S-950

Que, el juzgador puede denegar de plano la Acción de Amparo cuando ésta resulta manifiestamente improcedente, conforme lo dispone el Artículo 23 de la Ley N 25398.

Exp. N 245-97-AA/TC

Lima

Aurelio De La Cruz Moreno.

Sentencia del Tribunal Constitucional

En Lima, a los veintidós días de enero de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados:

Acosta Sánchez, Vicepresidente, encargado de la Presidencia;

Nugent;

Díaz Valverde; y,

García Marcelo;

actuando como Secretaria Relatora la doctora María Luz Vásquez, pronuncia la siguiente sentencia:

ASUNTO:

Recurso de Nulidad entendido como Extraordinario, que interpone don Aurelio De La Cruz Moreno, contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha, veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete, que confirmó el Auto su fecha veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, que declaró improcedente la Acción de Amparo interpuesta contra el Instituto Peruano de Seguridad Social.

ANTECEDENTES:

Con fecha catorce de febrero de mil novecientos noventa y seis, don Aurelio De La Cruz Moreno, interpone demanda de Acción de Amparo, y la dirige contra el Instituto Peruano de Seguridad Social solicitando se deje sin efecto las medidas precautelatorios, actas de embargo y notificaciones expedidas con fecha 7 de febrero de 1996, por el demandado a mérito de la Resolución N 388-GF-GCC-IPPS-95, que dispone que el recurrente abone la suma de S/ 38,825.30 Nuevos Soles, como supuesta deuda actualizada a la fecha antes indicada, y se reajuste la misma hasta la suma de S/. 4,274.24 Nuevos Soles, teniéndose en cuenta la situación económica del obligado y las circunstancias que motivaron el incumplimiento.

El actor considera que los hechos alegados, constituyen una amenaza inminente contra su negocio, dado que se vienen sucediendo actos continuos y requerimientos constantes por parte del IPPS, sin fundamento alguno. Indica, que es propietario del Restaurant " Las Trece Monedas", el mismo que con fechas 20 de enero de 1986 y 29 de diciembre de 1988, fue objeto de atentados terroristas, que le causaron grave perjuicio económico, toda vez que ocasionaron daños materiales en la infraestructura del local y porque mermó la concurrencia de clientes habituales, lo que en suma generó que en su calidad de empleador incumpliera el pago de las obligaciones sociales de sus trabajadores, por concepto de prestaciones de salud y pensiones, que en principio ascendieron a la suma de S/. 4,274.24 Nuevos Soles, que reconoce y está dispuesto a honrar, a la que en su concepto se ha agregado intereses leoninos, que determinan un adeudo total de S/. 38,825.30 Nuevos Soles, suma que resulta onerosa y confiscatoria, que se opone a la libertad de trabajo y fomento del empleo, que no tiene en cuenta que la vigente Carta Política del Estado, prohibe los impuestos y contribuciones de carácter y efectos confiscatorios.

Sostiene, que la resolución cuestionada y motivo de la presente acción, no ha sido materia de apelación por su parte; por lo que considera que habiendo quedado en la situación de "causa estado", se ha cumplido con agotar la vía previa, y por que además se convertiría en irreparable la agresión.

Con fecha veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, el Juez del Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, mediante Auto declara de plano improcedente la Acción de Amparo incoada.

Formulado recurso de apelación, la Sala Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, ,con fecha veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete , confirma la recurrida.

Interpuesto el recurso de nulidad y entendiéndose el mismo como Extraordinario, los autos son remitidos al Tribunal Constitucional.

FUNDAMENTOS:

  1. Que, del petitorio de la demanda, se desprende que se solicita se declare, en su caso, inaplicable la Resolución N 388-SGF-GCC-GCRM-IPPS-95, que dispone que el recurrente abone la suma de S/. 38,825.39 Nuevos Soles, por adeudos de las aportaciones al Instituto Peruano de Seguridad Social, por concepto de prestaciones, de salud y al sistema de pensiones, de sus trabajadores.
  2. Que, el juzgador puede denegar de plano la Acción de Amparo cuando ésta resulta manifiestamente improcedente, conforme lo dispone el artículo 23 de la Ley N 25398.
  3. Que, conforme lo manifiesta el propio actor en su demanda, que corre a fojas 43 a 47 de autos, no ha cumplido con interponer el correspondiente recurso de apelación contra la resolución que considera le causa agravio, ante el Tribunal Fiscal, de conformidad con el artículo 143 del Decreto Legislativo N 773, vigente en ese entonces, por lo que no habiendo agotado la vía administrativa previa que obliga el artículo 27 de la Ley N 23506, y no operando a favor del demandante ninguna de las excepciones previstas en el artículo 28 de la norma legal última acotada, no se encontraba habilitado para recurrir a través de la presente acción de garantía, razón por la que resulta improcedente la misma.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

FALLA :

CONFIRMANDO la resolución expedida por la Sala Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento trece, su fecha veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete, que confirmó el apelado, declarando IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. Ordenaron su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y los devolvieron.

SS.

ACOSTA SANCHEZ;

NUGENT;

DIAZ VALVERDE;

GARCIA MARCELO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.A.M.