En Lima, a los veintitrés días del mes de setiembre de
mil novecientos noventa y ocho, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno
Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez,
Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia
sentencia:
ASUNTO:
Recurso Extraordinario interpuesto por don Juan Luis
Gamarra Peña contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque, a fojas sesenta y seis, su fecha veintiuno
de setiembre de mil novecientos noventa y cinco, que confirmando la apelada
declaró improcedente la Acción de Amparo.
ANTECEDENTES:
Don Jorge Luis Gamarra Peña interpone Acción de Amparo
contra el Consejo Transitorio de Administración Regional de la Región
Nor-Oriental del Marañón, para que se declare nula e ineficaz la Resolución N°
518-94-RENOM que lo cesa en su relación laboral. Afirma que se le ha sometido a
un proceso de evaluación por el que ha sido desaprobado. Expresa que gozando
del derecho de estabilidad laboral no debía estar sujeto a evaluación. La
Resolución Ministerial N° 121-94-PRES que aprueba la Directiva N° 001-94-PRES
resulta violatorio del derecho de estabilidad laboral. Ha obtenido sesenta y
cinco puntos en su evaluación, para aprobar sólo se requería de sesenta puntos.
Han buscado bajar su nota descontándole diez puntos por inasistencias y
llamadas de atención. Agotó las vías previas de reclamo. La entidad demandada
contesta que se declare infundada la demanda.
El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de
Chiclayo, a fojas veintinueve, su fecha diecinueve de mayo de mil novecientos
noventa y cinco, declaró improcedente
la Acción de Amparo porque por Ley N° 26093 dispone que, las instituciones de
la Administración Pública, procedan a efectuar programas de evaluación. Al
efecto, se emite la Resolución Ministerial N° 121-24 PRES, que aprueba la
Directiva N° 0094-PRES. Dentro de tal contexto legal se expide la Resolución de
Cese N° 518-RENOM.
La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
de Lambayeque confirma el fallo apelado.
FUNDAMENTOS:
1.
Que, el transcurso del tiempo crea
y extingue derechos, verbigracia: la institución jurídica de “usucapión” ó
adquisión de propiedad por devenir del tiempo, la caducidad, el abandono en el
derecho material y procesal etc. Si los delitos prescriben las sanciones
disciplinarias administrativas con mayor razón. En el debate del derecho procesal constitucional, en temas laborales,
cuando el demandante cuestiona una sanción disciplinaria la Administración
emplazada debe probar documentalmente la sanción impuesta para: los siguientes
fines jurídicos: a) Determinar el respeto al principio constitucional de
tipicidad o legalidad; es decir, que el hecho imputado como infracción esté
previamente establecido en la ley de manera inequívoca e indubitable; b) Para
determinar la fecha de la imposición de la sanción con el propósito de dilucidar si ha existido o nó prescripción de
tal medida; c) Para precisar si la sanción causa de la disminución del puntaje
obtenido por el recurrente está comprendido o nó en el período pertinente de
evaluación, porque carece de eficacia tomar como referencia medidas disciplinarias
de períodos anteriores. Como doctrina legal el Tribunal Constitucional
establece esta carga procesal del empleador para casos análogos.
2.
Que, el sistema legal peruano
garantiza la estabilidad laboral en la administración pública sólo sujeto a las
causales de rescisión o resolución en el modo y forma establecido en el Decreto
Legislativo N° 276 y el D-L. N° 26093, ley de Evaluación de Personal en la
Administración Pública. En el art.27° de la Ley Fundamental subyace los
principios de razonabilidad, de proporcionalidad e inmediación u oportunidad
cuando prescribe que la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el
despido arbitrario.
3.
Que, el D.L.N° 26093 citado al
regular la obligación, por parte de los Titulares de los Ministerios e Instituciones
Públicas Descentralizadas, de efectuar semestralmente evaluación de personal,
no estatuye que el personal que no califique la evaluación será cesado. Sólo
establece una facultad de cese. Esta discrecionalidad debe obedecer y concordar
con los principios antes anotados. Lo contrario sería afectar el art.27° de la
Constitución Política del Estado.
4.
Que, el D.L.N° 26093 no regula que
después del resultado de la calificación se realice otra calificación aplicando
el factor de disminución del puntaje por sanciones, cuando ya precluyó tal
etapa. La administración a efectuado indebidamente este procedimiento, al
sustraer diez puntos sobre los sesenta y cinco obtenido por el demandante. El
proceso de evaluación es una unidad y el resultado de igual manera.
5.
Que, el numeral 5.1, 5.3, 6.1,6.6,
de la Directiva N° 004-91/PRES aprobado por R.M. N° 121-94/PRES del veintidós
de abril de mil novecientos noventa y cuatro regula que el programa evaluativo
del rendimiento laboral es un proceso integral que comprende los siguientes
factores de evaluación: A) Evaluación curricular, B) Rendimiento laboral, C)
Entrevista personal. Establece también que el puntaje total de tales factores
será de cien puntos como máximo y el puntaje para ser aprobado es de sesenta
puntos.
6.
Que, el procedimiento seguido por
la administración emplazada para proceder al cese del demandante es irregular
ha desnaturalizado la ley de evaluación de personal e infringido el
procedimiento preestablecido en la ley, afectando el art. 139° inc.3) de la Constitución
Política del Estado y colisiona con la prohibición del despido arbitrario
contemplado en el art.27° de la Constitución citada.
7.
Que, el art.11° de la Ley N° 23506
al establecer sanciones es una norma de naturaleza administrativa por tanto, en
cada caso, es necesario examinar si ha existido o no, intencionalidad del
infractor. En el presente proceso los funcionarios de la entidad emplazada sólo
han incurrido en errónea aplicación e interpretación de las leyes de
evaluación. En vía de derecho procesal constitucional no se debaten las
remuneraciones dejadas de percibir razón por el cual no es procedente este
concepto del petitorio.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en
uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y
su Ley Orgánica.
FALLA:
REVOCANDO la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a fojas sesenta y seis, su fecha
veintiuno de setiembre de mil novecientos noventa y cinco, que confirmó la
sentencia apelada que declaró improcedente la Acción de Amparo; reformándola la declara FUNDADA; en consecuencia: A) Sin
eficacia la Resolución Ejecutivia Regional N° 518-94/RENOM dictada por el
Consejo Transitorio de Administración Regional de la Región Nor Oriental del
Marañón que dispone el cese laboral de don Jorge Luis Gamarra Peña; B) Se
ordena restituir los hechos al estado anterior al cese y dispone, a favor del
demandante, su derecho a continuar laborando en la entidad emplazada o en la
institución que corresponda conforme a ley; sin reintegro de los haberes
dejados de percibir desde su cese hasta el momento de su reincorporación.
Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El
Peruano y la devolución de los actuados.
S.S.
ACOSTA SÁNCHEZ
DÍAZ VALVERDE
NUGENT