EXP. N 790-96-AA/TC

LUIS PABLO CHACALIAZA ALTAMIRANO

ICA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a dieciséis días del mes de julio de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto contra la Resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica de fecha doce de setiembre de mil novecientos noventa y seis, en la Acción de Amparo seguida contra la Municipalidad Provincial de Nasca.

ANTECEDENTES:

Con fecha veintiséis de junio de mil novecientos noventa y seis, don Luis Pablo Chacaliaza Altamirano interpone Acción de Amparo contra la Municipalidad Provincial de Nasca a fin de que se declare inaplicable la Resolución de Alcaldía N 028-96-AMPN de quince de marzo de mil novecientos noventa y seis, por la cual se le cesa por causal de excedencia. Sostiene que laboró para la demandada desde el dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y seis hasta el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis; que, la comisión evaluadora ha actuado en forma arbitraria al aplicar el puntaje mínimo de sesenta puntos que se requería para no ser descalificado; que, interpuso recurso de reconsideración, no habiéndosele dado respuesta alguna; que, se ha vulnerado su derecho al trabajo.

Admitida la demanda, ésta es contestada por doña Haydée Luz Torres Zegarra, Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Nasca, la que señala haber actuado de conformidad con el Decreto Ley N 26093, habiéndose aprobado el reglamento de evaluación semestral mediante Resolución de Alcaldía N 023-96-AMPN de siete de marzo de mil novecientos noventa y seis, y señala que el demandante fue declarado excedente al no aprobar el examen de evaluación, destacando que se llevó a cabo con la presencia de un representante del Ministerio Público, por lo que la demanda debe declararse improcedente.

Con fecha veintitrés de julio de mil novecientos noventa y seis, el Juez Provisional del Juzgado Civil de Nasca expide resolución declarando infundada la Acción de Amparo, por considerar que la Municipalidad Provincial de Nasca, al emitir la Resolución N 33 de fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, en la que se le reconoce más de nueve años de servicios y se dispone el pago de su compensación por tiempo de servicios, no ha violado ningún derecho constitucional. Interpuesto recurso de apelación, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica expide resolución con fecha doce de setiembre de mil novecientos noventa y seis, confirmando la apelada. Contra esta resolución el demandante interpone Recurso Extraordinario.

FUNDAMENTOS:

  1. Que, la demandada mediante Resolución de Alcaldía N 028-96- AMPN de quince de marzo de mil novecientos noventa y seis dispuso el cese del demandante, ejecutándose dicha resolución antes de quedar consentida, situación que lo exime del agotamiento de la vía previa, toda vez que opera a su favor la excepción prevista en el inciso 1) del artículo 28 de la Ley N 23506 de Hábeas Corpus y Amparo.
  2. Que, la octava disposición transitoria y final de la Ley de Presupuesto Público para el año mil novecientos noventa y seis incluyó a los gobiernos locales dentro de los alcances del Decreto Ley N 26093, facultándose a las Municipalidades a efectuar semestralmente programas de evaluación de personal, de acuerdo a las normas que para el efecto establezcan, y a cesar por causal de excedencia al personal que no califique.
  3. Que, el derecho constitucional a la protección contra el despido arbitrario supone que el trabajador no puede ser despedido sino por causa justa, debidamente comprobada; por lo que los procesos especiales de cese de los servidores públicos por causal de excedencia deben realizarse con escrupulosa observancia de las disposiciones legales vigentes, a fin de no vulnerar derechos fundamentales de los mismos.
  4. Que, se aprecia de los actuados que el proceso de evaluación fue asumido por una Comisión designada por Resolución de Alcaldía N 026-96-AMPN de trece de marzo de mil novecientos noventa y seis integrada por los regidores, don José Anicama Risso, doña Natalia Canales Munarriz y don Rafael Alarcón Espinoza, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 191 de la Constitución Política del Estado y el inciso 3) del artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades N 23853, en virtud de los cuales los Regidores ejercen función de fiscalización y vigilancia de los actos de la administración municipal, careciendo de competencia para realizar acciones que originen cese de personal.
  5. Que, asimismo, la evaluación no comprendió todo el semestre como lo establece el Decreto Ley N 26093, sino los meses de enero y febrero del año mil novecientos noventa y seis, ya que la Resolución cuestionada, que dispone el cese por excedencia, se expidió el quince de marzo de dicho año.
  6. Que, en consecuencia, se han violado los derechos constitucionales del demandante a la protección contra el despido arbitrario y al debido proceso.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica:

FALLA:

REVOCANDO la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica a fojas cincuenta y tres, su fecha doce de setiembre de mil novecientos noventa y seis, que, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda; reformándola la declara FUNDADA, en consecuencia inaplicable al demandante la Resolución de Alcaldía N 028-96 AMPN de quince de marzo de mil novecientos noventa y seis, ordenándose se le reponga en el cargo que venía ocupando u otro de igual nivel, sin reintegro de las remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo no laborado. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

S.S.

ACOSTA SÁNCHEZ

DÍAZ VALVERDE

NUGENT

GARCÍA MARCELO