EXP. N.° 083-99-AA/TC

AYACUCHO

PASTOR QUISPE BARRIENTOS

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Huancayo, a los veintisiete días del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por don Pastor Quispe Barrientos, Gerente General de la Empresa de Transporte San Antonio S.R.Ltda. contra la Resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas ciento doce, su fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que declaró infundada la demanda.

ANTECEDENTES:

Don Pastor Quispe Barrientos, Gerente General de la Empresa de Transporte San Antonio S.R.Ltda., Ruta N.° 8 interpone Acción de Amparo contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para que se declare inaplicable para su caso la Resolución Municipal N.° 0833-98-MPH/A del quince de octubre de mil novecientos noventa y cinco, que declara improcedente el Recurso Impugnatorio de Reconsideración presentado por su representada contra el Acuerdo Municipal N.° 137-98-MPH/A del veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho, argumentando que mediante dicho acuerdo se declaró fundado el Recurso de Apelación interpuesto por los regidores de la Comisión Permanente de Transportes y Seguridad Vial del Municipio en mención y declaran nula la Resolución Municipal N.° 321-98-MPH/A del diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

Sostiene que las unidades vehiculares de su representada vienen operando en la Ruta N.° 8 de Vista Alegre, Cercado, Enace y viceversa, en forma organizada, conforme al plan regulador de metas, vigente desde mil novecientos noventa y cuatro, conforme lo establece la Ley N.° 23853 y Decreto Supremo N.° 12-95-MTC, para el transporte urbano. Que durante la licitación pública de mil novecientos noventa y cuatro, presentado para cubrir la Ruta Nš 8, ninguna empresa constituida se presentó. Que, en cumplimiento al Reglamento Nacional de Servicio Público de transporte urbano e interurbano de pasajeros, aprobado por Decreto Supremo N.° 12-95-MTC del veinticinco de julio de mil novecientos noventa y cinco, se presentaron a la evaluación técnica, dispuesta por dicha norma, en calidad de una empresa constituida e inscrita en el Registro Público. Aduce que contra el Acuerdo Municipal N.° 0137-98-MPH/A del veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho, interpuso Recurso de Reconsideración, sin embargo, por Acuerdo Municipal N.° 198-98-MPH/A del treinta de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, declararon improcedente su petición.

El Asesor Legal de la Municipalidad Provincial de Huamanga contesta la demanda en representación del Alcalde, solicitando que se declare improcedente la demanda, considerando que por Resolución Municipal N.° 321-98-MPH/A del diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se otorga provisionalmente la concesión de la Ruta N.° 8 a la empresa de transporte urbano e interurbano de pasajeros San Antonio S.R.Ltda. mientras se apruebe el nuevo Plan Regulador de Rutas y se cubra dicha concesión por licitación pública; que dicha concesión provisional fue materia de impugnación por algunos regidores de la Municipalidad demandada, el cual fue resuelto mediante Acuerdo Municipal N.° 137-98-MPH/A del veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho, declarándose nula la Resolución Municipal N.° 321-98-MPH/A; ante dicha determinación, la demandante interpuso Recurso de Reconsideración, que fue declarado improcedente mediante Resolución N.° 833-98-MPH/A del quince de octubre de mil novecientos noventa y ocho, basándose en el Acuerdo Municipal N.° 198-98-MPH/A del treinta de setiembre de mil novecientos noventa y ocho.

El Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga-Ayacucho, a fojas ochenta y ocho, con fecha diez de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, declara infundada la demanda, por considerar especialmente que de conformidad con el inciso 4) del artículo 192° de la Constitución Política del Estado, los gobiernos locales tienen la facultad de organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales, entre ellos, el relativo al transporte público de pasajeros; el hecho de otorgar, modificar, suprimir rutas de transporte, estos hechos no pueden considerarse actos que vulneren el derecho constitucional al trabajo, por cuanto para ello existen normas reguladoras.

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, a fojas ciento doce, con fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, confirma la apelada que declara infundada la demanda, por estimar que la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.° 23853, faculta a las municipalidades a regular las rutas de transporte urbano e interurbano; que en mérito de dichas facultades, la Municipalidad demandada otorgó, mientras se aprobaba el nuevo Plan Regulador de Rutas y en forma provisional, la concesión de la Ruta N.° 8 a la Empresa demandante; por consiguiente, siendo el carácter provisional de la referida concesión de ruta, es también facultad de la Municipalidad demandada, el crear nuevas rutas, y fusionarlas, como ha acontecido en el caso de autos, en que se fusionaron las rutas N.os 8 y 14, para dar lugar a una ruta única, a efectos de brindar mejor servicio a la colectividad. Contra esta resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario.

FUNDAMENTOS:

1. Que las acciones de garantía proceden en los casos en que se violen o amenacen los derechos constitucionales por acción o por omisión de actos de cumplimiento obligatorio, conforme lo establece el artículo 2° de la Ley N.° 23506, concordante con el inciso 2) del artículo 200° de la Constitución Política del Estado.

2. Que, para la concesión del servicio de transporte urbano e interurbano de pasajeros debe cumplirse con las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N.° 12-95-MTC que aprobó el Reglamento Nacional de dicho servicio público, vale decir, las empresas deben cumplir con los requisitos y condiciones establecidos por dicho reglamento.

3. Que, de autos se desprende que la Municipalidad demandada otorgó autorizaciones de carácter provisional a la demandante, la última de las cuales fue otorgada por Resolución Municipal N.° 321-98-MPH/A del diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

4. Que, en consecuencia, la Resolución Municipal N.° 518-97-MPH/A, del catorce de octubre de mil novecientos noventa y siete, que resuelve cancelar las rutas N.os 8 y 14, otorgadas a las empresas de transporte urbano San Antonio y Santa Rosa, ha sido dictada precisamente por la municipalidad para adecuarse al cumplimiento de las exigencias del mencionado reglamento, no habiéndose acreditado vulneración de los derechos constitucionales del demandante.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

FALLA:

CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas ciento doce, su fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que confirmando la apelada declaró INFUNDADA la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

SS.

ACOSTA SÁNCHEZ

DÍAZ VALVERDE

NUGENT

GARCÍA MARCELO

I.M.R.T.