S-816

… este Colegiado aprecia que el actor interpuso la presente acción de garantía… fuera del plazo de los sesenta días hábiles precitados (artículo 37° Ley N° 23506) y por ende transcurrido con exceso el plazo de caducidad.

Exp. Nº 031-97-AA/TC

Lima

Caso: Leonardo Cavero Aquije

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los veintidós días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete, reunidos en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados:

Acosta Sánchez, Vicepresidente, encargado de la Presidencia,

Nugent,

Díaz Valverde,

García Marcelo,

actuando como secretaria la doctora María Luz Vásquez, pronuncia la siguiente sentencia:

ASUNTO:

Recurso extraordinario que interpone Leonardo Cavero Aquije contra la resolución de la Sala Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima su fecha treintiuno de octubre de mil novecientos noventa y seis, que confirma la apelada y la declara improcedente la demanda de Acción de Amparo interpuesta contra el Presidente de la Corte Suprema de la República.

ANTECEDENTES:

Don Leonardo Cavero Aquije con fecha veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cinco, interpone Acción de Amparo, por violación de sus derechos constitucionales referidos al derecho de defensa, libertad de trabajo, motivación escrita de las resoluciones, jerarquía de resoluciones, pluralidad de instancias y garantías de magistrados, solicitando se le reponga en su condición de Juez Titular del Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal de Ica y se les abonen sus remuneraciones dejadas de percibir y demás beneficios y por consiguiente se deje sin efecto el Acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de la República de fecha treinta de setiembre de mil novecientos noventa y dos y la Resolución Suprema Nº 353-93-JUS de fecha veintiocho de abril de mil novecientos noventitrés, que canceló su Título como Juez de Ejecución Penal.

Sostiene el demandante que mediante el Decreto Ley Nº 25446 de fecha veintidós de abril de mil novecientos noventidós, dispuso en su artículo sexto la conformación de una Comisión Evaluadora para que en el plazo de noventa días efectúe un proceso de investigación y sanción de la conducta funcional de los Magistrados de las diversas instancias, las mismas que fueron ampliadas mediante el Decreto Ley Nº 25718 de fecha doce de setiembre de mil novecientos noventidós y el Decreto Ley Nº 25797 de fecha veinte de octubre de mil novecientos noventidós, por cuarenticinco días respectivamente, y en cumplimiento de las referidas disposiciones legales, dicha comisión se constituyo en la ciudad de Ica entre el diecisiete al veintidós de agosto de mil novecientos noventidós, bajo la dirección del Doctor Luis Felipe Almenara Bryson, siendo el evaluador del Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal de Ica, el Doctor Juan Pablo Quispe Alcalá.

Agrega que, instalada la Comisión Evaluadora en la Presidencia de la Corte Superior de Ica, se limitó tan sólo a llenar unos formularios ante la petición de los litigantes, las cuales fueron consideradas como quejas y por último se solicitó la declaración jurada del demandante sobre sus bienes y rentas, sin revisar expediente alguno, ni levantar acta se dio por concluida la visita de la Comisión.

Posteriormente, indica que mediante Oficio Nº 6243-92, de fecha primero de octubre de mil novecientos noventidós, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, le pone en su conocimiento la decisión de la Corte Suprema de la República que aprueba su separación definitiva.

Frente a ello, con fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventidós el demandante interpuso recurso de reconsideración contra el Acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de la República, sin que sea atendido el mismo; viéndose precisado a interponer un nuevo recurso de petición con fecha dieciséis de mayo de mil novecientos noventicinco, para que se avoquen al conocimiento de su pedido de reconsideración, razón por lo cual el demandante da por agotada la vía administrativa, por la existencia del silencio negativo.

La Juez Titular del Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha diecinueve de setiembre de mil novecientos noventicinco, admite a trámite la Acción de Amparo corriendo traslado de la misma por el término de ley.

La demanda se tiene por absuelta en rebeldía del Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial.

La Juez Titular del Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda, por considerar, que el artículo dos del Decreto Ley Nº 25454 de fecha veintisiete de abril de mil novecientos noventidós, resulta improcedente las acciones de garantía dirigidas a impugnar directa o indirectamente los efectos de la aplicación de los Decretos Leyes Nºs. 25423, 25442 y 25446.

Formulado el recurso de apelación, con fecha diez de abril de mil novecientos noventiséis. La Sala Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima de fecha treintiuno de octubre de mil novecientos noventiséis, expide resolución confirmando la sentencia de fojas ochentiséis.

Interpuesto el recurso extraordinario, los autos son elevados al Tribunal Constitucional.

FUNDAMENTOS:

Que, siendo el objeto de esta acción la reposición de las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, por acción u omisión de los actos de cumplimiento obligatorio, es evidente que resulta indispensable precisar el momento en que se produjo la agresión; según el artículo treintisiete de la Ley Nº 23506 y el artículo veintiséis de la Ley Nº 25398 que autoriza el ejercicio de la Acción de Amparo dentro de los sesenta días hábiles de producida la afectación.

Que, la última parte del artículo treintisiete de la Ley Nº 23506, establece que el ejercicio de la Acción de Amparo caduca: " a los sesenta días hábiles...desde el momento de la remoción del impedimento". Para el presente caso, el Decreto Ley Nº 25444, establecía en su artículo dos el impedimento de interponer Acción de Amparo dirigida a impugnar directa o indirectamente las medidas tomadas con relación a la aplicación de la norma, impedimento que fue removido con la vigencia de la Constitución del Estado de mil novecientos noventitrés, es decir, se debe computar los sesenta días hábiles desde el treintiuno de diciembre de mil novecientos noventitrés, fecha en que entró en vigencia la actual Carta Magna; de autos este Colegiado aprecia que el actor interpuso la presente acción de garantía el veintiséis de julio de mil novecientos noventicinco, es decir, fuera del plazo de los sesenta días hábiles precitados y por ende transcurrido con exceso el plazo de caducidad.

Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,

FALLA:

Confirmando la resolución de la Sala Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima de fojas ciento sesentiuno a ciento sesentidós del cuaderno principal su fecha treintiuno de octubre de mil novecientos noventa y seis, que confirmando la apelada de fojas ochentiséis a noventa, la declaro improcedente la Acción de Amparo y dispusieron la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano"; y los devolvieron.

S.S. ACOSTA SANCHEZ / NUGENT / DIAZ VALVERDE / GARCIA MARCELO.