En Lima, a los catorce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia.

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por doña Dolores Ruth Rivera Castilla, contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas cien, su fecha veintidós de abril de mil novecientos noventa y seis, que declaró improcedente la Acción de Amparo.

ANTECEDENTES:

Doña Dolores Ruth Rivera Castilla, interpone demanda de Acción de Amparo contra el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), solicitando se declare el derecho de la demandante a gozar de la pensión de cesantía prevista en el Decreto Ley N° 20530, así como para que se ordene el cumplimiento del pago de las pensiones devengadas más los intereses legales respectivos. Expresa que como servidora del IPEN fue incorporada al Régimen de Pensiones, Cesantía y Montepío del Decreto Ley N° 20530 mediante la Resolución de Presidencia N° 498-90-IPEN/ORH. Argumenta además que la emplazada ha reconocido en múltiples documentos y resoluciones que su ingreso al Estado se efectuó el 01 de abril de 1975, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la Ley y consecuentemente su derecho había quedado acreditado como integrante al régimen de pensiones, cesantía y jubilación a que hace referencia el Decreto Ley N° 20530.

Señala la demandante que con fecha 14 de setiembre de 1991 el Supremo Gobierno mediante Decreto Supremo N° 143-91-PCM autoriza al Instituto Peruano de Energía Nuclear a ejecutar un programa de incentivos para el retiro del Personal de todos los niveles, otorgándoles incentivos excepcionales y extraordinarios, disponiéndose que se consideraría como fecha de cese el día de pago del incentivo y beneficio correspondiente. Asimismo mediante Resolución N° 634-92-IPEN/OAJ/ORH de fecha 14 de noviembre de 1991 la demandada acepta las renuncias formuladas por su personal, incluida la recurrente, bajo el régimen laboral del Decreto Ley N° 20530 y por Resolución de Presidencia N° 738-91-IPEN/PR/OAJ del 16 de diciembre de 1991 se le abonó el 50% de sus beneficios sociales, reteniéndole el pago del 50%, que debido a su situación incierta de la relación laboral sostenida con la demandada se vio obligada a formular nueva renuncia, con la promesa de la empresa de abonarle la totalidad de los adeudos por beneficios sociales e incentivos, además que se le iniciaría el abono de su pensión al régimen del Decreto Ley N°20530, empero que la emplazada sólo le reconoció parte de los derechos económicos más no los pensionarios, no obstante que su reincorporación ya se había efectuado mediante la Resolución de Presidencia N° 498-90-IPEN/OAJ/ORH.

El Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Sector Energía y Minas contesta la Demanda negándola y contradiciéndola por estimar que la demandante nunca recibió pensión alguna del régimen de Pensiones del Estado normado por el Decreto Ley N° 20530, por cuanto su incorporación a dicho régimen es ilegal y por tanto el IPEN conforme lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 763 aplicó la nulidad de pleno derecho que establece dicho dispositivo legal respecto a las incorporaciones o reincorporaciones al régimen del Decreto Ley N° 20530, con transgresión del Artículo 14° de la citada norma, por cuanto el régimen laboral del accionante es el de la actividad privada normado por la Ley No. 4916. Expresa además que por Decreto Ley N° 21875 el Instituto de Energía Nuclear es una institución descentralizada del Sector Energía y Minas, siendo su régimen laboral de sus trabajadores el de la Ley No. 4916.

. Por su parte el Instituto Peruano de Energía Nuclear, por intermedio de su Presidente contesta la demanda negándola y contradiciéndola, manifestando que la demandante ha sido trabajadora de la institución, habiendo cesado en el mes de agosto de 1992, que siendo así esta acción deviene en extemporánea estando a que la propia Ley N° 23506 establece un término perentorio para ejercitarla, además que la demandante nunca ha percibido pensión alguna.

El Décimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, a fojas cincuenta y ocho, con fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y cinco, declara fundada la demanda, por considerar que en el caso de autos, de lo expuesto por las partes se concluye que entre ellas ha habido una relación laboral en virtud de la cual la emplazada resolvió mediante Resolución de Presidencia N°498-IPEN/OAJ/ORH incorporar a la actora al régimen de Pensiones del Decreto Ley N° 20530 según se advierte en el documento de fojas tres y cuatro, y que siendo ello así la actora debe gozar de todos los beneficios que le corresponden de acuerdo a la Ley antes citada; que el hecho que dichos pagos no se hayan efectuado, no constituye mérito suficiente para sostener que no cabe el Amparo, ya que la violación del derecho constitucional pensionario de la actora se está produciendo en forma continua desde que no se producen los efectos de lo resuelto en la Resolución de Presidencia, por lo que no cabe alegar caducidad; que en autos no obra documento alguno que acredite que la demandada haya dejado sin efecto la resolución que la incorpora a la demandante al Decreto Ley N° 20530.

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas cien, con fecha veintidós de abril de mil novecientos noventa y seis, revoca la apelada y declara improcedente la Acción de Amparo, por considerar que si bien es cierto que por Resolución de Presidencia N° 498-90-IPEN/OAJ/ORH incorporó a la demandante al régimen de pensiones del Decreto Ley N° 20530 y ésta cesó en el servicio en el mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, no es menos cierto que la demandante ha dejado transcurrir casi tres años hasta la interposición del Amparo, sin haber acreditado que durante ese tiempo se encontraba impedida de plantear esta Acción de garantía, o que estaba haciendo uso de la vía administrativa hasta agotarla, que siendo ello así la demandante ha interpuesto extemporáneamente esta acción de garantía, la que deviene en improcedente. Contra esta resolución la demandante interpone recurso extraordinario.

1. Que, conforme se aprecia del petitorio contenido en la demanda, éste se orienta a que se declare el derecho de la demandante a gozar de la pensión de cesantía prevista en el Decreto Ley N° 20530 así como a que ordene al Instituto Peruano de Energía Nuclear, el pago de las pensiones devengadas con los intereses legales respectivos.
2. Que, a efecto de determinar las condiciones de procedibilidad de la presente acción o en su caso, la legitimidad o no del petitorio formulado, debe señalarse que no cabe invocar para el presente caso la excepción de caducidad por cuanto se trata de un reclamo en materia pensionaría, donde los actos violatorios objeto de reclamo, asumen carácter continuado, por lo que en tales circunstancias no rige el término contemplado por el Artículo 37° de la Ley N° 23506, sino lo dispuesto por la última parte del Artículo 26° de la Ley N° 25398.
3. Que, existe jurisprudencia de este Colegiado en el sentido que la pretensión invocada sólo puede ventilarse dentro de un procedimiento provisto de los elementos probatorios necesarios como para determinar con exactitud el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que el régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530 exige, mas aún cuando a la demandante se le incorporó estando con vínculo laboral vigente. Más adelante producido el cese definitivo de la demandante no se emitió ninguna Resolución Administrativa que declarara el derecho a percibir la pensión de cesantía o que ordenara se efectúen los pagos correspondientes al mismo beneficio. Por lo que se deja a salvo el derecho de la actora de hacer valer su pretensión en la vía correspondiente.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica.

CONFIRMANDO la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima de fojas cien, su fecha veintidós de abril de mil novecientos noventa y seis, que revocando la sentencia apelada, declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el Diario Oficial El Peruano; y la devolución de los actuados.

GARCÍA MARCELO