EXP. N° 045-99-AA/TC
MANUEL E.HITO CCALLA Y OTROS
AREQUIPA
SENTENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Arequipa, a los
veintiocho días del mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, reunido el
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de
los señores Magistrados Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente;
Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia.
ASUNTO:
Recurso Extraordinario
interpuesto por don Manuel E. Hito Ccalla y otros contra la resolución expedida
por la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas
ochenta y tres, su fecha dos de noviembre de mil novecientos noventa y ocho,
que declaró improcedente demanda de Acción de Amparo interpuesta. Expresan como
fundamentos, que la Sala Juzgadora aplicó indebidamente el artículo 37° de la
Ley de Hábeas Corpus y Amparo, por cuanto el Pacto Colectivo o Convención
Colectiva de fecha cuatro de marzo de 1992, regulado por la anterior
Constitución, celebrado entre trabajadores y la Municipalidad de Arequipa, esta
vigente y no ha sido derogado por declaración expresa.
ANTECEDENTES:
Don Manuel E. Hito Ccalla,
don Leonidas Jorge Herrera Paz, don Hector Lazo Gutierrez y don Heradio Carpio
Oviedo interponen demanda de Acción de Amparo contra el Concejo Provincial de
Arequipa, representado por su señor Alcalde don Roger Cáceres Pérez, solicitando
que la comuna demandada cumpla con las obligaciones aprobadas por Trato Directo
o Convención Colectiva de fecha cuatro de marzo de 1992, por haberse
violado sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo, derecho
de petición, a la remuneración y beneficios sociales que le amparan los
artículos 2° y 54° de la Constitución Política del Estado de 1993 y artículos
1°, 2° 4°, 24° inciso 13), 28° de la Ley N° 23506; refiriendo como hechos que
en su condición de empleados del Concejo Provincial de Arequipa, por intermedio
de su sindicato presentaron un pliego de reclamos contra la empleadora,
realizándose, el día cuatro de marzo de 1992, una sesión de Trato Directo con
los representantes del Municipio, que terminó en un acuerdo colectivo favorable
a ambas partes, acordándose otorgar un incremento mensual de S/. 300.oo, a
partir de julio de 1992 otro incremento de S/. 100.oo mensuales; tres
remuneraciones mínimas por concepto de bonificación por Escolaridad, por el día
internacional del trabajo, día de la madre, día de Arequipa y día del
Trabajador Municipal, un sueldo integro por vacaciones, mas todos los
beneficios logrados en pactos anteriores; que con fecha cuatro de marzo de
1992, se dictó la Resolución Municipal N° 152-E que aprobó el acta de trato
directo de esa fecha; que con fecha 25 de marzo de 1992 se suscribió un acta
complementaria, por la cual se fijaban nuevas
fechas para hacerse efectivos el
incremento de los cien nuevos soles, la bonificación por el día de la madre y
por vacaciones; que con fecha 27 de abril de 1993, mediante Resolución
Municipal N° 103-E el nuevo Alcalde del Concejo demandado, anuló el Pacto
Colectivo de fecha cuatro de marzo de 1992; que mediante Resolución N° 2080 de
fecha 25 de mayo de 1993 se dejó sin efecto legal la Resolución N° 103-E de
veintisiete de abril de 1993; que habían cesado en su relación laboral con la
demandada en el año de 1996.
El demandado, Concejo
Provincial de Arequipa, representado por su apoderado don Félix Tito Gonza
contesta la demanda deduciendo las excepciones de litispendencia y de falta de
agotamiento de la vía administrativa previa, precisando que los demandantes habían
interpuesto con anterioridad Acciones de Amparo en las que también reclaman
el pago de diversos conceptos, entre
ellos el pago de beneficios sociales y remuneraciones; que los demandantes no
han probado el haber agotado la vía administrativa, ni los canales procesales
respectivos para reclamar los derechos que consideren lesionados, tanto mas aún
que no existe resolución administrativa que cause estado; que los demandantes
solicitan el pago de diversas sumas y conceptos, lo cual no es legal ya que los
convenios y pactos colectivos, según el Código Civil, pueden ser declarados
nulos, cuando atentan y afectan el Interés Público y Nacional.
