En Arequipa, a los veintinueve días del mes de enero de mil novecientos noventinueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia.

ASUNTO: Recurso Extraordinario interpuesto por don Melchor Saico Choque, contra la resolución de nueve de noviembre de mil novecientos noventiocho, emitida por la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de la República, de fojas doscientos catorce, que declaró Improcedente la demanda de amparo interpuesta. El demandante fundamenta su recurso extraordinario, refiriendo que al haber presentado recurso de apelación dio por agotada la vía previa, por lo que la sentencia de la Sala se equivoca cuando sostiene que no agotó dicha vía.

ANTECEDENTES: Don Armando Cervantes Villalobos, interpone demanda de Acción de amparo contra el Gerente General de la Oficina de Normalización Previsional ONP, y solicita se deje sin efecto la Resolución 24353-93, expedida por la Gerencia Departamental de Arequipa, División de Pensiones, mediante la cual se le otorga una pensión de jubilación aplicándose lo dispuesto en el Decreto Ley 25967, cuando le correspondía el otorgamiento de su pensión de acuerdo al régimen del Decreto Ley 19990, habiéndose dado lugar a la reducción mensual de su pensión.

La Oficina de Normalizacion Previsional, contesta la demanda argumentando que esta acción debe ser declarada improcedente puesto que existe caducidad de la acción, al haberse interpuesto la presente, después de transcurridos cuatro años, contados desde la expedición de la última resolución administrativa. Por otro lado, también plantea excepción de Falta de Agotamiento de la Vía Administrativa Previa, sosteniendo que el demandante interpuso recurso de apelación sin haber interpuesto previamente el recurso de reconsideración como lo dispone la Ley Procedimientos Administrativos, siendo además ese recurso de Apelación que obra a fojas cuatro, extemporáneo.

El Segundo Juzgado Expecializado de Trabajo con fecha veintidós de julio de mil novecientos noventiocho, y a fojas cinto setenticinco, emite sentencia, declarando Infundadas las excepciones de caducidad y falta de agotamiento de la vía previa y Fundada la demanda de amparo, por considerar que la aplicación del Decreto Ley 25967 al demandante se ha hecho en forma retroactiva, violándole su derecho a recibir una pensión con arreglo a le eran de aplicación.

La Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia, a fojas doscientos catorce y con fecha nueve de noviembre de mil novecientos noventiocho, declara improcedente la excepción de caducidad y Fundada la excepción de Falta de Agotamiento de la Vía Previa e Improcedente la demanda interpuesta, al considerar que el recurso impugnativo de Apelación en la vía administrativa, fue interpuesto por el recurrente fuera del plazo dispuesto por el artículo 99° de la Ley de Procedimientos Administrativos, por tanto no se puede considerar agotada la vía previa.

Contra esta resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario.

FUNDAMENTOS: 1.- Que, el demandante solicita que la ONP le otorgue su pensión de jubilación al amparo de lo que establece el Decreto Ley 19990, dejándose sin efecto la Resolución 24353-93, por la cual se reduce la pensión solicitada al haberse aplicado lo dispuesto por el Decreto Ley 25967. 2.- Que, en cuanto al fondo del asunto, aparece a fojas dos, que el demandante cesó en sus actividades laborales el nueve de diciembre de mil novecientos noventidós, generando su derecho pensionario a partir del día siguiente a tenor de lo dispuesto en el artículo 80° del Decreto Ley 19990, norma vigente al momento en que el demandante presentó su solicitud acogiéndose a este régimen pensionario, el mismo que es de aplicación según lo ha señalado el Tribunal en la causa N°007-96-I/TC, por cuanto el demandante ha cumplido con los requisitos señalados en el Decreto Ley 19990 para obtener su pensión de jubilación, habiendo incorporado a su patrimonio dicho derecho, el cual no está supeditado a la decisión de la ONP, sino que es un mandato expreso de la ley. 3.- Que, al habérsele aplicado al demandante el sistema de cálculo establecido por el Decreto Ley 25967 y no el que establece el Decreto Ley 19990 se ha contravenido lo consagrado por la Disposición Octava General y Transitoria de la Constitución de 1979, vigente en la fecha de ocurridos los hechos, reafirmado luego por la Primera Disposición Final y Transitoria de la Carta Política de 1993, y vulnerado su derecho pensionario. 4.- Que, en cuanto al asunto de forma o de procedibilidad administrativa, el artículo 27° de la ley 23506 de Habeas Corpus y Amparo, es expreso cuando señala que "sólo procede la accion de amparo cuando se hayan agotado las vías previas". Es así, que al analizarse el procedimiento administrativo que se siguió en el presente caso, a fin de hacer valer su derecho y darle oportunidad al ente administrativo para una autocorrección, apreciamos que únicamente se interpuso el recurso impugnativo de apelación de fojas cuatro, su fecha 23 de mayo de 1997, sin que se haya interpuesto previamente el recurso de reconsideración, por lo que no se ha cumplido con lo dispuesto en los artículos 98° y 99° del Decreto Supremo 02-94-JUS, para el ejercicio de los recursos impugnativos. 5.- Que, no es suficiente hacer valer los derechos en la vía administrativa con la presentación de los recursos impugnativos, sino que estos deben ser presentados en la forma y plazos señalados por ley.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,

CONFIRMANDO la resolución expedida por la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas doscientos catorce, su fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventiocho, que revocó la sentencia apelada declarando fundada la excepción de Falta de Agotamiento de la vía administrativa e IMPROCEDENTE la acción de amparo interpuesta; dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de lo actuado.

S.S. ACOSTA SÁNCHEZ; DÍAZ VALVERDE; NUGENT; GARCÍA MARCELO