S-1084

(la) pretensión no puede ser discutida en una acción de garantía, dado que ésta, por ser de carácter sumarísimo, no permite la actuación de medios probatorios que se requieren para sustentar la decisión a recaer

Exp. N 753-96-AA/TC.

Lima.

Nancy Maritza Romero Villón.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

En Lima, a los veintidós días del mes de enero de mil novecientos noventa y ocho, el Tribunal Constitucional, reunido en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados:

Acosta Sánchez, Vicepresidente encargado de la Presidencia;

Nugent;

Díaz Valverde, y;

García Marcelo,

actuando como Secretaria Relatora la doctora María Luz Vásquez, pronuncia la siguiente sentencia:

ASUNTO:

Recurso extraordinario, que formulan doña Nancy Maritza Romero Villón, contra la resolución de fecha nueve de agosto de mil novecientos noventiséis, expedida por la Sala Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revocando la apelada de fojas ciento cincuentiuno a ciento cincuenticinco y reformándola, declaró improcedente la Acción de Amparo interpuesta contra el Banco de la Nación, su fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos noventicinco.

ANTECEDENTES:

Con fecha once de setiembre de mil novecientos noventicinco, doña Nancy Maritza Romero Villón interpone Acción de Amparo, contra el Banco de la Nación para que se deje sin efecto la Resolución Administrativa ficta que debió dictar el Banco de la Nación, respecto al recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Administrativa N 967-92-EF/92.5100, de fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventidós y por ende la inaplicabilidad de la precitada resolución, disponiendo el inmediato e incondicional pago de su pensión de cesantía a partir del primero de julio de mil novecientos noventicuatro, con los reintegros a que hubiere lugar, más los intereses de ley, costas y costos, por haberla excluido del régimen pensionario del Decreto Ley N 20530; que violan preceptos constitucionales referidos al respeto de la persona humana, a la vida, integridad física, igualdad ante la Ley, a la seguridad y bienestar familiar, al derecho de petición, al derecho de pago, reajuste y homologación de pensiones, irrenunciabilidad de derechos adquiridos; consagrados en los artículos 1, 2 incisos 1), 2), 15) y 18), así como en los artículos 20, 60, 57, 187 y Octava Disposición General y Transitoria de la Constitución Política del Perú de 1979.

Sostiene la demandante que, tiene la calidad de cesante sujeto al régimen pensionario del Decreto Ley N 20530, a mérito de lo dispuesto en las Leyes Ns 11377, 25066, 24156 y 25146; y de conformidad con las normas contenidas en la Directiva EF-92-6100-4900 N 005-90 y Resolución Administrativa N 0610-91-EF/92.5150, de fecha siete de agosto de mil novecientos noventiuno, en la cual el Banco de la Nación la incorpora al régimen de pensiones del Decreto Ley N 20530, acumulando a su tiempo de servicio cuatro años de formación profesional y dispuso la regulación de sus aportes al referido régimen.

Corrido traslado de la demanda, ésta es contestada por el Banco de la Nación, el que contradice la misma, solicitando se declare su improcedencia, por considerar que la demandante no ha agotado las vías previas, por no existir violación de derecho constitucional alguno, no asistiéndole el derecho a su reclamación por no reunir los requisitos establecidos en el Decreto Ley N 20530 y Leyes Ns. 24156, 24366, 25066 y 25388 y, finalmente, no ser la vía la idónea.

Con fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos noventicinco el Juez Provisional del Primer Juzgado Especializado en lo Civil, expide sentencia declarando fundada la demanda.

Interpuesto recurso de apelación, la Sala en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha nueve de agosto de mil novecientos noventiséis, expide resolución revocando la apelada y reformándola la declaró improcedente la demanda.

Interpuesto el recurso extraordinario, los autos son remitidos al Tribunal Constitucional.

FUNDAMENTOS:

  1. Que, las acciones de garantía tienen por objeto reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional.
  2. Que, a través de la presente Acción de Amparo, la demandante pretende que el Banco de la Nación cumpla con abonarle una pensión de cesantía dentro del régimen del Decreto Ley N 20530 a partir del primero de julio de mil novecientos noventicuatro, sin ningún tipo de limitaciones y el pago de intereses generados por las pensiones dejadas de percibir; pretensión que no puede ser discutida en una acción de garantía, dado que ésta, por ser de carácter sumarísimo, no permite la actuación de medios probatorios que se requieren para sustentar la decisión a recaer, como son: a) el contar con los informes de las Oficinas Técnicas respectivas, b) revisión de las resoluciones de nombramiento, c) constancias de pago de haberes y descuentos, entre otros documentos, con el objeto de establecer la procedencia del derecho que alega tener la accionante y en consecuencia, la Acción de Amparo no es la vía idónea para determinar el derecho de la actora, razón por lo cual la demandante debió recurrir a una vía más lata en la cual se puedan actuar medios probatorios y hacer valer el derecho pensionario que pudiera corresponderle.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional en ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,

FALLA:

CONFIRMANDO la resolución de la Sala en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha nueve de agosto de mil novecientos noventiséis, que corre a fojas doscientos veintiséis, que declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo y dispone se publique en el Diario Oficial El Peruano y los devolvieron.

SS.

ACOSTA SANCHEZ

NUGENT

DIAZ VALVERDE

GARCIA MARCELO

 

JLEE