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Que, en el caso de autos se evidencia que la empresa demandante no ha cumplido con agotar las vías previas, no estando incurso en alguna de las causales de excepción para no agotarlas (artículo 28° de la Ley N° 23506)….

EXP. N° 192-96-AA/TC

Empresa de Servicios Vigilancia Universal S.C.R.L.

Huaura

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los veintiún días del mes de enero de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal Constitucional en Sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados:

Acosta Sánchez, Vicepresidente, encargado de la Presidencia;

Nugent,

Díaz Valverde,

García Marcelo,

actuando como Secretaria Relatora, la doctora María Luz Vásquez, pronuncia la siguiente sentencia:

ASUNTO:

Recurso Extraordinario, contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, su fecha quince de abril de mil novecientos noventa y seis, que revocando la sentencia de primera instancia, declaró improcedente la Acción de Amparo interpuesta por la Empresa de Servicios Vigilancia Universal SCRL contra el representante del Instituto Peruano de Seguridad Social –Gerencia Zonal Lima Norte – Huacho.

ANTECEDENTES:

La Empresa de Servicios Vigilancia Universal SCRL interpone Acción de Amparo contra el representante del Instituto Peruano de Seguridad Social Zonal Lima Norte – Huacho, por violación a la libertad de trabajo, libertad de empresa y apropiación ilícita de pagos por el trabajo realizado. La empresa demandante señala que el Instituto Peruano de Seguridad Social - Gerencia Zonal Lima Norte – Huacho, en el mes de mayo de 1995, convocó a un "Concurso Público por Adjudicación Directa Nº 016-IPSS GZLNH-95", en el cual obtuvo la Buena Pro con fecha 25 de mayo de 1995, prestando servicios a la Institución demandada a partir de junio de ese año, servicio por el que se les entregó un adelanto ascendente al S/. 11,214.36 (nuevos soles). Con fecha 7 de agosto de 1995, la Gerencia Zonal Lima Norte –Huacho, le cursó una carta notarial mediante la que se le comunica que al no haber firmado el contrato la empresa demandante perdió el derecho de adjudicación de la Buena Pro, negándose a pagar el trabajo realizado por los meses de junio y julio de 1995. Indica la empresa demandante que si no firmaron el contrato es responsabilidad de la Gerencia Zonal del IPSS por cuanto es la entidad contratante la que debe elaborar el contrato.

Don Octavio Pinillos de Orbegozo, en su condición de Gerente Zonal Lima Norte – Huacho del IPSS, niega y contradice la demanda en todos sus extremos indicando que el actor no ha cumplido con agotar las vías previas al no haber interpuesto ningún recurso impugnatorio contra la Carta Notarial Nº 003-IPSS-GZLNH-95, conforme al Artículo 7.2.1 del Reglamento Unico de Adquisiciones para el Suministro de Bienes y Prestación de Servicios No Personales (RUA) en concordancia con la Directiva Nº 006-95, sobre Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios No Personales, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas. La carta notarial le fue cursada a la empresa demandante al no haber suscrito el contrato dentro de los 10 días calendario de adjudicada la buena pro, por lo que conforme al Numeral 6.1 y subsiguientes de las Bases Administrativas de la Adjudicación Directa Nº 016-IPSS-GZLNH-95, pierde su derecho de adjudicación de la Buena Pro. Asímismo, no cumplió con presentar la Póliza de Responsabilidad Civil, Póliza de Seguro de Vida y la renovación de la Licencia de Funcionamiento. Señala también que es la empresa "La Legión S.R.L." la que ha prestado el servicio de vigilancia y seguridad, hasta el mes de julio de 1995; en consecuencia no existe ningún tipo de perjuicio para la empresa demandante.

El Primer Juzgado Civil de Huacho, por resolución Nº 11, su fecha nueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, declaró fundada la demanda al considerar que la demandante resultó ganadora de la buena pro, derecho del que no puede ser despojada sin previo requerimiento .

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huara, por resolución Nº 20, su fecha quince de abril de mil novecientos noventa y seis, revocó la apelada y reformándola declaró improcedente la demanda, al considerar que de acuerdo a lo expresado por la empresa demandante sus derechos ya se violaron y el perjuicio económico está causado, por lo que es de aplicación el artículo 6º inciso 1) de la Ley Nº 23506, "Ley de Hábeas Corpus y Amparo"; y asímismo, porque la adjudicación directa que origina esta acción de garantía tenía por objeto contratar el servicio de vigilancia y seguridad para el período de mayo a diciembre de 1995, ya vencido con exceso a la fecha.

FUNDAMENTOS:

Que, de acuerdo a las Bases Administrativas de la Adjudicación Directa Nº 016-IPSS-GZLNH-95, numeral 6.1 –"De los Contratos", y en el Reglamento Unico de Adquisiciones para el Suministro de Bienes y Prestación de Servicios No Personales –RUA, se establece un plazo para que la empresa que obtuvo la Buena Pro suscriba el contrato con la entidad contratante; que, vencido el plazo sin que se suscriba el contrato, se pierde el derecho a la adjudicación de la Buena Pro; que; ante cualquier decisión de la entidad contratante los afectados pueden interponer los recursos impugnativos que la Ley establece.

Que, en el caso de autos se evidencia que la empresa demandante no ha cumplido con agotar las vías previas, no estando incurso en algunas de las causales de excepción para no agotarlas, por cuanto la demandada no ejecutó de forma inmediata lo dispuesto en la Carta Nº 003-IPSS-GZLNH-95, ni porque el agotamiento de la vía previa pudiera convertir en irreparable la agresión por tratarse de intereses pecuniarios; que, en consecuencia es de aplicación el artículo 27º de la Ley Nº 23506, "Ley de Hábeas Corpus y Amparo".

Que, asímismo, la adjudicación directa que origina esta acción de garantía tenía por objeto contratar el servicio de Policía Particular y Vigilancia para el período mayo a diciembre de mil novecientos noventa y cinco, período ya vencido a la fecha.

Que, la empresa demandante reclama a la Gerencia Zonal de Lima Norte –Huacho, el pago por el servicio prestado los meses de junio y julio de 1995, y el lucro cesante al haber dejado sin efecto la adjudicación de la Buena Pro; que; por la naturaleza de estas pretensiones no pueden ser ventiladas en una Acción de Amparo, acción que tiene por objeto la defensa de los derechos constitucionales.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, haciendo uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,

FALLA:

Confirmando la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huara, de fojas ciento ochenta y cinco, su fecha quince de abril de mil novecientos noventa y seis, que declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo interpuesta. MANDARON se publique en el diario oficial "El Peruano", conforme a ley; y, los devolvieron.

 

S.S.

ACOSTA SANCHEZ

NUGENT

DÍAZ VALVERDE

GARCÍA MARCELO

 

 

M.L.C.