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...las pensiones de jubilación son vitalicias y se sirven mes a mes, esto es, en forma permanente y continua, por ser de "tracto sucesivo", al igual que los salarios a los cuales reemplazan, por lo que el plazo computable para la caducidad de la Acción (de Amparo) corre desde la última fecha en que se cometió la agresión, según lo dispuesto por la parte final del artículo 26º de la Ley Nº 25398.

 

 

Exp. Nº 506-96-AA/TC

Arequipa

Caso: Manuel Valer Palomino

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Arequipa, a los dieciocho días del mes setiembre de mil novecientos noventiséis en sesión de Pleno Jurisdiccional, el Tribunal Constitucional con la asistencia de los señores Magistrados:

Nugent,                                  Presidente,

Acosta Sánchez,                  Vicepresidente,

Aguirre Roca,

Díaz Valverde,

Rey Terry,

Revoredo Marsano,

García Marcelo;

actuando como Secretaria, la doctora María Luz Vásquez, pronuncia la siguiente sentencia:

ASUNTO:

El Tribunal Constitucional conoce en última y definitiva instancia la presente Acción de Amparo a mérito del recurso extraordinario interpuesto por Manuel Valer Palomino, contra la resolución de la Segunda Sala Civil de Arequipa, de fecha 05 de julio de 1996, en los seguidos con la Oficina de Normalización Previsional.

ANTECEDENTES:

Don Manuel Valer Palomino plantea Acción de Amparo contra don Mario Santiago Solari, representante de la Oficina de Normalización Previsional en Arequipa y don Alejandro Arrieta Elguera, representante de la demandada en Lima, sosteniendo que por Resolución Nº 19466-92-IPSS, del 2-4-92, la Gerencia Departamental de Arequipa le otorgó la pensión de jubilación por I/. 169’741,950.00 a partir del 1-5-91, por contar con la edad requerida, y 23 años completos de aportación, con sujeción a lo dispuesto por el D.L. Nº 19990, y que posteriormente, sin declarar insubsistente dicho acto administrativo, mediante otra resolución signada con el Nº 21815-93-IPSS, del 16-5-93, le otorga pensión de jubilación por I/. 22’495,692.38 a partir del 1-5-91, por sus 23 años de aportación, aplicando el D.L. Nº 25967 del 7-12-92, vigente desde el 20 de diciembre de 1992. El demandante interpuso recurso impugnativo de nulidad contra esta última resolución, que fue declarado improcedente por Resolución Nº 051-SGO-CDA-IPSS-94, de fecha 19-1-94, e interpuso recurso de apelación el 09-02-94 contra la misma resolución, y otro de revisión el 15-01-96, los cuales no fueron resueltos en el plazo máximo de 30 días, por lo que según el art. 102º de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, modificado por Ley 26111, tiene expedito su derecho para interponer esta demanda.

La demandada contradice la Acción manifestando que el D.L. Nº 25967 establece en su Disposición Transitoria que: «Las solicitudes en trámite a la fecha de vigencia del presente Decreto Ley se ceñirán a las normas que éste prescribe», y deduce la excepción de caducidad en vista que desde la fecha de dictada la resolución impugnada por el actor y la interposición de su demanda, han transcurrido más de los 60 días previstos en la ley. El Juez del 4º Juzgado Civil de Arequipa dicta sentencia declarando improcedente la demanda, al considerar, básicamente, que no ha sido interpuesta dentro del término legal. Apelada la sentencia, la 2º Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa dicta sentencia confirmando la sentencia inferior, por estimar también que la demanda ha sido interpuesta en forma extemporánea.

FUNDAMENTOS:

1. Mediante Resolución Nº 19466-92-PS-PZP-SGP-SGA-IPSS, de fecha 2-4-92, la demanda concedió al actor la pensión de jubilación por I/. 169’741,950.00 a partir del primero de mayo de mil novecientos noventiuno, teniendo en cuenta su remuneración de referencia (promedia) también de I/. 169’741,950.00, por haber cesado el mes anterior en su labores dependientes, luego de haber cumplido con los requisitos y condiciones establecidos en el Decreto Ley diecinueve mil novecientos noventa, vigente en aquella fecha.

