Exp. N° 665-97-AA/TC

                                                                     Demandante: Arturo Olazo Rojas

                                                                     Junín.

 

 

 

                         SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

 

 

En Huánuco a los tres días del mes de julio de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal Consitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia

 

ASUNTO:

 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Arturo Olazo Rojas contra la resolución de la Sala Mixta Descentralizada de la Merced de la Corte Superior de Justicia de Junín de fecha once de abril de mil novecientos noventa y siete, que confirmando la  apelada del dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y seis, declaro Improcedente la Acción de Amparo interpuesta contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pichanaki, don Juan Valverde Pajar.

 

ANTECEDENTES:

 

Don Arturo Olazo Rojas interpone demanda de amparo por transgresión de sus derechos constitucionales  a la libertad de trabajo y a la legítima defensa al haberse expedido la Resolución de Alcaldía N° 143-96-MDP del diecinueve de julio de mil novecientos noventa y seis por parte del emplazado, motivo por el que solicita se deje sin efecto o se suspenda la aplicación de la misma y se reponga las cosas al estado anterior.

 

Especifica el demandante que el proceso de evaluación llevado a efecto por la Municipalidad Distrital de Pichanaki, ha tenido desde su inicio una serie de irregularidades, pues desde un principio y a como de lugar se ha pretendido sacar a la dirigencia de trabajadores de la cual forma parte en su calidad de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Municialidad demandada. Se ha actuado por ello en forma parcializada pues la conformación de la Comisión de Evaluación ha sido integrada por personal completamente allegado al Despacho de la Alcaldía y no se ha llegado a demostrar mediante un estudio la excedencia que se ha invocado como causal para cesarlo, siendo el demandante la única persona en tal situación.

 

Puntualiza asimismo que contra la Resolución de Alcaldía N° 143-96-MDP que lo cesa interpuso recurso de reconsideración sin que se haya obtenido respuesta alguna. Igualmente y con fecha anterior interpuso recursos de reconsideración y apelación contra la Resolución de Alcaldía N° 121-96-MDP del once de junio de mil novecientos noventa y seis por la que se aprobó la Directiva que norma la Evaluación Semestral de Personal de la Municipalidad demanda, sin que la vía administrativa haya quedado culminada.

 

El demandado contesta la acción interpuesta negándola y contradiciendola fundamentalmente por estimar: Que, no se ha violado el derecho a trabajar libremente del demandante, pues este ha sido declarado excedente luego de un proceso de evaluación en cumplimiento del Decreto Ley N° 26093 y la Ley de Presupuesto para el Sector Público de 1996, habiendose cumplido con todos los procedimientos debidos, como la aprobación de la Directiva N° 01-96-MDP  sobre Proceso de Evaluación mediante la Resolución de Alcaldía N° 121-96-MDP, expedida en forma previa al citado proceso y la conformación de la Comisión de Evaluación mediante la Resolución de Alcaldía N° 132-96-MDP; Que tampoco se ha privado al demandante de ejercer su derecho a la legítima defensa, ya que este ha venido haciendo uso del mismo.

 

De fojas ciento seis a ciento ocho y con fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y seis, el Juzgado Especializado en lo Civil de Chanchamayo, declara improcedente la demanda fundamentalmente por considerar: Que, el demandante no ha agotado las vías previas conforme lo preceptuado en el artículo 27° de la Ley N° 235065 ya que si bien presentó recurso de reconsideración contra la resolución impugnada, al no haber obtenido respuesta debió interponer en el término de ley el correspondiente recurso de apelación; Que, el afectado pretende discutir el proceso de evaluación y su excedencia , es decir, esta discutiendo no los efectos, sino la Ley N° 26093 y la Ley N° 26553, lo que esta prohibido por la Constitución en su artículo 200 inciso 2); Que, el único órgano responsable y competente del proceso de evaluación y excedencia es el Municipio, no pudiendo el juzgador irrogarse (sic) competencia que no le corresponde, salvo cuando se haya afectado un debido proceso administrativo, cosa que no ha ocurrido.

 

De fojas ciento veintiuno a ciento veintidós y con fecha once de abril de mil novecientos noventa y siete, la Sala Mixta Descentralizada de la Merced, de la Corte Superior de Justicia de Junín, confirma la resolución apelada principalmente por estimar: Que, la Octava Disposición Transitoria de la Ley N° 26553 de Presupuesto del Sector Público para 1996 incluye a los gobiernos locales en los alcances de la Ley N° 26093; Que la Municipalidad demandada en aplicación de dichos dispositivos emite la Resolución de Alcaldía N° 143-96-MDP, por la que se declara el cese del demandante despues de haber realizado el proceso de evaluación sin que se hayan producido irregularidades que agravien su derecho; Que, por lo dicho el Concejo demandado ha realizado actos en el ejercicio regular de sus funciones por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 6° de la Ley N° 23506.

 

Contra esta resolución el demandante interpone Recurso Extraordinario remitiendose los autos al Tribunal Constitucional.

 

FUNDAMENTOS:

 

1). Que, conforme se aprecia del petitorio contenido en la demanda interpuesta este se orienta a dejar sin efecto o suspender en su aplicación la Resolución de Alcaldía N° 143-96-MDP de fecha diecinueve de julio de mil novecientos noventa y seis espedida por el Alcalde de la Municipalid Distrital de Pichanaki, tras considerar que con la misma se ha transgredido los derechos constitucionales a la libertad de trabajo y a la legítima defensa.

