EXP 0069-95-AA/TC.

LIMA

ANGELA PAQUITA ALAYA OLIVA.

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los dieciocho días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent; y García Marcelo, pronuncia sentencia:

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por doña Angela Paquita Alaya Oliva contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas trece del cuaderno de nulidad, su fecha veintisiete de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, que declara No Haber Nulidad en la sentencia de vista, que revocando la apelada declaró improcedente la demanda.

ANTECEDENTES:

Doña Angela Paquita Alaya Oliva, con fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y tres, interpone demanda de Acción de Amparo contra el Gerente Departamental de La Libertad del Instituto Peruano de Seguridad Social, solicitando que se deje sin efecto la Resolución N 1108-GDLL-IPSS-92, la misma que le fue notificada con fecha veintidós de junio de mil novecientos noventa y tres, mediante la cual se le cesa en el servicio por causal de racionalización de personal. Indica que se han vulnerado sus derechos constitucionales referidos a la libertad de trabajo y a la adecuada protección contra el despido arbitrario. Sostiene que no obstante que varios servidores resultaron desaprobados en el examen de evaluación y selección de personal llevado a cabo por el demandado, solamente se ha despedido a su persona.

El Gerente Departamental de La Libertad del Instituto Peruano de Seguridad Social contesta la demanda manifestando que la demandante no ha agotado la vía previa; que la racionalización del personal administrativo se ha efectuado de conformidad con el Decreto Ley N 25636 y la Directiva N 039-DE-IPSS-92; que la demandante fue cesada por no haber obtenido el puntaje mínimo establecido para el caso, razón por la que, de conformidad con el Acuerdo N 2-43-IPSS-92, se le concedió una indemnización extraordinaria.

El Juez Especializado en lo Civil de San Pedro de Lloc, a fojas cuarenta y seis, con fecha catorce de diciembre de mil novecientos noventa y tres, declaró fundada la demanda por considerar principalmente que tratándose de selección de personal y no habiendo la demandada demostrado la equidad e idoneidad de las evaluaciones o exámenes, es decir, la existencia de cuestionarios claros y la formulación de una prueba única de acuerdo a la especialidad o categoría, esto implica la existencia de una discriminación que atenta contra lo establecido en el inciso 10) del artículo 24 de la Ley N 23506.

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, con fecha catorce de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, a fojas sesenta y ocho, revoca la apelada que declaró fundada la demanda y reformándola la declara improcedente por estimar que la demandante no ha agotado la vía previa, toda vez que no ha cumplido con interponer los recursos impugnativos que establece la ley.

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, a fojas trece del cuaderno de nulidad, con fecha veintisiete de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, declaró No Haber Nulidad en la de vista, por considerar que la demandante no ha agotado la vía administrativa. Contra esta resolución, la demandante interpone Recurso Extraordinario.

FUNDAMENTOS:

  1. Que las acciones de garantía proceden en los casos en que se violen o amenacen los derechos constitucionales por acción o por omisión de actos de cumplimiento obligatorio y tienen por objeto reponer los hechos al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, conforme lo prescriben los artículos 1 y 2 de la Ley N 23506 concordante con el artículo 200 de la vigente Carta Política del Estado.
  2. Que conforme se advierte de la instrumental presentada por la demandante, que obra a fojas cuarenta y dos, con fecha ocho de junio de mil novecientos noventa y tres, ésta interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N 1108-GDLL-IPSS-92.
  3. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 103 de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, Decreto Ley N 26111, aplicable al caso de autos, la vía administrativa queda agotada con la resolución expedida en segunda instancia; en consecuencia, no habiendo la demandante acreditado haber interpuesto el correspondiente recurso de apelación, no ha cumplido con agotar la vía previa que exige el artículo 27 de la Ley N 23506.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

FALLA:

CONFIRMANDO la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas trece del cuaderno de su propósito, su fecha veintisiete de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, que declaró No Haber Nulidad en la de vista, que revocando la apelada declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el Diario Oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

S.S.

ACOSTA SÁNCHEZ,

DÍAZ VALVERDE,

NUGENT,

GARCÍA MARCELO.