EXP. No. 091-97-AA/TC

         EMPRESA DE TRANSPORTES                     “SAN MARTÍN S.A.”      

         HUANCAYO                             

                       

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

 

En Huánuco, a los dos días del mes de julio de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal  Constitucional en sesión de  Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados  Acosta Sánchez,  Presidente;  Díaz  Valverde,  Vicepresidente;  Nugent  y  García Marcelo,  pronuncia sentencia.

 

 

ASUNTO :  Recurso de Nulidad, debe entenderse como Recurso Extraordinario,  interpuesto  con fecha once de diciembre de mil novecientos noventa y seis,  por don Juan Fidel Ninanya Torpoco,  contra la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Junín,  su fecha  veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis,  que declaró improcedente la Acción de Amparo interpuesta contra el Decreto Supremo  N° 008-96-MTC  y el  Ministerio de Transportes, Comunicaciones,  Vivienda y Construcción. (fojas 63 a 64)

 

ANTECEDENTES :  Don Juan Fidel Ninanya Torpoco,  Presidente del Directorio de la Empresa de Transportes “San Martín S.A.”,  interpuso con fecha diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y seis,  Acción de Amparo contra  el Decreto Supremo N°  008-96-MTC y el  Ministerio de Transportes,  Comunicaciones,  Vivienda y Construcción;  a fin de que se declare inaplicable el citado Decreto Supremo,  por atentar, según dice, contra el derecho de defensa de los transportistas,  contra el derecho al trabajo,  y contra la obligación que tiene el Estado sobre promoción y fomento del empleo. (fojas 1 a 7)

 

Mediante la Resolución N° 1 de fojas ocho,  el Segundo Juzgado en lo Civil de Huancayo notifica con la demanda al Ministerio de Transportes,  Comunicaciones, Vivienda y Construcción con sede en dicha ciudad;  quien,  mediante el Oficio N° 1023-96-CTAR-RAAC-DSRTCVC/J  de fojas veintitrés,  devuelve la notificación,  aludiendo que se debe notificar a la sede principal de Lima.  Sobre el particular,  mediante la Resolución N° 4 de fojas treinta y uno,  se declara sin lugar la devolución,  se dá por bien notificada la demanda,  y se ponen los autos en despacho para  resolver.

 

El Segundo Juzgado en lo Civil de Huancayo,  falla con fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y seis,  declarando improcedente la demanda,  considera ésta primera instancia,  que tratándose de la impugnación de una resolución administrativa,  la vía procedente debió ser el Proceso Abreviado del Código Procesal Civil,  y no la Acción de Amparo,  como se pretende. (fojas 32 y 33)

 

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Junín,  mediante resolución de fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis,  confirma la apelada y declara improcedente la Acción de Amparo;  considera ésta instancia superior,  que la acción pertinente es la Acción Popular.  (fojas 60)

 

FUNDAMENTOS :

 

1.    Que, la Acción de Amparo, es una acción de garantía constitucional,  de carácter procesal sumario,  dirigida a restituir cualquier derecho constitucional,  que no sea el de la libertad personal, que puede ser restituido mediante la Acción de Hábeas Corpus,  ni aquellos que puedan ser restablecidos mediante la Acción de Hábeas Data.

 

2.   Que, el objeto de la pretensión de autos,  es la inaplicabilidad  del Reglamento de Infracciones y Sanciones del Servicio Público de Transporte Interprovincial de Pasajeros por Carretera en Omnibus,  aprobado por el Decreto Supremo N° 008-96-MTC, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha tres de agosto de mil novecientos noventa y seis,  considera el demandante,  que dicho Reglamento afecta al gremio de transportistas.

 

3.   Que, el citado Reglamento fue dictado por el Poder Ejecutivo,  en base a la competencia que le otorga el numeral 8) del artículo 118° de la Carta Magna;  y tiene como finalidad cautelar la seguridad de los pasajeros a nivel nacional, y,  la instauración de mecanismos que permitan a la autoridad competente, a las empresas de transportes y a los usuarios,  incrementar el transporte dentro de cauces de máxima seguridad.

 

4.   Que,  por tal razón,  disponer que los choferes de vehículos de transporte deban tener la Licencia de Conducir Clase A, Categoría III Especializado;  que se auxilie económicamente en forma inmediata a los pasajeros,  tripulación y terceros  que se encuentren  heridos,  a raíz de un accidente que compromete al ómnibus de transporte;  que los vehículos cuenten con tacógrafo operativo o dispositivo equivalente;  son disposiciones que dicta el Poder Ejecutivo a través  del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción,  merced a las facultades tuitivas que posee.

 

5. Que, con la aprobación del Reglamento controvertido,  no se ha producido hecho u omisión que vulnere algún derecho comprendido en el artículo 24°  de la Ley N° 23506.

 

Por estos fundamentos,  el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,

 

FALLA :

 

REVOCANDO  la Resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas sesenta, su fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, que confirmó la apelada y declaró IMPROCEDENTE la demanda; y REFORMÁNDOLA la declara INFUNDADA;  dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial  El Peruano y la devolución de los actuados.

 

S.S.

 

ACOSTA SÁNCHEZ,

DÍAZ VALVERDE,

NUGENT,

GARCÍA MARCELO.

 

 

 

 

 

 

 

JAGB/daf