 

2). Que, por consiguiente y a efectos de acreditar las condiciones de procedibilidad de la presente acción, o en su caso, la legitimidad o no del petitorio formulado, debe empezarse por señalar que en el presente caso, no puede invocarse la ausencia de agotamiento en las vías previas conforme al artículo 27° de la Ley N° 23506, pues si bien el demandante interpuso Recurso de Reconsideración con fecha dos de agosto de mil novecientos noventa y seis contra la citada Resolución de Alcaldía N° 143-96-MDP y dicho medio impugnatorio no fue debidamente respondido , no puede deducirse de ello y como lo entiende erroneamente la apelada, que el interesado debio interponer el recurso de apelación, toda vez que el demandante ha optado implícitamente por acogerse a la alternativa de espera al pronunciamiento expreso de la Administración pública previsto en el segundo párrafo del artículo 98° del Texto Unico de Normas Generales y Procedimientos Administrativos aprobado Por Decreto Supremo N° 02-94-JUS, habiendo interpuesto su Acción de Amparo con fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, luego de un razonable y justificado periodo de espera no incompatible con la previsión de caducidad contenida en el artículo 37° de la antes citada Ley N° 23506.

 

3). Que, asímismo y dentro de la merituación a las condiciones de procedibilidad, tampoco es válido sostener, como lo hace la recurrida, que resulta aplicable al caso de autos la previsión contenida en el inciso 4 del artículo 6° de la Ley N° 23506, ya que no es una dependencia administrativa ni una empresa pública, la que esta demandando a los Poderes del Estado y los organismos creados por la Constitución, sino que se trata de un particular contra una Municipalidad representada por su Alcalde, de donde resulta que no se ha configurado en modo alguno la relación procesal a la que se refiere la antes citada norma.

 

4). Que, en lo que respecta al asunto de fondo materia de la presente controversia, debe precisarse como cuestión preliminar, que aunque el demandante invoca junto con la transgresión a su libertad de trabajo, la violación de su derecho a la legítima defensa, del contenido de la demanda se infiere que esta última ha sido incorrectamente tipificada, pues como lo ha definido este Colegiado en las causas N° 007-97-AA/TC y N° 611-97-AA/TC, no debe confundirse la “legítima defensa” reconocida en el inciso 23) del artículo 2° de la Constitución, con el “derecho de defensa” reconocido en el inciso 14) del artículo 139° de la misma Norma Fundamental, por lo que haciendo uso del principio de suplencia de la queja previsto en el artículo 7° de la Ley N° 23506, se entiende que lo que ha querido invocar el demandante es el último de los mencionados derechos, aplicado al ambito del debido proceso administrativo.

 

5). Que, dentro de este orden de consideraciones y examinando el reclamo formulado por el demandante este Tribunal considera que aunque el proceso de evaluación que culmino con la Resolución de Alcaldía N° 143-96-MDP, pretendió llevarse a efecto en estricta observancia de la Ley N° 26093 y la Octava Disposición Transitoria de la Ley N° 26553 de Presupuesto para el Sector Público para 1996; de la Directiva N° 001-96-MDP sobre Programa de Evaluación del Rendimiento a ser aplicado al personal de la Municipalidad Distrital de Pichanaki (fojas siete a catorce), aprobada por Resolución de Alcaldía N° 121-96-MDP del once de junio de mil novecientos noventa y seis (fojas cuatro y cinco) , y particularmente de su Titulo V, apartado 5.3, se aprecia que la Comisión Técnica encargada de desarrollar la supervisión y el Programa de Evaluación de rendimiento, busco integrarse, entre otras personas, con Regidores del mismo Concejo demandado, situación que, en efecto, quedo corroborada al expedirse la Resolución de Alcaldía N° 132-96-MDP del dos de julio de mil novecientos noventa y seis (fojas noventa y siete y noventa y ocho) cuyo Artículo Primero designo a dos Regidores como miembros de la antes citada Comisión.

 

6). Que, por consiguiente, el hecho que los Regidores integren  comisiones evaluadoras cuando por mandato del artículo 191° de la Constitución Política del Estado, solo ejercen funciones de fiscalización y vigilancia de los actos de la administración municipal y carecen por ende, de competencia para realizar acciones que originen ceses de personal, representa un acto inconstitucional y atentatorio al Debido Proceso Administrativo, que desdibuja la posibilidad de un adecuado derecho de defensa de los trabajadores y atenta por extensión contra su libertad de trabajo, como por lo demás ya lo ha señalado reiterada jurisprudencia emitida en casos análogos por este mismo Colegiado.

 

7). Que, en consecuencia, habiéndose acreditado, transgresión de los derechos constitucionales reclamados, resultan de aplicación los artículos 1°, 3°, 7°, 9°  y 24° incisos 10) y 16) de la Ley N° 23506 en concordancia con los artículos 2° inciso 15) y 139° incisos 3) y 14) de la Constitución Política del Estado.

 

Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución y su Ley Orgánica

 

FALLA

 

REVOCANDO la resolución de la Sala Mixta Descentralizada de la Merced de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas ciento veintiuno, su fecha once de abril de mil novecientos noventa y siete, que, confirmando la apelada declaró improcedente la demanda. REFORMANDO la recurrida declara FUNDADA la Acción de Amparo interpuesta y en consecuencia INAPLICABLE a don Arturo Olazo Rojas la Resolución de Alcaldía N° 143-96-MDP del diecinueve de julio de mil novecientos noventa y seis, ORDENA al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pichanaki reponer las cosas al estado anterior a la violación de los derechos del demandante, sin reconocimiento de haberes durante el periodo no laborado. Dispone asimismo la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS.

 

ACOSTA SANCHEZ

 

DIAZ VALVERDE

 

NUGENT

 

GARCIA MARCELO

 

 

Lsd.