2. Dicho acto administrativo puso fin al proceso, conforme al art. 87º de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por DS. Nº 006-SC-67 del 11-11-67, vigente también hacia aquel entonces. Por consiguiente, tanto la solicitud del actor como la resolución del IPSS que le acuerda la pensión de jubilación por I/. 169’741,950.00, observaron su trámite regular, con arreglo a las normas vigentes del DL. Nº 19990, que fue su estatuto legal correspondiente.

3. La Resolución Nº 21815-93, del 16-5-93, de fs. 4, con los mismos requisitos y condiciones de calificación establecidos en la citada Resolución Nº 19466-92-IPSS, y en forma simultánea a la misma, le otorga al actor la pensión jubilatoria de I/. 22’495,692.38 en base a la remuneración de referencia de I/. 34’603,422.38, calculada según las nuevas prescripciones de la Ley Nº 25967, que entró en vigencia con posterioridad, esto es, el veinte de diciembre de mil novecientos noventidós.

4. La Ley Nº 25967 señaló, en efecto, términos diferentes para establecer el cálculo de la remuneración de referencia y elevó al mismo tiempo el número de años de aportación para que los asegurados puedan percibir pensión de jubilación por el Sistema Nacional de Pensiones, regulado por el citado DL Nº 19990.

5. Con motivo de resolver la nulidad de actuados promovida por el actor, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en forma inmotivada y sin hacer alusión alguna a la Resolución Nº 19466-92-IPSS, procede a declararla nula y a dar por agotada la vía administrativa, mediante Resolución Nº 051-SGO-CDA-IPSS-94, de fecha 19 de enero de 1994, y deja de resolver los recursos de apelación y de revisión interpuestos por el actor contra esteúltimo acto administrativo, incurriendo en el silencio administrativo contemplado en el art. 102º de la Ley de Normas Ge-nerales de Procedimientos Administrativos.

6. No resulta de aplicación al actor la Disposición Transitoria Unica del DL. Nº 25967, porque entró en vigencia con posterioridad a la resolución recaída en su expediente, y por cuanto ella se refiere a «solicitudes en trámite», que no es el caso del actor, pues el procedimiento administrativo que inició ya se encontraba fenecido, y porque según el art. 187º de la Constitución del Estado de 1979 y 103º de la Constitución Política vigente, ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos.

7. A mayor abundamiento, las pensiones de jubilación son vitalicias y se sirven mes a mes, esto es, en forma permanente y continua, por ser de «tracto sucesivo», al igual que los salarios a los cuales reemplazan, por lo que el plazo computable para la caducidad de la acción corre desde la última fecha en que se cometió la agresión, según lo dispuesto por la parte final del art. 26º de la Ley Nº 25398.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional haciendo uso de las atribuciones que le confieren la Constitución del Estado y su Ley Orgánica

FALLA:

Revocando la sentencia de vista, de fojas 132, su fecha 5-7-96, que confirma la apelada de fojas 85, de fecha 15-4-96, y declara improcedente la Acción de Amparo interpuesta por don Manuel Valer Palomino contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) representada por don Mario Santiago Solari Zerpa y don Alejandro Arrieta Elguera; reformándola, la declararon fundada y, en consecuencia, inaplicable al demandante la Resolución Nº 21815-93, de fecha 16-5-93, dictada por el Jefe (a) de la División Regional de Pensiones de la Gerencia Departamental de Arequipa, don Mario Arce Muñoz; dispusieron que la Oficina de Normalización Previsional le abone de inmediato sus pensiones de jubilación al demandante conforme a lo dispuesto en la Resolución Nº 19466-92-IPSS, del dos de abril de mil novecientos noventidós, con los reintegros consiguientes; y dispusieron se publique en el Diario Oficial El Peruano con arreglo a ley.

S.S.

NUGENT

ACOSTA SANCHEZ

AGUIRRE ROCA

DIAZ VALVERDE

REY TERRY

REVOREDO MARSANO

GARCIA MARCELO

MARIA LUZ VASQUEZ

Secretaria Relatora