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Que, desde la fecha de materialización del cese, hasta la fecha de interposición de la demanda que dio inicio a la presente acción (de amparo)… transcurrió con exceso el término de sesenta días a que se contrae el artículo 37º de la Ley Nº 23506 y su ampliatoria en el artículo 26º de la Ley Nº 25398.

Exp. Nº 955-96-AA/TC

Ica

Caso: Pedro Lorenzo Santos Uribe

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

                                   En Lima, a los tres días del mes de setiembre de mil novecientos noventisiete, reunido en sesión de Pleno Jurisdiccional, el Tribunal Constitucional, con asistencia de los Señores Magistrados:

                                   Acosta Sánchez; Vicepresidente, encargado de la Presidencia;

                                   Ricardo Nugent;

                                    Díaz Valverde;

                                   García Marcelo;

actuando como Secretaria Relatora la doctora María Luz Vásquez Vargas, pronuncia la siguiente Sentencia:

ASUNTO:

                                   Recurso extraordinario interpuesto contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, su fecha diecisiete de setiembre de mil novecientos noventiséis, en la acción de amparo seguida por don Pedro Lorenzo Santos Uribe, contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ica, don Pedro Carlos Ramos Loayza.

ANTECEDENTES:

                                   Con fecha treinta de mayo de mil novecientos noventiséis, don Pedro Lorenzo Santos Uribe, interpone acción de amparo dirigida contra don Pedro Carlos Ramos Loayza, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ica, con la finalidad de que se declare inaplicable la Resolución de Alcaldía N° 154-93-AMPI, de diez de marzo de mil novecientos noventitrés, mediante la cual se deja sin efecto la Resolución N° 480-92-AMPI, de fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventidós, señalando que este acto equivale a una destitución, por lo que mediante esta acción pide se ordene la reincorporación a sus labores habituales en la Municipalidad demandada, así como el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, ya que la impugnada resolución vulnera su derecho a la estabilidad laboral, a la libertad de trabajo, a ser despedido sólo por causa justa debidamente comprobada prevista en la ley y la Constitución Política de mil novecientos setentinueve, vigente para el presente caso, e incluso a su derecho de defensa al haberse ejecutado la resolución N° 154-93-AMPI, sin resolver su recurso de reconsideración.

                                   Expresa el accionante que, trabajó en dicha Municipalidad del primero al treintiuno de diciembre de mil novecientos noventiuno, en calidad de contratado por servicios personales por obras, y que con Resolución N° 480-92-AMPI, de dieciséis de noviembre de mil novecientos noventidós, se le incorporó como contratado a plazo determinado en la condición de obrero permanente, no pudiendo ser cesado ni destituido sino por causal prevista en el capítulo V del Decreto Legislativo N° 276, por cuanto ha laborado en forma ininterrumpida por un período mayor a un año.

                                   Refiere que, al no haber sido resuelto su recurso de reconsideración por la municipalidad emplazada, y entendiendo denegada su petición, dado que el daño se convertiría en irreparable, interpuso acción de amparo, tramitado ante el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Ica, el mismo que concluyó con la ejecutoria suprema de fecha cinco de diciembre de mil novecientos noventicuatro, que declara la nulidad de la sentencia de vista, y reformándola confirma la apelada que ordena que el recurrente agote la vía previa, declarando, por entonces, improcedente la acción de garantía interpuesta por su parte; por lo que al no tener un pronunciamiento en su oportunidad por parte de la administración municipal, con fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventicinco, el recurrente interpuso el recurso impugnativo de apelación, el cual tampoco fue resuelto, por lo que interpone la presente acción.

                                   La emplazada, contesta la demanda a través del apoderado del Alcalde demandado, solicitando que ésta sea declarada improcedente, expresando que el accionante al sostener que con ejecutoria suprema de fecha cinco de diciembre de mil novecientos noventicuatro, se declaró improcedente su acción de amparo interpuesta, al no haber agotado la vía administrativa, por lo que interpuso el recurso de apelación contra la Resolución de Alcaldía N° 154-93-AMPI, siendo por demás extemporánea, ya que como es de verse de las propias instrumentales aparejadas a su demanda, el actor no interpuso recurso impugnativo alguno ante el órgano administrativo, a fin de agotar la vía administrativa, según la propia ejecutoria suprema, sino que lo hizo once meses después, por lo que es de aplicación el artículo 37° de la Ley N° 23506 y su complementaria Ley N° 25398, concluyendo que no está acreditado que se haya violado o amenazado ningún derecho constitucional del actor.

                                   El Juez del Tercer Juzgado Especializado de Ica, expidiendo sentencia de fecha once de julio de mil novecientos noventiséis, falla declarando improcedente la acción de amparo, al haber sido interpuesta luego de haber transcurrido en exceso el plazo de sesenta días hábiles, establecido por el artículo 37° de la Ley N° 23506 y su complementaria Ley N° 25398, por lo que ha caducado la acción.

                                   El Fiscal Superior Civil de Ica, opinó porque se confirme la sentencia apelada, por considerar que la resolución impugnada ha sido expedida por autoridad competente, en virtud de que la Ley Orgánica de Municipalidades le faculta nombrar y remover al personal administrativo y de servicio. Señala que las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, podrán ser impugnadas ante el Poder Judicial mediante la acción contencioso-administrativa, lo que ha omitido el accionante.

                                   La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de conformidad con lo opinado por el Señor Fiscal Superior Civil de Ica y por los propios fundamentos de la apelada, falló declarando improcedente la demanda incoada, por lo que interpuesto el recurso de nulidad, se remitieron los actuados al Tribunal Constitucional.

FUNDAMENTOS:

  1. Que, del estudio de autos resulta que el derecho constitucional presuntamente violado se produjo al expedirse la Resolución de Alcaldía N° 154-93-AMPI, de diez de marzo de mil novecientos noventitrés, mediante la cual se deja sin efecto la Resolución N° 480-92-AMPI, de fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventidós, conllevando el cese del demandante;
  2. Que, desde la fecha de materialización del cese, hasta la fecha de interposición de la demanda que dio inicio a la presente acción, treinta de mayo de mil novecientos noventiséis, transcurrió con exceso el término de sesenta días a que se contrae el artículo 37° de la ley N° 23506 y su ampliatoria en el artículo 26° de la Ley N° 25398, por lo que habiendo caducado la acción, este Colegiado considera que no es pertinente pronunciarse sobre el fondo de la materia;
  3. Que, la acción de amparo interpuesta por el actor el dieciocho de mayo de mil novecientos noventitrés, a fin de que se declare sin efecto la resolución de alcaldía N° 154-93-AMPI, la misma que fue declarada improcedente, no suspende el plazo de caducidad indicado, con mayor razón si se tiene en cuenta que ese procedimiento tramitado regularmente, concluyó con la ejecutoria de cinco de diciembre de mil novecientos noventicuatro.

            Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y su Ley Orgánica,

FALLA:

                                   CONFIRMANDO la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, su fecha diecisiete de setiembre de mil novecientos noventiséis, que confirmando la sentencia de primera instancia de fecha once de julio de mil novecientos noventiséis, declaró improcedente la acción de amparo interpuesta; dispusieron su publicación en el diario oficial "El Peruano"; y los devolvieron.

S.S.

ACOSTA SANCHEZ

NUGENT

DIAZ VALVERDE

GARCIA MARCELO

 

 

 

 

MCM