EXP. N° 68-98-AA/TC

LA LIBERTAD

MARÍA IMELDA POLO ARMAS

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los diez días del mes de junio de mil novecientos  noventa y ocho, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Acosta Sánchez, Presidente;  Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

 

ASUNTO :

 

Recurso Extraordinario interpuesto por doña María Imelda Polo Armas contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, su fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete que declaró improcedente la Acción de Amparo.

 

ANTECEDENTES:

 

Doña María Imelda Polo Armas  interpone  Acción de Amparo contra la Dirección Regional de Educación La Libertad y el Presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional - La Libertad. Solicita se  le paguen las remuneraciones dejadas de percibir durante los cuatro meses de suspensión, reponiéndose  su derecho afectado al treinta de octubre de mil novecientos noventa y seis, fecha de separación temporal de su cargo de Directora del Centro de Educación Inicial N° 210. Demanda se declare inaplicable a su persona la Resolución Directoral Regional N° 002681-96 del treinta de octubre de mil novecientos noventa y seis, y la Resolución Presidencial Regional N° 086-97-CTAR-LL, su fecha veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete, por las que se le sanciona con la separación temporal de cuatro meses en su cargo, sin goce de remuneraciones. El motivo de la sanción es la imputación  de haber permitido varias irregularidades en su calidad de Asesora de la Asociación de Padres de Familia. La Resolución, ya citada, N°02681-96, rebajó la sanción de un año a cuatro meses de suspensión porque desvirtuó dos  cargos de los cuatro que le imputaban. Se probó que el veinte por ciento de los ingresos de APAFA estaba destinado para la biblioteca del Colegio y que por Asamblea General de Padres de Familia se aprobó cobrar cincuenta nuevos soles por matrícula para el año mil novecientos noventa y cuatro.

 

El Director Regional de Asesoría Jurídica contesta expresando: que a la demandante se le suspendió un año sin goce de haber por las irregularidades cometidas. La Dirección Regional de Educación de La Libertad contesta la demanda expresando que la impugnación  de un acto administrativo se realiza vía acción contenciosa y no vía Acción de Amparo. Los vicios del proceso disciplinario se revisan dentro del proceso administrativo.

 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, declaró improcedente la Acción de Amparo. Argumenta que: “Al haberse interpuesto la demanda  de foja ciento diecisiete  con fecha seis de mayo de mil novecientos noventa y siete al treinta de octubre de mil novecientos noventa y seis, fecha de separación del cargo, había transcurrido el período de sanción, convirtiéndose en irreparable la supuesta violación.”.

 

La sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, su fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete, declara improcedente la Acción de Amparo por considerar  que: “A la fecha de la interposición de la demanda había transcurrido en exceso el plazo de separación temporal del trabajo tornándose en irreparable la suspensión”.

    

FUNDAMENTOS:

 

1.      Que, el argumento de la sentencia de vista de abstenerse resolver el fondo del derecho por supuesta irreparabilidad de los hechos es objeto de la pretensión. Al respecto, es necesario precisar que el concepto de irreparabilidad  regulado por el art. 6° inciso 1) de la Ley N° 23506, se refiere a hechos que hagan no viable la reposición del derecho constitucional conculcado. El principio de ejecutabilidad contemplado en el art. 104° del D.S. N° 02-94-JUS, razón por la que se cumplió los cuatro meses de suspensión de labores, no impide el examen  del derecho constitucional violado o amenazado. En el presente caso la sanción no constituye hecho irreparable en tanto el derecho conculcado al trabajo o al debido proceso supuestamente afectado podrá ser restablecido, si se prueba su afectación, declarando la ineficacia del proceso administrativo, por ende la sanción impuesta; por esta razón es procedente examinar el fondo de la pretensión;

 

2.      Que, según los artículos 2° inciso 15),  22° y 23° de la Constitución Política del Estado, el sistema legal peruano garantiza el derecho al trabajo, este derecho sólo está limitado por la ley, cuyo contenido no puede desnaturalizar el principio enunciado; en efecto, la Administración emplazada en ejercicio del Decreto Legislativo N° 276, y su Reglamento D.S. N° 005-90-PCM, efectuó el procedimiento administrativo disciplinario para dilucidar cuatro cargos imputables a la  demandante sobre supuestas infracciones laborales; y que ejerció su derecho de defensa actuando las pruebas respectivas. La demandante desvirtuó sólo dos de los cuatro citados cargos como fluye de la Resolución Presidencial Regional N° 086-97-CTAR-LL obrante a fojas ciento dieciséis, y la Resolución Directoral Regional N° 002681-96 de fojas ciento ocho, objeto de la Acción de Amparo. El proceso  administrativo impugnado formalmente es válido; en tanto no se debata el principio constitucional de legalidad o falta de tipicidad, previsto en el artículo 2º, inciso 24), literales a) y d) de la Constitución Política del Estado, al preceptuar que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda” y “Nadie será sancionado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley como infracción”. En consecuencia, el derecho de defensa y  al debido  proceso  garantizado por la Constitución Política del Estado no ha sido afectado con la decisión.

 

Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional, haciendo uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica.

 

FALLA:

 

CONFIRMANDO, la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,  su fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete, de fojas doscientos ochenta y tres, que confirmó la sentencia de primera instancia que declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes,  su publicación en el Diario Oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS.

 

ACOSTA SÁNCHEZ

 

DÍAZ VALVERDE

 

NUGENT

 

GARCÍA MARCELO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JGS