EXP. N 030-98-AA/TC

LIMA

ASOCIACIÓN DE CESANTES JUBILADOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS DE LA REGIÓN CENTRAL

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los dieciséis días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por la Asociación de Cesantes Jubilados de Correos y Telégrafos de la Región Central contra la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, que declaró improcedente la Acción de Amparo.

ANTECEDENTES:

La Asociación de Cesantes Jubilados de Correos y Telégrafos de la Región Central interpone demanda de Acción de Amparo contra el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, con la finalidad de que se declare nula y sin efecto legal la Resolución Suprema N. 102-96-MTC, de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y seis, en el que se aprueba el Estatuto de la Asociación Mutualista del Sector de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (Ex Asociación Mutualista de Correos y Telecomunicaciones), que dicha aprobación es arbitraria y unilateral en razón de que jamás ha sido consentida, mucho menos aceptada, ni ha existido participación ni aprobación por los miles de asociados, lo que ha constituido un atropello de los derechos e intereses de los asociados tutelados por el artículo 1 e inciso 2) del artículo 2 de la Carta Magna. Ampara su demanda en lo dispuesto por el artículo 24 incisos 2), 8), 9), 13), 14) y 22); artículos 26, 29 y 30 de la Ley N. 23506; artículo 1, 46, 109, 138, 139 inciso 3); 200 inciso 2) de la Constitución Política del Estado, artículos 130, 424, 425 del Código Procesal Civil y otras normas aplicables a la presente.

El Ministerio demandado contesta la demanda solicitando que se declare infundada o improcedente, toda vez que la Ministra del sector ha actuado en el uso de las facultades que la ley le permite, asimismo, como consecuencia de un proceso de auditoría a tal asociación; por otro lado, la Acción de Amparo no es la vía idónea para pretender dejar sin efecto un acto administrativo, asimismo, la acción ha caducado al haber sido interpuesta después de sesenta días; por último, no proceden las acciones de garantía contra normas legales.

El Tercer Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha seis de marzo de mil novecientos noventa y siete, declaró infundada la demanda, por considerar, entre otras razones, que no se desprende ni del petitorio ni de la fundamentación de la demanda incoada en qué forma la Resolución Suprema cuestionada lesiona intereses y cuál es el derecho constitucional vulnerado, siendo en todo caso la impugnación de resolución administrativa la vida idónea para cuestionar sus efectos, consecuentemente, se colige que la presente demanda carece de uno de los elementos esenciales para la presente vía, cual es el acreditar la existencia del hecho violatorio que lesione un derecho reconocido por la Carta Magna.

Interpuesto Recurso de Apelación, la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, revocando la apelada declara improcedente la demanda, por considerar que en la Constitución Política del Estado en el inciso 2) del artículo 200 señala que la Acción de Amparo procede respecto de hechos u omisiones, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza derechos reconocidos por la Constitución taxativamente; se precisa que no procede contra normas legales; que en el caso submateria, precisamente, se pretende cuestionar en amparo una norma legal de carácter general para el sector al que atañe; para el caso, la norma constitucional prescribe distinto mecanismo. Contra esta resolución, la demandante interpone Recurso Extraordinario.

 

FUNDAMENTO:

  1. Que la acotada Resolución Suprema no es susceptible de debatirse mediante la vía procesal constitucional de la Acción de Amparo, toda vez que no procede mediante esta acción de garantía cuestionar la validez de normas legales. De conformidad con los incisos 2) y 5) del artículo 200 de la Constitución Política del Estado , se establece que la vía procedimental de la Acción Popular es la pertinente para un petitorio como el invocado en la presente demanda. Asimismo, debe entenderse que el concepto de norma legal vertido en estos dos incisos antes señalados es el cuerpo normativo que lleva consigo disposiciones que tienen naturaleza jurídica de carácter general.

Por este fundamento, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

FALLA:

CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos veintinueve, su fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, que revocando la apelada declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

SS.

ACOSTA SÁNCHEZ

DÍAZ VALVERDE

NUGENT

GARCÍA MARCELO

MR