EXP. N 346-98-AA/TC

LIMA

FABRICA DE ALUMINIO Y METALES DEL PERÚ S.A.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los veinticuatro días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por Fábrica de Aluminio y Metales del Perú S.A. FAMPERÚ S.A. contra la Resolución de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos nueve, su fecha once de febrero de mil novecientos noventa y ocho, que revocando la apelada declaró improcedente la demanda en la Acción de Amparo interpuesta contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y el Ministro de Economía y Finanzas.

ANTECEDENTES:

Fábrica de Aluminio y Metales del Perú S.A. FAMPERÚ S.A., representada por don Gianfranco Martino Mercanti Gilardi, interpone Acción de Amparo contra la SUNAT y el Ministro de Economía y Finanzas para que se declare inaplicable a su empresa los artículos 109 y siguientes del Decreto Legislativo N 774, Ley del Impuesto a la Renta, y se deje sin efecto la Orden de Pago N 011-1-38922, del cuatro de abril de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al pago de regularización del Impuesto Mínimo a la Renta de mil novecientos noventa y seis. Ello por violar sus derechos constitucionales de propiedad, de legalidad y de no confiscatoriedad de los impuestos.

La demandante señala que: 1) Su situación contable es de pérdida; y, 2) La demandada ha iniciado el proceso de cobranza coactiva, de acuerdo con la notificación de fecha diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete, mediante la que se le exige el pago bajo apercibimiento de embargo de sus bienes.

La SUNAT, representada por doña María Caridad García De los Ríos, contesta la demanda y solicita que sea declarada improcedente o infundada debido a que: 1) La demandante pudo agotar la vía administrativa sin necesidad de pagar previamente el monto adeudado; y, 2) No se vulnera derecho constitucional alguno.

El Procurador adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, don Angel Augusto Vivanco Ortiz, contesta la demanda y solicita que sea declarada infundada o improcedente, debido a que: 1) La demandante pretende obtener una exoneración tributaria; y, 2) El Impuesto Mínimo a la Renta promueve un mínimo de eficiencia empresarial. Propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa, incompetencia y caducidad.

El Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, a fojas ciento cincuenta y cuatro, con fecha veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete, declara infundadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa, de incompetencia y de caducidad, y fundada la demanda. Sus fundamentos son los siguientes: 1) La demandante ha acreditado, mediante el estado financiero de auditoría externa que durante el ejercicio mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis, no obtuvo ingresos y que arrastra pérdidas; y, 2) En su caso, el impuesto es confiscatorio.

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas doscientos nueve, con fecha once de febrero de mil novecientos noventa y ocho, confirma la apelada en cuanto declara infundadas las excepciones y revocándola declara improcedente la demanda. Sus fundamentos son los siguientes: 1) La demandante no ha acreditado de manera fehaciente la insolvencia económica alegada; y, 2) La norma del Impuesto a la Renta trata de evitar que las empresas viables declaren pérdidas o rentas menores a las reales para evadir el pago del impuesto.

FUNDAMENTOS:

  1. Que no se ha acreditado en autos que la empresa demandante haya interpuesto recurso administrativo alguno contra la Orden de Pago N 011-1-38922, del cuatro de abril de mil novecientos noventa y siete. Y, por lo tanto, ha iniciado la presente Acción de Amparo sin haber agotado la vía previa respectiva, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo.
  2. Que la demandante no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 28 de la Ley N 23506. Ello, debido a las consideraciones siguientes:

  1. La notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva N 011-06-15727, del cuatro de abril de mil novecientos noventa y siete, no supone la ejecución de la Orden de Pago cuestionada en autos. Ello, en la medida en que el artículo 117 del Decreto Legislativo N 816, Código Tributario vigente, establece que el procedimiento de cobranza coactiva se inicia con "la notificación al deudor tributario de la Resolución de Ejecución Coactiva, que contiene un mandato de cancelación de las Ordenes de Pago o Resoluciones en cobranza, otorgándose un plazo de siete (7) días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas"
  2. El plazo referido permitía a la empresa demandante acogerse a lo previsto en el inciso d) del artículo 119 del Decreto Legislativo N 816, que establece que cuando "se haya presentado oportunamente recurso de reclamación, apelación o demanda contencioso administrativa, que se encuentre en trámite", se suspenderá el proceso de cobranza coactiva.
  3. Asimismo, como una excepción a lo establecido en el artículo 136 del Decreto Legislativo N 816, el segundo párrafo del artículo 119 de dicha norma señala que "tratándose de Ordenes de Pago y cuando medien otras circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser improcedente, la Administración Tributaria está facultada a disponer la suspensión de la cobranza de la deuda, siempre que el deudor tributario interponga la reclamación dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de notificada la Orden de Pago". Y, el tercer párrafo del mismo artículo establece que "para la admisión a trámite de la reclamación se requiere, además de los requisitos establecidos en este Código, que el reclamante acredite que ha abonado la parte de la deuda no reclamada actualizada hasta la fecha en que se realice el pago".

  1. Que, a mayor abundamiento, está acreditado en autos, a fojas ciento noventa y seis, que la empresa demandante, con fecha dieciocho de junio de mil novecientos noventa y siete, canceló el monto de la deuda contenida en la Orden de Pago N 011-1-38922 .

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

FALLA:

CONFIRMANDO la Resolución de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos nueve, su fecha once de febrero de mil novecientos noventa y ocho, que declaró infundadas las excepciones de caducidad e incompetencia e IMPROCEDENTE la Acción de Amparo interpuesta. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el Diario Oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

S.S.

ACOSTA SÁNCHEZ

DIAZ VALVERDE

NUGENT

GARCÍA MARCELO