S-429
... los Concejos Municipales ejercen funciones administrativas mediante
Decretos y Resoluciones, ...se concluye que contra el Decreto de Alcaldía...sí
era posible el empleo de la vía administrativa.
Exp. Nº 936-96-AA/TC
Trujillo
Línea Internacional de Transportes Perú S.A.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
En Lima, a los tres días
del mes de julio de mil novecientos noventa y siete, el Tribunal
Constitucional, reunido en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de
los señores Magistrados:
Acosta Sánchez, Vicepresidente encargado de la Presidencia;
Nugent,
Díaz Valverde,
García Marcelo,
actuando como secretaria la doctora María Luz Vásquez, pronuncia la
siguiente sentencia:
ASUNTO
Recurso extraordinario interpuesto por la firma Línea Internacional de
Transportes Perú S.A. contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, su fecha veinticinco de setiembre de mil
novecientos noventa y seis, que confirmando la apelada, declara improcedente la
Acción de Amparo interpuesta contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial
de Trujillo y otros.
ANTECEDENTES
Manuel Lozano Ponce, Gerente de la sucursal en Trujillo de la Línea
Internacional de Transportes Perú S.A. interpone Acción de Amparo contra el
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, ingeniero José Murgia
Zannier y los señores Víctor Chávez Quiroz y Teófilo Moreno Avila, secretario
Coactivo y Director de Transporte Urbano y Tránsito de la referida
Municipalidad respectivamente.
Alega la entidad accionante
que el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en forma arbitraria
e ilegal, ha dictado el decreto de alcaldía N° 14-96-MPT, en cuyo artículo 1°
establece que después de notificados públicamente los propietarios de vehículos
que adeuden papeletas de tránsito, "tendrán como pena el internamiento del
vehículo en el depósito oficial de vehículos, hasta que se produzca la
cancelación de las papeletas impagas".
Agrega la actora que los
artículos 4° y 5° del referido decreto de alcaldía encarga a la Policía
Nacional del Perú dar apoyo a los secretarios y auxiliares coactivos para dar
cumplimiento a lo ordenado por el artículo 1°, así como a la Oficina General de
Rentas y de Cobranzas Coactivas.
Refiere que dicho
procedimiento, no se encuentra de acuerdo con el decreto supremo 17-94-MTC, la
Ley 26191° y el decreto ley 17355°, y al propio decreto de alcaldía N°
10-96-MPT.
Recuerda que aún antes de
la entrada en vigencia del decreto de alcaldía cuestionado, el Secretario
Coactivo de la Municipalidad Provincial de Trujillo procedió a efectuar de
manera ilegal una notificación pública de diez días, y con fecha veintisiete de
mayo de mil novecientos noventa y seis, sin que haya vencido el término de la
referida notificación, el Director de Transporte Urbano y Tránsito de la
Municipalidad emplazada, remitió a la Policía Nacional del Perú la relación de
infractores para su intervención.
Añade que ello se ha
realizado al margen de lo previsto por el decreto ley 17355, que encarga al
ejecutor coactivo a iniciar el procedimiento del caso, lo que no ha ocurrido
con respecto a la entidad accionante, por lo que, entiende, que se estaría
violando sus derechos constitucionales de igualdad, al libre tránsito, de
trabajo, y el derecho de defensa.
Admitida la demanda, ésta es contestada por
los codemandados, quienes solicitan se rechace la demanda, ya que no obstante
haber interpuesto recurso de reclamación a la resolución de alcaldía
014-96-MPT, la entidad accionante ha acudido a la vía del amparo, por lo que no
ha agotado la vía previa.
Con fecha veinticuatro de
junio de mil novecientos noventa y seis, el Juez del Cuarto Juzgado Civil de
Trujillo expide resolución declarando improcedente la demanda. Interpuesto el
recurso de apelación, la Primera Sala Civil de La Libertad confirma la apelada.
Interpuesto el recurso
extraordinario, los autos son elevados al Tribunal Constitucional.
FUNDAMENTOS
- Que, el propósito de
la presente acción es la inaplicación del decreto de alcaldía N° 014-96-MPT,
que a criterio de la empresa accionante constituye una amenaza de
violación a los derechos constitucionales invocados en su demanda, ya que
de aplicarse podría dar lugar al internamiento de los vehículos de su
propiedad en el depósito oficial, los mismos que prestan servicios de
transporte público de pasajeros.