El Tercer Juzgado
Especializado en lo Laboral de Arequipa, con fecha treinta de junio de mil
novecientos noventa y ocho, a fojas sesenta, declara fundada la excepción de
litispendencia en relación a Jorge Leonidas Herrera Paz y Héctor Lazo
Gutierrrez, e infundada la demanda interpuesta por don Manuel E. Hito Ccalla y
Heradio Carpio Oviedo por considerar principalmente que, no obstante estar
obligados los accionantes a probar que la entidad demandada les negó el pago de
sus beneficios sociales, éstos no llegan a probar dicho extremo; así, también,
no acreditan haber efectuado gestión alguna para cobrar sus beneficios
sociales, como tampoco lo han reclamado
expresamente; por lo tanto, la acción de amparo incoada deviene en infundada en
razón a que no se ha probado objetivamente la violación, negación o recorte de
algún derecho constitucional.
La Sala Laboral de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa, con fecha dos de noviembre de mil novecientos
noventa y ocho, a fojas ochenta y tres, revoca la apelada, por estimar que
teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 37° de la Ley N° 23506, el cual
establece que el término para el ejercicio de la acción de amparo caduca a los
sesenta días hábiles de producida la afectación y habiendo transcurrido casi
cinco años entre la fecha en que se expidió la Resolución Municipal N° 2080 y
la fecha en que se ha interpuesto esta acción, el derecho de los actores ha
caducado.
Contra esta resolución la
demandante interpone recurso extraordinario.
FUNDAMENTOS:
1.-
Que, el objeto de las acciones de garantía es el reponer las cosas al
estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho
constitucional;
2.-
Que, los demandantes no han acreditado en autos la presunta amenaza o violación de sus derechos de rango
constitucional, a lo que se añade que la Acción de Amparo por ser una vía
sumarísima y carente de estación probatoria, no es la correcta para resolver el
caso que nos ocupa;
3.-
Que, la supuesta violación de derechos constitucionales se habría producido
al momento de emitirse la Resolución Municipal N° 103-E de fecha veintisiete de
abril de 1993 y/o al emitirse la Resolución Municipal N° 2080 el día
veinticinco de Mayo de 1995;
4.-
Que, los demandantes presentaron su demanda de Acción de Amparo en
fecha catorce de mayo de 1998, vale
decir luego de transcurridos casi cinco años de producida la presunta violación
de sus derechos;
5.-
Que, el artículo 37° de la Ley N° 23506, establece que: “ El ejercicio de la
Acción de Amparo caduca a los sesenta días hábiles de producida la afectación,
siempre que el interesado, en aquella fecha, se hubiese hallado en la
posibilidad de interponer la acción. Si en dicha fecha esto no hubiese sido
posible, el plazo se computará desde el momento de la remoción del
impedimento.”,
6.-
Que, de autos no se aprecia que los demandantes hubiesen tenido impedimento
para poder plantear su demanda de Acción de Amparo oportunamente,
7.-
Que, habiendo transcurrido en exceso el plazo previsto en el artículo 37°
de la Ley N° 23506, la presente acción resulta caduca.
Por estos fundamentos, el
Tribunal Constitucional, en
ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del
Estado y su Ley Orgánica;
FALLA:
CONFIRMANDO la resolución
expedida por la Sala Laboral de la
Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas ochenta y tres, su fecha dos
de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, que revocó la apelada que
declaró fundada la excepción de litispendencia
en relación a Jorge Leonidas Herrera paz y Hector Lazo Gutierrrez e
infundada la demanda interpuesta por Manuel E. Hito Ccalla y Heradio Carpio
Oviedo y reformándola declaró IMPROCEDENTE
la demanda; dispone la notificación
a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de
lo actuado.
S.S.
Acosta
Sánchez;
Díaz
Valverde;
Nugent;
García Marcelo.
FCV