EXP. N.° 080-99-AA/TC

AREQUIPA

MIGUEL SUCAPUCA CURI

 

                                                                                                         

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

 

En Arequipa, a los cuatro días del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

 

ASUNTO:

 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Miguel Sucapuca Curi, contra la Resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas setenta y ocho, su fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la demanda de Acción de Amparo.

 

ANTECEDENTES:

 

Don Miguel Sucapuca Curi interpone demanda de Acción de Amparo contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, solicitando que se declaren inaplicables las resoluciones municipales N.os 102-E y 150-O-95 y se le restituya los derechos laborales, por haberse violado su derecho constitucional al trabajo. Refiere que con fecha dieciocho de enero de mil novecientos ochenta y ocho, ingresó a trabajar en la citada municipalidad. Indica que mediante la Resolución Municipal N.° 155-0, de fecha veintidós de julio de mil novecientos noventa, se le nombró en calidad de obrero permanente. Refiere que a través de la Resolución  Municipal  N.° 811-E, se declaró la nulidad de la resolución de nombramiento, la misma que a su vez fue dejada sin efecto por la Resolución Municipal N.° 858-E del ocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, disponiendo reponer los nombramientos. Posteriormente, la demandada emitió la Resolución Municipal N.° 102-E del veintisiete de abril de mil novecientos noventa y tres, que declaró la nulidad de las resoluciones de nombramiento, contra la cual interpuso Recurso de Apelación, el cual fue declarado improcedente mediante la Resolución N.° 150- O-95, que le fue notificada con fecha once de marzo de mil novecientos noventa y seis.

 

El apoderado de la Municipalidad Provincial de Arequipa contesta la demanda, precisando que por Decreto Supremo N.° 099-90-PCM y las leyes N.os 25268, 26404, 26553 y 26706, quedó prohibido efectuar nombramientos y celebrar nuevos contratos de personal. Indica que el Decreto Supremo N.° 005-90-PCM establece que cualquier contrato o nombramiento debe efectuarse por concurso público, lo cual no ha sido observado en el caso del demandante, por lo que mediante la Resolución Municipal N.° 102-E-93, se declararon nulos los indebidos nombramientos.

           

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, a fojas cuarenta y siete, con fecha once de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, declara fundada la excepción de caducidad y, en consecuencia, nulo lo actuado y concluido el proceso, por considerar, principalmente, que la Resolución N.° 150-O-95 fue notificada al demandante con fecha once de marzo de mil novecientos noventa y seis, dándose por agotada la vía administrativa, y que al haberse interpuesto la demanda fuera del plazo legal, cabe ampararse la excepción de caducidad.

 

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a fojas setenta y ocho, con fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, confirma la apelada e integrándola declaró improcedente la demanda, por considerar que el proceso administrativo seguido por el demandante contra la resolución que anuló su nombramiento concluyó el once de marzo de mil novecientos noventa y seis, fecha en que quedó agotada la vía administrativa, razón por la que desde aquella fecha ha vencido el plazo de caducidad. Contra esta resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario.

 

FUNDAMENTOS:

1.                  Que, de conformidad con el artículo 1° de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo N.° 23506, el objeto de las acciones de garantía es el reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional.

 

2.                  Que, mediante la Resolución Municipal N.° 155-0, de fojas seis, su fecha veintidós de julio de mil novecientos noventa, se nombró al demandante a partir del uno de julio de dicho año. Posteriormente, mediante la Resolución Municipal N.° 102-E de fecha veintisiete de abril de mil novecientos noventa y tres, se declaró la nulidad de la resolución municipal antes citada, entre otras.

 

3.                  Que la citada Resolución Municipal N.° 155-0 fue declarada nula mediante la Resolución N.° 811-E, de fojas doce, su fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos, la misma que a su vez fue dejada sin efecto legal mediante la Resolución Municipal N.° 858-E, de fojas catorce, su fecha ocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos,

 

4.                  Que, mediante la Resolución Municipal N.° 102-E, de fojas dieciséis de autos, expedida en uso de las facultades conferidas por el Concejo en sesión del nueve de marzo de mil novecientos noventa y tres, teniendo en cuenta las decisiones administrativas detalladas en el fundamento precedente, la corporación municipal demandada declaró la nulidad de la citada Resolución Municipal N.° 349-E.

 

5.                  Que, a fojas dieciocho de autos obra copia de la Resolución Municipal N.° 150-O-95, de fecha veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, notificada al demandante con fecha once de marzo de mil novecientos noventa y seis, mediante la cual se resuelve declarar improcedente el Recurso de Apelación que interpuso contra la Resolución Municipal N.° 102-E, quedando agotada la vía administrativa; en consecuencia, a la fecha de presentación de la demanda materia de autos, ocurrida el veinticinco de junio de mil novecientos noventa y ocho, había caducado el derecho de acción del demandante, al haberse vencido en exceso el plazo establecido por el artículo 37° de la Ley N.° 23506.

 

       Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

 

FALLA:

CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas setenta y ocho, su fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que confirmando la apelada declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS.

 

ACOSTA SÁNCHEZ

DÍAZ VALVERDE

NUGENT

GARCÍA MARCELO

 

           AAM.