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Que, ..., se puede apreciar que el demandante no ha cumplido con agotar la vía previa, ya que interpuso la Acción de Amparo, sin esperar el pronunciamiento de la administración o dejar que se cumpla lo establecido por el artículo 99º del D.S. Nº 02-94-JUS.

 

 

Exp. Nº 962-96-AA/TC

Oscar Ramírez Marroquín

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUClONAL

En Lima, a los treinta días del mes de junio de mil novecientos noventa y siete, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados:

Acosta Sánchez,                  Vicepresidente encargado de la Presidencia,

Nugent,

Díaz Valverde,

García Marcelo;

actuando como Secretaria, la doctora María Luz Vásquez, pronuncia la siguiente sentencia:

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por Oscar Ramírez Marroquín contra la resolución de Vista de fecha catorce de octubre de mil novecientos noventa y seis, en la Acción de Amparo seguida contra el Instituto Peruano de Seguridad Social.

ANTECEDENTES:

El demandante interpone Acción de Amparo con fecha quince de julio de mil novecientos noventa y seis, contra el Instituto Peruano de Seguridad Social, representada por su Gerente Departamental de Moquegua, Ciro Gutiérrez Rodríguez, para que se declare inaplicable y sin efecto la Resolución Nº 080-96-GDNC-IPSS, de fecha diecisiete de abril de mil novecientos noventa y seis, por medio de la cual se le impone una sanción de 9 meses de suspensión, sin goce de remuneraciones, en su puesto de trabajo. Señala que dicha resolución no tiene sustento legal, ya que según los artículos 155º y 157º del D.S. Nº 005-90-PCM, la sanción de suspensión sin goce de haberes puede aplicarse hasta un máximo de 30 días. Señala que se está atentando contra su libertad de contratación, libertad de trabajo, atentando contra su dignidad de trabajador y amenaza de despido arbitrario por suspensión indebida. Solicita que se le restablezca en su puesto de trabajo y se le abonen sus haberes dejados de percibir desde la afectación de sus derechos constitucionales. Fundamenta su demanda en el artículo 24º, incisos 5) y 10), de la Ley Nº 25398, artículo 2º, inciso 14) y 15) y en los artículos 23º y 27º de la Constitución.

El accionante como médico desempeña el cargo de Jefe Quirúrgico del Hospital de Ilo. Señala que ha sido suspendido de su puesto de trabajo por el Gerente emplazado. Agrega que haciendo uso del derecho de contratación y libertad de trabajo, utilizando sus días libres celebró un contrato de servicios profesionales con Carlos Carrillo Brañez, para que le preste atención médica y quirúrgica y lo traslade en el viaje de las ciudades de Ilo a Lima para internarlo en el Hospital de la Policía. Mediante contrato se estableció como monto de sus servicios la suma de S/ 5,590 soles, tal como consta en su recibo de honorarios. Asimismo, se le sanciona porque se le acusa por no haber prestado sus servicios al paciente del IPSS, Edson Montejo García, y que lo tuvo durante 28 horas en emergencia antes de ser intervenido. En su defensa manifiesta que el paciente fue atendido por otro médico que se encontraba de servicio ese día, ya que él se encontraba de descanso, tal como aparece en la constancia de personal, y que fue enterado de esta situación al día siguiente cuando entró a laborar, y que para mayor éxito de la intervención quirúrgica coordinó una Junta Médica, y por eso fue que demoró la operación al paciente.

La demanda es contestada por Luis Alberto Arrisueño Lovón, apoderado del IPSS, negando y contradiciendo la demanda. Señala que es falso que se haya atentado contra los derechos del demandante, por cuanto la sanción impuesta es consecuencia de las investigaciones realizadas por el Organo Interno de Control y que concluyó con el informe Nº 001-96-IPSS, emitido por Inspectoría Regional del Sur, el mismo que constituye prueba pre constituida, tal como lo establece el inciso f) del artículo 16º del Decreto Ley Nº 26162. Igualmente, debe tenerse en cuenta la Carta Nº 003-CPPAD-GDMO-IPSS-96, mediante la cual una Comisión de Procesos Administrativos, recomienda la sanción de 9 meses de cese temporal del demandante por haber realizado cobros indebidos en perjuicio de un paciente del IPSS y a negarse a atender a otro menor de edad. Esta sanción es aplicada de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 276 y el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.

Agrega la parte demandada que no se ha agotado la vía previa.

A fojas ciento ochenta y dos, de fecha trece de agosto de mil novecientos noventa y seis, el Juez Especializado en lo Civil de Ilo declara improcedente la Acción de Amparo por considerar que se ha probado en autos que efectivamente el demandante no cumplió con sus funciones, al hacer cobros indebidos a un paciente y a otro no atenderlo adecuadamente. Asimismo que existe todavía un proceso administrativo que no ha sido resuelto.

A fojas trescientos dieciséis, con fecha catorce de octubre de mil novecientos noventa y seis, la Sala Civil de Tacna confirma la apelada por no agotar la vía previa.

Contra esta resolución se interpone Recurso Extraordinario, siendo enviados los autos al Tribunal Constitucional.

FUNDAMENTOS:

Que el objeto de la presente Acción es para que se declare inaplicable y sin efecto la Resolución Nº 080-96-GDNC-IPSS, de fecha diecisiete de abril de 1996, por medio de la cual se impone al demandante una sanción de 9 meses de suspensión en su puesto de trabajo, sin goce de remuneraciones.

Que, desde el momento en que se emitió la Resolución Nº 080-96-GDNC-OPSS hasta la fecha de resolver la presente causa, han transcurrido más de 12 meses, por lo que se entiende que ya concluyó la suspensión interpuesta al demandante por el Instituto Peruano de Seguridad Social, a través de la Gerencia Departamental de Moquegua; y que siendo el objeto de las acciones de garantía reponer las cosas al estado anterior al que se cometió la amenaza o violación de un derecho, en el presente caso, no tiene objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto, por no existir nada que reponer, esto al amparo de lo establecido en el inciso 1) del artículo 6º de la Ley Nº 23506.

Que, no obstante lo indicado en el considerando precedente, se puede apreciar que el demandante no ha cumplido con agotar la vía previa, ya que interpuso la Acción de Amparo, sin esperar el pronunciamiento de la administración o dejar que se cumpla lo establecido por el artículo 99º del D.S. Nº 02-94-JUS.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y su Ley Orgánica

FALLA:

Confirmando la sentencia de vista de fecha catorce de octubre de mil novecientos noventa y seis, que confirmó la apelada de fecha trece de agosto de mil novecientos noventa y seis que declaró improcedente la Acción interpuesta. Mandaron se publique en el Diario Oficial El Peruano, dentro del plazo previsto por la Ley número veintitrés mil quinientos seis; y los devolvieron.

SS.

ACOSTA SANCHEZ

NUGENT

DIAZ VALVERDE

GARCIA MARCELO

MARIA LUZ VASQUEZ

Secretaria Relatora