EXP. N° 090-97-AA/TC

FELIX HERRERA HUARINGA

HUÁNUCO

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Huánuco, a los dos días del mes de julio de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia.

 

ASUNTO:

 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Félix Herrera Huaringa contra la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas ochenta y cinco, su fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis, que confirmó la apelada, que declaró improcedente la Acción de Amparo, por considerar que no se han merituado eficazmente las pruebas obrantes en lo actuado.

 

ANTECEDENTES:

 

Don Félix Herrera Huaringa interpone Acción de Amparo contra el Presidente de la Comisión Organizadora del Instituto Nacional Penitenciario, don Juan Nakandakari Kanashiro, solicitando se le reponga en su centro de labores, del cual ha sido cesado injustamente.

 

Alega el demandante que mediante Resolución Administrativa N° 192-96-INPE/CR.P, de fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y seis, fue cesado por la causal de excedencia del Instituto Nacional Penitenciario. Aduce que no obstante se señala en la parte considerativa de la resolución administrativa impugnada que el cese por excedencia se debe a que habría sido descalificado durante el proceso de evaluación, sin embargo, él no fue sometido a ningún proceso de evaluación.

 

Considera que no es exigible el agotamiento de la vía previa, ya que se le ha negado el ingreso a su centro de labores, así como se ha procedido a retirar su tarjeta de control de asistencia diaria.

 

Admitida la demanda, ésta es contestada por el Procurador Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, solicitando se declare improcedente y/o infundada, ya que el demandante no ha agotado la vía previa administrativa, la impugnación de una resolución administrativa debe realizarse ante el Poder Judicial a través de la Acción Contenciosa Administrativa, para cesarlo se procedió a una evaluación de su legajo personal, comportamiento laboral, así como la investigación de actos que atañen a la imagen institucional.

 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha quince de octubre de mil novecientos noventa y seis, a fojas cincuenta y uno, declara improcedente la demanda, por considerar principalmente que la Acción de Amparo no procede cuando en la Ley ordinaria se ha previsto un trámite para recurrir con el reclamo(sic), que es la Acción Contenciosa Administrativa.

 

            La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Junín, con fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis, a fojas ochenta y dos confirma la apelada, por estimar, además, que habiendo el demandante acudido a la vía administrativa antes de interponer la demanda, se debió agotar ésta.

 

            Interpuesto el recurso extraordinario, los autos son elevados al Tribunal Constitucional.

 

FUNDAMENTOS:

 

1.   Que, conforme se acredita del petitorio de la demanda, el objeto de ésta es que se ordene la reincorporación del demandante en el cargo de agente penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario.

2.   Que, en ese sentido, y dado que el argumento central sobre el que se han basado las decisiones de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Junín, además de lo expresado por el Juez del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, es que la Acción de Amparo no procede cuando exista otra vía judicial donde se pueda dilucidar el asunto litigioso, y que habiéndose interpuesto el recurso de reconsideración, se debió esperar que éste se resolviese. Este Colegiado se ve en la imperiosa necesidad de evaluar, de manera liminar, si el demandante se encontraba obligado a acudir a otra vía judicial, y, en segundo lugar, si se encontraba obligado a esperar el resultado de la interposición del recurso de reconsideración.

3.   Que, en ese sentido, este Colegiado precisa que, en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, la Acción de Amparo no es una vía residual donde se pueda dilucidar una controversia en materia de violación o amenazas de violación a los derechos constitucionales, sino que constituye un proceso al que el demandante, en forma alternativa a los procesos que en la vía ordinaria se establecen, puede acudir no teniendo más límites en la determinación de su elección que la controversia gire en torno a derechos constitucionales, y que la violación de éstos sean de tal naturaleza, que su determinación precisa no requiera del tránsito de una previa estación probatoria, que se encuentra vedada en estos procesos constitucionales de la libertad.

4.   Que, de otro lado, y como ya ha advertido este Tribunal, el recurso de reconsideración que el ordenamiento administrativo prevé, no constituye, propiamente, un medio impugnatorio, dado que por su virtud los términos del agravio, se someten al conocimiento de la instancia administrativa que expidió originariamente el acto administrativo considerado como lesivo; ni su ejercicio un medio obligado que el administrado tenga que transitar, dado el carácter facultativo con el que éste se encuentra investido.

5.   Que, en ese sentido, este Colegiado estima que en el caso de autos el agotamiento de la vía administrativa que exige el artículo 27° de la Ley 23506°, no era exigible, tanto porque la resolución administrativa por la que fue cesado el demandante constituye la última que en la vía administrativa se pudiera dictar, porque habiéndose interpuesto el recurso de reconsideración en fecha anterior a la presentación de la demanda, el que éste constituya un mecanismo opcional al que pueda acudir el administrado, su interposición, no impide ni suspende la posibilidad que pueda cuestionar en sede judicial ordinaria o constitucional el acto administrativo expedido; por lo que corresponde a este Colegiado ingresar a evaluar las cuestiones de fondo que el recurso extraordinario entraña.

6.   Que, en ese orden de consideraciones, este Colegiado estima que la pretensión del actor deberá de estimarse, ya que:

a)   Según  lo expresado en el segundo fundamento de la Resolución de Presidencia de la Comisión Reorganizadora del Instituto Nacional Penitenciario, N° 192-96-INPE/CR.P, la evaluación al que fue sometido el demandante, y del cual se derivó su cese por causal de excedencia, consistió en la “exhaustiva revisión y evaluación del legajo personal, comportamiento laboral, moral, ético y profesional”, así como la investigación de los actos que atentan contra la imagen institucional, y no  así de un previo proceso, donde se respetara el contenido esencial del derecho al debido proceso administrativo.

b)   En ese sentido, este Colegiado no puede dejar de observar que la “exhaustiva revisión y evaluación del legajo personal, comportamiento laboral, moral, ético y profesional” al que fue sometido el demandante no guarda coherencia con el contenido de los documentos obrantes a fojas siete y ocho, expedidos por el Director General de la Dirección Regional Central-Huancayo y del Jefe de la Oficina de Personal de la Región Centro-Huancayo del Instituto Nacional Penitenciario, que certifican que el demandante no registra haber sido sometido a proceso administrativo alguno, ni proceso penal, como tampoco existe en su contra sanción disciplinaria; de lo que cabe inferir la subjetividad de la evaluación a la que fue sometido, en franca transgresión del principio de interdicción de la arbitrariedad que como contenido se desprende del principio de razonabilidad, previsto en el artículo 200° de la Constitución Política del Estado.

7.   Que, en consecuencia, este Colegiado estima que al no haberse respetado el derecho constitucional al debido proceso administrativo, consistente en la posibilidad de que se brinde al demandante el mínimo derecho de defensa y que la decisión de cesarlo por excedencia sea la resultante de no habérsele evaluado conforme a criterios objetivos, valga la redundancia, de evaluación, procede declarar fundada la demanda.  

 

            Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,

 

 

FALLA:

 

REVOCANDO la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas ochenta y dos, su fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis, que confirmó la apelada, que declaró improcedente la demanda; y reformándola la declara FUNDADA. Dispone la no aplicación, en el caso concreto, de la Resolución de la Presidencia de la Comisión Reorganizadora N° 192-96-INPE/CR.P; ordena se reponga al demandante en el cargo de agente penitenciario, sin reintegro de los haberes dejados de percibir. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el Diario Oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS.

 

ACOSTA SANCHEZ

 

DIAZ VALVERDE

 

NUGENT

 

GARCIA MARCELO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECM