S-684

el contenido de la inscripción registral se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare su validez.

Exp. N 409-97-AA/TC

Chiclayo

Caso: Pedro Vilchez Gemin

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Chiclayo, a los diecisiete días del mes de setiembre de mil novecientos noventisiete, reunido el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores:

ACOSTA SANCHEZ, Vicepresidente, encargado de la Presidencia

NUGENT,

DIAZ VALVERDE,

GARCIA MARCELO,

 actuando como Secretaria-Relatora la doctora María Luz Vásquez, pronuncia la siguiente sentencia:

 ASUNTO:

 Recurso extraordinario interpuesto por don Pedro Vilchez Gemin, contra la resolución de la Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fecha diecisiete de abril de mil novecientos noventisiete, que revoca la Sentencia del Primer Juzgado Especializado Mixto de Lambayeque, de fecha veintiseis de noviembre de noventiseis y declara improcedente la acción de amparo.

ANTECEDENTES:

La acción se interpone contra el Alcalde del Concejo Provincial de Lambayeque, don Ricardo Casimiro Velezmoro Ruiz, por violación de su derecho de propiedad en el predio "Montes de la Virgen", ubicado en la final de la calle Ermiliano Niño, con un área de 5.75 hectáreas, a fin de que cesen los actos de perturbación sobre dicho bien, obtenido mediante título otorgado por la Dirección Regional Agraria del Ministerio de Agricultura, que conduce desde el año mil novecientos setentidos, y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público.

El Primer Juzgado Mixto de Lambayeque declaró fundada la demanda, por considerar, entre otras razones, que el demandado ha violado el derecho de propiedad del demandante, el cual se encuentra debidamente amparado con la titulación ante los Registros Públicos y garantizado por el numeral 12 del artículo 24 de la Ley N 23506. Interpuesto recurso de apelación, la Primera Sala Civil Especializada de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, revocó la apelada, según resolución del diecisiete de abril de mil novecientos noventisiete, al estimar que la Dirección Regional Agraria del Ministerio de Agricultura ha declarado la caducidad del derecho de propiedad del demandante, por resolución de fojas ochentitrés, por lo que no resulta procedente pronunciarse sobre la cuestión de fondo.

Contra esta resolución el accionante interpone Recurso Extraordinario, por lo que de conformidad con los dispositivos legales que se han remitido los actuados al Tribunal Constitucional.

FUNDAMENTOS:

  1. Que el Estado garantiza la inviolabilidad del derecho de propiedad, según lo preceptuado por el artículo 70 de la Constitución Política del País.
  2. Que el actor ha acreditado su dominio absoluto sobre el predio rústico materia de esta demanda, mediante Contrato de Otorgamiento de Terrenos Eriazos N 0037-AG-PETT, expedido pro la Dirección Regional Agraria de Lambayeque, con fecha veinticuatro de julio de mil novecientos noventicuatro, adjudicación que se encuentra inscrita en la Ficha N 799 del Registro de Propiedad Inmueble de esa localidad, con fecha treinta de setiembre de mil novecientos noventicuatro.
  3. Que dicho derecho ha sido ratificado en otro juicio que, sobre mejor derecho de propiedad, han seguido el actor con el demandado y otros, ante el Juzgado Agrario de Lambayeque, que ha concluído por sentencia consentida a favor del demandante de fecha veintinueve de abril de mil novecientos noventiseis, que obra a fojas 5-8.
  4. Que no obstante ello, el emplazado continúa -según es de verse de los propios términos de sus escritos presentados en autos- con los actos perturbatorios en el dominio del actor, consistentes en azuzar a gente humilde a invadir dicho predio, así como a estimular a otros a permanecer en él, y ordenar la distribución del oficio-circular de fecha veintiseis de junio de mil novecientos noventiseis, expedido por la propia autoridad demandada, ofreciéndoles su defensa, con el evidente propósito de perjudicar al derecho de propiedad del actor.
  5. Que la argumentación del demandado, de que el contrato de adjudicación otorgado al actor es irregular e ilegal, carece de eficacia jurídica, ya que su calificación y definición corresponden al fuero jurisdiccional y no a la persona del Alcalde emplazado.
  6. Que, igualmente, el desconocimiento de los alcances de la Resolución Directoral Sub-Regional N 0036-91-DSRVI del 12 de abril de 1991, que corre a fojas 91 y la Resolución Directoral N 396-96-AG-DRA, del 2 de octubre de 1996, que obra a fojas 83-84, ambas de trámite administrativo, no pueden enervar los efectos del principio de legitimación establecido en el artículo 2013 del Código Civil, según el cual, el contenido de la inscripción registral se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare judicialmente su validez, con mayor razón aún si el último acto administrativo mencionado se encuentra en vía de apelación.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional haciendo uso de las atribuciones que le confiere la Constitución del Estado y su Ley Orgánica:

FALLA:

Revocando la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fecha diecisiete de abril de mil novecientos noventisiete, que a su vez revoca la apelada del Primer Juzgado Mixto de Lambayeque de veintiseis de noviembre de mil novecientos noventiseis y declara improcedente la acción de amparo; reformándola confirma la resolución expedida por el referido Primer Juzgado Mixto de Lambayeque, que obra de fojas cincuentiseis, que declara FUNDADA la acción de amparo; con lo demás que contiene; dispusieron su publicación en el diario oficial "El Peruano" con arreglo a ley, y los devolvieron.

S.S.

ACOSTA SANCHEZ,

NUGENT,

DIAZ VALVERDE,

GARCIA MARCELO.

 

 

 

 

AAM