En Lima, a los veintinueve días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

Recurso Extraordinario interpuesto por Pesquera El Cangrejo S.A. contra la Resolución de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento quince, su fecha veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda en la Acción de Amparo interpuesta contra el Superintendente Nacional de Administración Tributaria.

Pesquera El Cangrejo S.A., representada por don Clemente Chávez Guzmán, interpone Acción de Amparo contra el Superintendente Nacional de Administración Tributaria para que se declare inaplicable a su empresa los artículos 109° y siguientes del Decreto Legislativo N° 774, Ley del Impuesto a la Renta, y se deje sin efecto la Orden de Pago N° 141-1-04485, del veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y siete, por la que se pretende cobrar la cuota correspondiente al mes de enero por el ejercicio mil novecientos noventa y siete. Ello, por violar sus derechos constitucionales de propiedad, de legalidad y de no confiscatoriedad de los impuestos.

La demandante señala que: 1) La SUNAT debió girar resoluciones de determinación para que la empresa pueda ejercitar su derecho de defensa y no órdenes de pago, que deben ser canceladas antes de ser reclamadas; y, 2) Su empresa arroja pérdidas desde hace varios años y por lo tanto el impuesto resulta confiscatorio.

La SUNAT, representada por doña María Caridad García De los Ríos, contesta la demanda y solicita que sea declarada improcedente o infundada debido a que: 1) La demandante no cumplió con agotar la vía administrativa; y, 2) La SUNAT, durante el período de reclamación, está obligada a suspender el procedimiento de cobranza coactiva, conforme a lo dispuesto en el inciso d) del artículo 119° del Código Tributario vigente.

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, a fojas ochenta, con fecha dieciocho de julio de mil novecientos noventa y siete, declara improcedente la demanda. Sus fundamentos son los siguientes: 1) La demandante inició la presente acción sin esperar el resultado de su reclamo formulado ante la SUNAT; y, 2) La demandante no ha acreditado su estado de pérdida.

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento quince, con fecha veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, confirma la apelada que declara improcedente la demanda por considerar que la demandante no ha acreditado de manera fehaciente la insolvencia económica alegada.

1. Que, con fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y siete, la empresa demandante interpone recurso de reclamación contra la Orden de Pago Nº 141-1-04485, del veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y siete. Dicho recurso es declarado inadmisible mediante Resolución Oficina Zonal N° 145-4-00936/SUNAT, del treinta de abril de mil novecientos noventa y siete. Y, a fojas ciento once aparece una copia del Oficio N° 041-97-SUNAT/Z1-0150, que remite el recurso de apelación de la empresa demandante al Tribunal Fiscal. Dicho recurso fue recibido por el Tribunal Fiscal el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete, durante el proceso de amparo. En efecto, la empresa inicia la presente Acción de Amparo sin haber agotado la vía respectiva, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 27º de la Ley Nº 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo.
2. Que la demandante no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 28º de la Ley Nº 23506. Ello, debido a las consideraciones siguientes:

1. La notificación de la Orden de Pago N° 141-1-04485, del veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y siete, no supone la ejecución cuestionada en autos. Ello, en la medida en que el artículo 117° del Decreto Legislativo N° 816, Código Tributario vigente, establece que el procedimiento de cobranza coactiva se inicia con la "notificación al deudor tributario de la Resolución de Ejecución Coactiva, que contiene un mandato de cancelación de las Ordenes de Pago o Resoluciones en cobranza, otorgándose un plazo de siete (7) días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas".
2. El plazo referido permitía a la empresa demandante acogerse a lo previsto en el inciso d) del artículo 119° del Decreto Legislativo N° 816, que establece que cuando "se haya presentado oportunamente recurso de reclamación, apelación o demanda contencioso administrativa, que se encuentre en trámite", se suspenderá el proceso de cobranza coactiva.
3. Asimismo, como una excepción a lo establecido en el artículo 136° del Decreto Legislativo N° 816, el segundo párrafo del artículo 119° de dicha norma señala que "tratándose de Ordenes de Pago y cuando medien otras circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser improcedente la Administración Tributaria está facultada a disponer la suspensión de la cobranza de la deuda, siempre que el deudor tributario interponga la reclamación dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de notificada la Orden de Pago". Y, el tercer párrafo del mismo artículo establece que "para la admisión a trámite de la reclamación se requiere, además de los requisitos establecidos en este Código, que el reclamante acredite que ha abonado la parte de la deuda no reclamada actualizada hasta la fecha en que se realice el pago".

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

CONFIRMANDO la Resolución de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento quince, su fecha veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, que confirmando la apelada declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo interpuesta. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el Diario Oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

S.S.