- Que, antes de entrar
al fondo del petitorio del amparo, procede analizar la causal de
improcedencia señalada en el artículo 27 de la Ley 23506, cuestión que ha
sido planteada tanto por la empresa accionante como por la municipalidad
emplazada
- Que, la accionante
sostiene en su escrito de demanda que en la presente acción se presenta la
excepción prescrita en el inciso 2) numeral 28 de la referida ley, toda
vez que de procederse al internamiento de los vehículos de su propiedad se
le estaría causando un daño irreparable, al no podérsele restituir el
monto del dinero que por tal motivo dejaría de percibir; sin embargo, en
forma contradictoria, arguye más adelante, que contra el referido Decreto
de Alcaldía no cabe la vía previa por tratarse de un acto de gobierno y no
administrativo.
- Que, por su parte la
emplazada ha deducido la excepción de falta de agotamiento de la vía
previa, por haber interpuesto la accionante un recurso de reclamación ante
la municipalidad emplazada; excepción que ha sido declarada fundada por el
juez de primera instancia.
- Que en tal sentido,
corresponde en primer orden, determinar si contra el decreto de alcaldía,
está prevista o no la vía previa y en segundo lugar, de darse el primer
supuesto, establecer si la accionante pese a estar obligada al agotamiento
de la vía previa, se ve favorecida por alguna de las excepciones prescritas
en el mencionado artículo 28 de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo; en
particular la excepción alegada por la demandante
- Que, respecto al
primer punto del artículo 109 de la Ley 23853, estipula que los concejos
municipales ejercen funciones administrativas mediante decretos y
resoluciones; de otro lado, el artículo 122 del mismo dispositivo legal
señala que los actos administrativos municipales que den origen a
reclamaciones individuales se rigen por el Reglamento de Normas Generales
de Procedimientos Administrativos, hoy denominado Ley de Normas Generales
de Procedimientos Administrativos; que siendo esto así se concluye que
contra el Decreto de Alcaldía cuya inaplicación se persigue en esta
acción, sí era posible el empleo de la vía administrativa
- Que, corresponde en
este momento examinar si la accionante está obligada al agotamiento de la
vía previa o por el contrario le favorecía alguna de las disposiciones a
la articulación o prosecución de la vía administrativa; la accionante ha
alegado, como se tiene dicho, que de hacerse efectiva la amenaza de
violación que denuncia, la agresión sería irreparable
- Que, para que se
configure la excepción prevista en el inciso 2) del artículo 28° de la Ley
de Hábeas Corpus y Amparo tiene que darse la circunstancia que, por el
empleo de la vía previa se corre el riesgo de brindar al recurrente
protección que reclama, pero cuando ya no es posible reparar el daño
sufrido por este, tornándose así ilusoria la resolución que en definitiva
se dicte
- Que, la agresión que
pretende evitar la demandante con la interposición de la presente acción
es aquella que se provocaría, a su modo de ver, contra sus derechos al
trabajo y a la propiedad - entre otros derechos - por el internamiento de
los vehículos de su propiedad en el Depósito Oficial, hecho que según
sostiene sería irreparable
- Que, en la
eventualidad de producirse el internamiento de los vehículos de la
demandante, en modo alguno podría considerarse irreparable este hecho,
toda vez que de declararse fundada la acción de amparo, se podría
perfectamente disponer la liberación de los mismos, como consecuencia de
la inaplicación del decreto de alcaldía cuestionado, remediándose de este
modo los derechos que se hubieren vulnerado; de otro lado, la alegación
respecto a los ingresos que dejaría de percibir la empresa accionante debe
desestimarse de igual modo, en razón que la misma se sustenta en
apreciaciones subjetivas; que siendo esto así, no es aplicable al presente
caso la excepción in examine.
- Que, no habiéndose ,
tampoco, alegado y menos aún configurado las otras excepciones previstas
en el mencionado artículo 28, no se ha justificado por parte de la empresa
accionante, la omisión a la vía previa, a la que estaba obligada; en tal
virtud, a la presente acción le afecta la causal de improcedencia señalada
en el artículo 27 de la Ley 23506, careciendo de objeto pronunciarse sobre
el fondo de la materia controvertida.
Por estos fundamentos, el
Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones que la Constitución Política del Perú y su
Ley Orgánica le confieren,
FALLA
Confirmando la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, su fecha veinticinco de setiembre de mil
novecientos noventa y seis, que confirmando la apelada, declaró improcedente
la Acción de Amparo interpuesta por la firma Línea Internacional de
Transporte Perú S.A. contra la Municipalidad Provincial de Trujillo, y el
Secretario del Juzgado Coactivo de la Municipalidad Provincial de Trujillo; dispusieron
la publicación de esta sentencia en el diario oficial El Peruano, y los
devolvieron.
SS.
ACOSTA
NUGENT
DIAZ VALVERDE
GARCIA MARCELO
ECM