró No Haber Nulidad en la sentencia de fojas
cincuenticinco, la que declaró improcedente la Acción de Amparo interpuesta,
por cuanto el artículo 10º de la Ley Nº 25398, concordante con el inciso 2º)
del artículo 6º de la Ley Nº 23506, señala que las anomalías que pudieran
cometerse en un procedimiento regular deben ventilarse y resolverse dentro del
mismo, mediante el ejercicio de los recursos que las normas procesales
específicas establecen.
De conformidad con el artículo 41º de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, Ley Nº 26435, se interpuso Recurso
Extraordinario, elevándose los actuados al mismo.
FUNDAMENTOS:
Que, mediante Decreto Ley Nº 25478, se
declaró a los Bancos Estatales de Fomento Agrario, Industrial, Minero y de Vivienda,
en estado de Disolución «para la liquidación definitiva de sus bienes y
negocios», norma que fue publicada el ocho de mayo de mil novecientos
noventidós;
Que, dicho proceso de liquidación se regla
por las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 637, Ley General de
Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, hasta el veintinueve de
octubre de mil novecientos noventitrés, por cuanto, desde el treinta de octubre
del mismo año, entró en vigencia el Decreto Legislativo Nº 770;
Que, las normas anteriormente citadas,
regularon, en su oportunidad, el proceso de disolución y liquidación del Banco
de la Vivienda, así como el destino de sus fondos y el orden establecido para
el pago de sus deudas;
Que, además, el Decreto Legislativo Nº 637,
en el tercer párrafo de su artículo 331º, señala que «no podrá iniciarse
juicios, constituirse gravámenes, decretarse embargos seguirse procedimientos
de ejecución de sentencia sobre ningún bien de la empresa declarada en estado
de disolución o liquidación», la que, además, se encuentra consagrada en el
Decreto Legislativo Nº 770, Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras
y de Seguros;
Que, dicho Decreto Legislativo Nº 637,
señala, en su artículo 338º, el orden de preferencia de pago de los créditos de
la empresa declarada en disolución o liquidación, donde el lugar preferente lo
tienen las remuneraciones de los trabajadores y los beneficios sociales;
disposiciones, éstas, también consagradas en el artículo 196º del Decreto
Legislativo Nº 770;
Que, en consecuencia, las disposiciones
aludidas anteriormente no vulneran el principio constitucional del debido
proceso, ni el derecho de defensa, y se limitan a establecer el orden de
prioridades en cuanto al pago de las deudas de los organismos declarados en
liquidación; y,
De conformidad por lo señalado por el inciso
2º) del artículo 6º de la Ley Nº 23506, concordado con el artículo 20º de la
Ley Nº 25398;
El Tribunal Constitucional,
FALLA:
Confirmando la sentencia de la Sala
Constitucional y Social de la Corte Suprema, su fecha nueve de mayo de mil
novecientos noventiséis, que declaró No Haber Nulidad en la de vista, su fecha
veinticinco de abril de mil novecientos noventicinco, que declaró improcedente
la Acción de Amparo presentada por doña María Isabel Corzo Mejía, contra la
Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Lima, dejando a salvo el derecho
de la accionante, para hacerlo valer en la vía correspondiente.
Publíquese en el Diario Oficial El Peruano.
S.S.
NUGENT
ACOSTA SANCHEZ
AGUIRRE ROCA
DIAZ VALVERDE
REY TERRY
REVOREDO MARSANO
GARCIA MARCELO
MARIA LUZ VASQUEZ,
Secretaria Relatora