Exp. N°
810-96-AA/TC
Eliseo Mamani
Lajo
AREQUIPA.
En Arequipa, a los veintisiete días del mes de mayo
de mil novecientos noventiocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de
Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta
Sánchez, Vicepresidente encargado de la Presidencia; Nugent; Díaz Valverde y
García Marcelo, pronuncia sentencia:
ASUNTO: Recurso de Nulidad entendido como
el extraordinario, interpuesto por don Eliseo Mamani Lajo, contra la resolución
expedida por la Segunda Sala Civil de
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, su fecha cinco de agosto de mil
novecientos noventa y seis, que revocando la apelada declaró improcedente la
demanda.
ANTECEDENTES: Don Eliseo Mamani Lajo presentó
Acción de Amparo, contra el Instituto Peruano de Seguridad Social y el Jefe de
la División de Pensiones de la Oficina de Normalización Previsional de
Arequipa, con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución N°
22569-93 emitida por la División Regional de Pensiones del mencionado
Instituto, por medio de la cual se le denegó su pensión de jubilación, y que la
entidad demandada dispusiera se le otorgara su pensión conforme al Decreto Ley
N° 19990. Manifestó, que de conformidad
con dicha norma legal y su reglamento, con fecha veintitrés de junio de mil novecientos noventa y dos, presentó su
solicitud ante el
Instituto Peruano de Seguridad
Social - Gerencia de Pensiones, para que le otorgaran su pensión por haber
aportado más de dieciocho años a la entidad demandada, la misma que fue
denegada por lo que presentó una reclamación administrativa, con fecha dos de
agosto de mil novecientos noventa y cinco, la que no le fue contestada por
parte de la demandada, y dando por agotada la vía administrativa, interpuso la
presente demanda, por considerar que se ha vulnerado las garantías del artículo
103° de la vigente Constitución Política del Estado, al habérsele aplicado en
forma retroactiva la Ley N° 25967.
La Oficina de Normalización Previsional, contesta la
demanda solicitando que la misma sea declarada improcedente, por considerar que
el demandante pretendía que se le reconocieran mas años de aportación y así
tener derecho a una pensión de jubilación; asimismo planteó las excepciones de
caducidad, por considerar que la resolución administrativa cuestionada es del año de mil novecientos
noventa y tres, y que la reclamación que interpuso el demandante es de fecha
dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, y de
falta de agotamiento de la vía previa administrativa, por no haberse
cuestionado la Resolución N° 22569-93, mediante la que se le denegó la pensión
de jubilación. Asimismo, sostiene que la indicada resolución denegó la pensión
de jubilación, por no contar el demandante con los requisitos establecidos por
el Decreto Ley N° 25967, vigente desde el diecinueve de diciembre de mil
novecientos noventa y dos.
El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de
Arequipa, con fecha veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y seis, a
fojas ciento dieciséis declaró infundada la Acción de Amparo, por considerar
que al no haber resuelto la demandada,
la reclamación presentada por el
demandante con fecha dos de agosto de mil novecientos noventa y dos y
habiéndose vencido el plazo para ello, éste consideró agotada la vía
administrativa; y además porque a la fecha de dictarse el Decreto Ley N° 25967,
la solicitud de jubilación estaba en trámite, en consecuencia ésta debía
adecuarse a dicha norma legal, por lo que la resolución impugnada no viola
derecho constitucional alguno del demandante.
La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa, con fecha cinco de agosto de mil novecientos noventa y
seis, a fojas ciento cincuenta y tres, revocando la apelada declaró
improcedente la Acción de Amparo, por considerar, que la resolución cuestionada
fue emitida en mil novecientos noventa y tres, sin que el demandante haya
interpuesto los recursos administrativos pertinentes; y, por que la denominada
reclamación administrativa no fue materia de resolución ni consta que el
demandante hubiera interpuesto los recursos impugnativos, de conformidad con la
Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, no habiéndose por
ello agotado las vías previas.
Contra esta resolución el demandante interpone
recurso Extraordinario.
FUNDAMENTOS:
1. Que, de conformidad
con el artículo 1° de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo N° 23506, el objeto de
las acciones de garantía es el reponer las cosas al estado anterior a la
violación o amenaza de violación de un derecho constitucional.
2. Que, contra la
Resolución N° 22569-93, que deniega la solicitud de otorgamiento de pensión al
demandante, éste no ha acreditado en autos, haber cumplido con interponer los
recursos impugnativos que le facultaba el Decreto Supremo N° 06-67-SC
modificado por el Decreto Ley N° 26111, aplicable al presente caso; siendo así,
la cuestionada resolución quedó consentida, situación que en modo alguno es
revertida con la presentación por parte del demandante de la denominada
"reclamación" de fecha tres de agosto de mil novecientos noventa y
cinco.
3. Que, en
consecuencia, no habiendo acreditado el demandante, haber cumplido con agotar
la vía administrativa, de conformidad con las normas legales correspondientes,
resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 27° de la Ley N° 23506,
razón por la que resulta improcedente la presente acción de garantía.
Por estos
fundamentos el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confiere la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica:
FALLA:
CONFIRMANDO la resolución expedida por la
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas
ciento cincuenta y tres, su fecha cinco de agosto de mil novecientos noventa y
seis, que revocando la apelada declaró IMPROCEDENTE
la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación
en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.
S.S.
ACOSTA SANCHEZ,
NUGENT,
DIAZ VALVERDE,
GARCIA MARCELO.
FCV(AAM)