S-317

Que, ... cabe emitir pronunciamiento, únicamente respecto del reconocimiento de sus derechos sin goce de haber, del tiempo transcurrido desde que fue separada del cargo hasta su reincorporación,....

 

 

Exp. Nº 742-96-AA/TC

Lima

Caso: Carmen Yleana Martínez Maraví

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los once días del mes de julio de mil novecientos noventisiete, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados:

Acosta Sánchez,                  Vicepresidente encargado de la Presidencia,

Nugent,

Díaz Valverde,

García Marcelo;

actuando como Secretaria Relatora, la doctora María Luz Vásquez, pronuncia la siguiente sentencia:

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por Carmen Yleana Martínez Maraví contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República de fecha dieciséis de julio de mil novecientos noventiséis, que declaró improcedente la Acción de Amparo interpuesta por la demandante contra el Supremo Gobierno en la persona del Ministro de Justicia.

ANTECEDENTES:

La demandante ocupaba el cargo de Jueza Titular del Vigésimo Tercer Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Lima hasta el veintiséis de junio de mil novecientos noventidós, fecha en que se publicó el Decreto Ley Nº 25580 que la cesó y canceló el título correspondiente.

Interpone la presente Acción de Amparo con fecha veinticinco de setiembre de mil novecientos noventidós, a fin de que se declare inaplicable para la demandante el citado Decreto Ley Nº 25580, y se le reponga en el cargo que ostentaba.

El Juez Provisional del Trigésimo Juzgado Civil de Lima, mediante la Resolución Nº 8 de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventidós que obra a folios setentitrés, falla declarando improcedente la Acción de Amparo, basándose en el artículo 5º del antes citado Decreto Ley Nº 25580 que dice a la letra: «No procede la Acción de Amparo dirigida a impugnar directa o~indirectamente la aplicación del presente Decreto Ley».

La demandante apeló del fallo de primera instancia, y la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, mediante Resolución Nº 533-3 de fecha diecinueve de abril de mil novecientos noventitrés que corre a folio ochenticinco, declaró nulo dicho fallo por haberse configurado una omisión que recortó el derecho de defensa de la demandante, y ordenó al Juzgado de origen expedir nueva sentencia.

De folios ciento cincuentidós a ciento cincuenticuatro obra la Resolución Nº 19, segunda sentencia del Trigésimo Juzgado Civil de Lima, de fecha veinte de marzo de mil novecientos noventicinco, mediante la cual se vuelve a declarar improcedente la Acción de Amparo interpuesta por Carmen Yleana Martínez Maraví, fundamentando su fallo en lo siguiente: que, no cabe amparar la demanda en razón de que la demandante fue nombrada Vocal Titular de la Corte Superior de Lima mediante la Resolución Nº 3 del Jurado de Honor de la Magistratura publicada en el Diario Oficial El Peruano, con fecha treinta de abril de mil novecientos noventicuatro, que obra a folio ciento diecisiete, y, repitiendo su anterior fundamento, que el artículo 5º del Decreto Ley 25580 no permite la Acción de Amparo en contra de su aplicación.

La Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Lima mediante Resolución Nº 2124-5 de fecha veintinueve de setiembre de mil novecientos noventicinco que obra a folios doscientos veintinueve, confirma la Resolución apelada, por considerar que al haber sido nombrada la demandante como Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, desapareció la violación constitucional y por consiguiente devino en improcedente la pretensión.

Resolviendo el recurso de nulidad interpuesto por la demandante, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, falla declarando no haber nulidad en la sentencia de vista; y por consiguiente, declara improcedente la Acción de Amparo.

FUNDAMENTOS:

1) Que, en autos no obra prueba alguna que acredite que la demandante incurrió en causal que la excluya del derecho constitucional inserto en el artículo 242º, numeral 2) de la Carta Magna de 1979 vigente en ese entonces, que textualmente dice:

«Art. 242.- El Estado garantiza a los Magistrados judiciales:


2) Su permanencia en el servicio hasta los setenta años y la inamovilidad en sus cargos, mientras observan conducta e idoneidad propias de su función».

Que, por el contrario, la demandante acreditó haberse desempeñado con idoneidad en el ejercicio del cargo del que fue cesada, adjuntando la Resolución Nº 3 del Jurado de Honor de la Magistratura que la nombra por mérito propio y después de prolijo concurso, en un cargo superior al que tenía, vale decir, Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Que, dicho nombramiento se produjo durante la secuela de la presente Acción, habiendo quedado la pretensión de reincorporación sustraída, mas no en lo concerniente a los demás derechos que son inherentes al pedido de reincorporación que es materia de la demanda.

Que, en consecuencia, cabe emitir pronunciamiento, únicamente respecto del reconocimiento de sus derechos sin goce de haber, del tiempo transcurrido desde que fue separada del cargo hasta su reincorporación, en vista del principio inserto en la Décima Segunda Disposición General y Transitoria de la Constitución Política de 1979 entonces vigente, aplicable por analogía al caso sub judice.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, haciendo uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica

 

 

FALLA:

Revocando en parte la resolución de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema su fecha dieciséis de julio de mil novecientos noventiséis, que declara no haber nulidad en la sentencia de vista expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmando la apelada se pronuncia por la improcedencia del reconocimiento del tiempo transcurrido entre el cese de la actora y la fecha de su reincorporación, reformándola en este extremo la declararon fundada, a fin de que se le reconozca para efectos pensionables, el tiempo no laborado por razones del cese, la confirman en lo demás que contiene; mandaron se publique en el Diario Oficial El Peruano, conforme a ley; y los devolvieron.

S.S.

ACOSTA SANCHEZ

NUGENT

DIAZ VALVERDE

GARCIA MARCELO

MARIA LUZ VASQUEZ

Secretaria Relatora