EXP. N. 907-96-HC/TC

LIMA

GREMIO NACIONAL DE EMPRESAS DE TRANSPORTES - GRENAET

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los dieciocho días del mes de junio de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

ASUNTO :

Recurso Extraordinario interpuesto por don Nilsen Mallqui Laurence, contra la Resolución expedida por la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas cuarenta y uno, su fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y seis que declaró improcedente el Hábeas Corpus; por considerar que la accionante desempeña actividad de carácter comercial y lucrativa por lo que, obligatoriamente debe someterse a las normas administrativas de control y seguridad vial.

ANTECEDENTES :

Don Daniel Rivera de la Cruz y don Ceferino Antonio Torres Nina, en su calidad de directivos del Gremio Nacional de Empresas de Transportes -GRENAET- interponen Acción de Hábeas Corpus y la dirigen contra el General PNP Patricio Coaguila Murillo, en su condición de Jefe de la Dirección de Seguridad Vial de la VII Región PNP de Lima, contra el Capitán PNP de apellido Muro y personal subalterno de la PNP de apellidos Medina, Martínez, Condori, Cossío, Vásquez, Jauli, Bandezú y otros, y de las personas civiles: doña Ivonne y don Lucío Juan Fernández Condori, doña Karina Rosemary Fernández Romero y don Pedro Pablo Sandoval Arias, por ser objeto de acoso, seguimiento policial, coacción y limitación al libre tránsito, violándose así sus derechos a la libertad personal, ya que los efectivos de la PNP apostados en toda la extensión de las avenidas Tacna, Wilson, Arequipa, etc; de esta ciudad de Lima, han procedido a imponerles papeletas por infracciones no cometidas y al internamiento de sus vehículos en el depósito oficial, y aun al secuestro del servidor don Nilsen Mallqui Laurence; que, estos hechos ocurrieron los días uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis de agosto de mil novecientos noventa y seis, en que interponen esta acción.

Al apersonarse el señor Juez a la Delegación Policial de Miraflores, constata que no se encuentra don Nilsen Mallqui Laurence, procediendo a recibir la declaración del Técnico de Tercera PNP Carlos Carhuayo Oquendo, a cargo de la recepción de denuncias de la División de Accidentes de Tránsito, quien manifestó que tres vehículos habían ingresado por la mañana, derivados por el personal de la Unidad de Control de Tránsito, debido a infracción del Código de Tránsito, por no estar autorizados a circular por la cuadra cincuenta y dos de la Avenida Arequipa; termina solicitando al Juzgado que se requiera a los interesados a efecto de que acompañen al Anexo 2 de la Resolución Directoral N 064-95-MDC/DG del diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco, la que debe especificar cuáles son los vehículos autorizados a circular por dicha ruta.

El Décimo Tercer Juzgado en lo Penal de Lima, con fecha siete de agosto de mil novecientos noventa y seis, a fojas treinta y tres, declara improcedente la acción, por considerar, principalmente, que la Policía ha actuado en ejercicio de sus funciones.

La Sala de Derecho Público, con fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y seis, a fojas cuarenta y uno, confirma la apelada por estimar que las actividades que desarrolla la accionante, no obedecen necesariamente a fines sociales sino que constituyen un servicio público de transporte por lo que, obligatoriamente, debe someterse a las normas administrativas de control y seguridad vial. Contra esta resolución el demandante interpone Recurso Extraordinario.

FUNDAMENTOS :

  1. Que, el fin principal de esta acción es solicitar cese el acoso y seguimiento policial que afirman son objeto las unidades vehiculares de la demandante por parte de algunos efectivos de la Policía Nacional del Perú al hacer uso de las rutas que tienen en concesión, por lo que las sanciones que son objeto los vehículos de transporte público por infracciones o supuestas infracciones al Reglamento Nacional de Servicio Público de Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros no pueden ser resueltas en Acción de Hábeas Corpus, por ser ésta la vía sumaría más expeditiva de las Acciones de Garantía, y que sólo proceden ante el hecho u omisión que vulnere o amenace la libertad individual o los derechos constitucionales conexos, lo que no se da en el presente proceso.

  1. Que, la limitación al libre tránsito que aduce la accionante al prohibírseles transitar por algunas calles, se entiende que lo hace a favor y en referencia a sus unidades vehiculares de servicio público, con restricción lo que dispone el Decreto Supremo N 012-95-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Servicio Público de Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros y, de no estar de acuerdo con la ruta dada en concesión, debe recurrir a la autoridad administrativa, quien, con la documentación necesaria, resolverá si las vías por donde circulan son o no parte de la ruta en concesión; pero no a la Acción de Hábeas Corpus, por no ser la idónea para ello.

3. Que, a pesar de no ser motivo del petitorio, la accionante manifiesta a través de la denuncia, que el día que interpusieron esta acción, el servidor don Nilsen Mallqui Laurence fue secuestrado por las autoridades policiales, sin indicar el motivo ni individualizar al autor ni el lugar donde se encontraba detenido, a pesar de esto, el Juez, al constituirse a la Delegación Policial de Miraflores, no encontró al supuesto agraviado, por lo tanto, no se comprobó la detención, es más, el mismo se apersona al proceso, como es de verse de fojas cincuenta y nueve, y no se ratifica en la acción en cuanto a su secuestro se refiere, no señala ni indica el lugar donde se encontró secuestrado, el tiempo que lo estuvo ni menos la autoridad que había ordenado o actuado el secuestro, es decir, no hace ninguna referencia al mismo.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

FALLA :

CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas cuarenta y uno, su fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y seis, que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la Acción de Hábeas Corpus. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y devolución de los actuados.

S.S.

ACOSTA SÁNCHEZ,

DÍAZ VALVERDE,

NUGENT,

GARCÍA MARCELO.