S-973

…cuando como consecuencia del ejercicio de las libertades informativas, se transgreden otros derechos constitucionales,…su tutela no puede significar que con carácter preventivo se impida a un medio de comunicación social,…propalar la información que se considera como lesiva, pues ello supondría que la cláusula de prohibición de la censura previa o de la proscripción del impedimento para el ejercicio de tales libertades quedara vaciada de contenido, y con él la garantía inconstitucional de la libertad informativa como sustento de un régimen constitucional basado en el pluralismo.

Exp. 168-98-AA/TC

Lima

Gustavo Mohme Llona y otro

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En la ciudad de Lima, a los diecisiete días del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, el Tribunal Constitucional, reunido en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados:

Acosta Sánchez, Vicepresidente, encargado de la Presidencia;

Nugent;

Díaz Valverde; y,

García Marcelo;

actuando como Secretaria Relatora la doctora María Luz Vásquez, pronuncia la siguiente sentencia:

 

ASUNTO:

Recurso extraordinario contra la resolución de la Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha trece de enero de mil novecientos noventa y ocho, que confirma la resolución apelada, que declaró infundada la demanda.

 

ANTECEDENTES:

Don Gustavo Mohme Llona y don Javier Diez Canseco Cisneros, interponen Acción de Amparo contra el Presidente del Consejo de Ministros, Ministro del Interior y Ministro de Defensa, por la violación de sus derechos constitucionales al honor, buena reputación, a la voz e imagen.

Alegan los actores que desde el día diez de junio de mil novecientos noventa y seis, a través de los canales cinco y nueve de televisión se viene propalando un spot publicitario, a través de la cual se les pretende presentar a la opinión pública como personas que están empeñadas en dañar el prestigio de las Fuerzas Armadas.

Refiere don Gustavo Mohme Llona que dicho aviso televisivo contiene un claro propósito de amedrentamiento a la prensa, además de ser una respuesta oficial contra las declaraciones que brindara con ocasión del sospechoso asalto y secuestro de la editora general del diario La República, doña Blanca Rosales Valencia. Precisa que en su calidad de Director del diario La República no responsabilizó de dichos hechos a las Fuerzas Armadas, por lo que considera que la propalación del spot publicitario vulnera sus derechos constitucionales al honor y a la buena reputación.

Sostiene, de otro lado, don Javier Diez Canseco Cisneros, que en ningún momento él imputó a las Fuerzas Armadas el asalto, robo e incendio de su camioneta, aunque no descartó que en el hecho hubiera intencionalidad política. Añade que el supuesto delincuente común que la Policía Nacional del Perú habría capturado y al que se sindicaría la comisión de dicho acto ilícito, no parece ser verosímil, pues las circunstancias en las que habría cometido otro delito, muestran la incoherencia de las versiones policiales.

Admitida la demanda, ésta es contestada por los Procuradores Públicos encargados de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa y de la Presidencia del Consejo de Ministros, respectivamente, quienes solicitan se declare improcedente y/o infundada la demanda, ya que: a) Que se tenga por no presentada la demanda, pues el abogado defensor de los demandantes se encuentra inhábil para ejercer la abogacía, b) La utilización de la imagen y de la voz de los actores se ha realizado al amparo de lo dispuesto por el artículo 15° del Código Civil, c) La Acción de Amparo no es la vía adecuada pues existe un procedimiento penal privado donde puedan hacer valer sus derechos, d) No existe ningún amedrentamiento a la prensa, e) Los spot publicitarios no ofenden o ultrajan a los actores, f) No se ha cumplido con agotar la vía previa, g) La difusión del spot publicitario ha sido realizado en ejercicio legítimo del derecho al Estado de informar a la opinión pública, h) Los demandantes no tienen legitimidad para obrar pues carecen de la facultad de impedir al Estado que realice desmentidos y aclaraciones, i) La Presidencia del Consejo de Ministros no ha celebrado contrato alguno con canal de televisión para la propalación del spot publicitario, por lo que sobre dicha instancia es procedente que se declare fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, j) Los spots publicitarios ya no se trasmiten; por lo que ha operado la sustracción de la materia.

Con fecha trece de agosto de mil novecientos noventa y siete, el Juez del Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado de Derecho Público, expide resolución declarando infundada la demanda. Interpuesto el recurso de apelación, la Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público, de la Corte Superior de Justicia de Lima expide resolución, con fecha trece de enero de mil novecientos noventa y ocho, confirmando la apelada.

Interpuesto el recurso extraordinario, los autos son remitidos al Tribunal Constitucional.

 

FUNDAMENTOS:

  1. Que, conforme se desprende del petitorio de la demanda, el objeto de ésta es que las entidades demandadas se abstengan de propalar "el aviso o spot publicitario" que se viene trasmitiendo en los canales cinco y nueve de televisión, que según se alega afectan maliciosamente los derechos constitucionales al honor, la buena reputación, a la protección de la voz y de la imagen, y en consecuencia, se disponga que los referidos canales de televisión no trasmitan los avisos publicitarios considerados como lesivos.
  2. Que, siendo ello así, la pretensión de los actores deberá de desestimarse, ya que:

  1. Según se está a lo dispuesto por el inciso 4) del artículo 2° de la Constitución Política del Estado, en nuestro ordenamiento jurídico la libertad de propalar información a través de los medios de prensa, hablado, escrito, radial o televisado, no siendo un derecho respecto del cual pueda proclamarse su carácter absoluto, pues es susceptible de ser limitado, sin embargo, su ejercicio no requiere autorización previa, ni está sujeto a censura o impedimento alguno;
  2. En ese sentido, en modo alguno puede olvidar este Supremo Intérprete de la Constitución que cuando como consecuencia del ejercicio de las libertades informativas, se transgredan otros derechos constitucionales, como al honor, a la buena reputación, a la imagen o la voz, como en el caso de autos alegan los accionantes, su tutela no puede significar que con carácter preventivo se impida a un medio de comunicación social, cualquiera sea su naturaleza, propalar la información que se considera como lesiva, pues ello supondría que la cláusula de prohibición de la censura previa o de la proscripción del impedimento para el ejercicio de tales libertades quedara vaciada de contenido, y con él la garantía institucional de la libertad informativa como sustento de un régimen constitucional basado en el pluralismo.
  3. El que las libertades informativas ejercidas a través de los medios de comunicación social, como se ha anotado, no constituyan derechos a propósito de los cuales se pueda predicar un carácter absoluto, y al mismo tiempo respecto de los cuales no pueda intentarse de manera previa un control, no significa que la persona quede en absoluta indefensión, cuando ello suponga que con su ejercicio se haya generado violaciones de otros derechos constitucionales, pues nuestro ordenamiento jurídico ha previsto que los mecanismos de control frente a este género de conductas habrán de intentarse siempre en forma reparadora, haciéndose uso de los diversos mecanismos que nuestro ordenamiento procesal ordinario prevé.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones que la Constitución y su Ley Orgánica le confieren,

FALLA:

Confirmando la resolución de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha trece de enero de mil novecientos noventa y ocho, de fojas doscientos veintitrés, que confirmó la apelada, que declaró infundada la Acción de Amparo interpuesta; dispusieron su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y los devolvieron.

 

 

SS.

 

ACOSTA SANCHEZ;

NUGENT;

DIAZ VALVERDE;

GARCIA MARCELO

 

 

 

 

 

 

ECM