EXP. N.° 105-98-AA/TC
SINDICATO DE TRABAJADORES
DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA SITRAMUN-LIMA
En Lima, a los veinte días del mes
de agosto de mil novecientos noventa y nueve, reunido el Tribunal
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores
Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent
y García Marcelo, pronuncia sentencia:
ASUNTO:
Recurso
Extraordinario interpuesto por el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad
de Lima, Sitramun-Lima, contra la Resolución expedida por la Sala Corporativa
Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia
de Lima, de fojas doscientos nueve, su fecha catorce de noviembre de mil novecientos
noventa y siete, que declaró improcedente la Acción de Amparo contra la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
ANTECEDENTES:
El
Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
Sitramun-Lima, representado por su Secretario General don Alejandro Hinostroza
Rimari, interpone Acción de Amparo contra dicha Municipalidad, representada por
su Alcalde don Alberto Manuel Andrade Carmona, a fin de que se declare
inaplicable la Resolución de Alcaldía N.° 128, del quince de febrero de mil novecientos
noventa y seis, mediante la cual se dejaron sin efecto las licencias sindicales
a tiempo completo autorizadas por la Resolución Directoral N.° 423 y Resolución
de Alcaldía N.° 892 de fecha cinco de setiembre de mil novecientos noventa y
cuatro y quince de setiembre de mil novecientos noventa y cinco,
respectivamente, por considerar que se han violado, entre otros, sus derechos
constitucionales a la negociación colectiva, a la sindicación y al debido
proceso.
Sostiene
el demandante que, mediante Decreto de Alcaldía N.° 045 del nueve de junio de
mil novecientos ochenta, se aprobó la directiva de permisos especiales para los
representantes de los trabajadores empleados de los concejos municipales de la
provincia de Lima, en la cual se establece que la base del Concejo Provincial
de Lima, por ser la más numerosa y de una problemática especial, requiere de
una dedicación a tiempo completo de sus representantes, los que gozarán del
permiso especial a tiempo completo. Asimismo, expresan que la Resolución de
Alcaldía N.° 892 autorizó la licencia sindical a tiempo completo a los
trabajadores empleados integrantes de la Junta Directiva del Sitramun-Lima y la
Resolución Directoral N.° 423 concedió licencia sindical a tiempo completo a
partir del uno de julio de mil novecientos noventa y cuatro hasta el uno de
julio de mil novecientos noventa y siete, a los servidores empleados miembros
del Consejo Ejecutivo Nacional de la Federación de Trabajadores Municipales del
Perú-Fetramunp, resoluciones estas últimas que fueron dejadas sin efecto por la
Resolución de Alcaldía N.° 128, sustrayéndose la Municipalidad Metropolitana de
Lima del obligatorio cumplimiento de respetar el derecho a gozar de la referida
licencia sindical, claramente establecida mediante la Directiva aprobada por
Decreto de Alcaldía N.° 045, transgrediéndose el Convenio OIT N.° 151 en la
parte relativa a la protección al derecho de sindicación y facilidades que
deben concederse a las organizaciones de empleados públicos, los artículos 51°
y 57° de la Constitución Política del Estado de 1979 y el artículo 55° de la
Constitución del año 1993. Asimismo, sostiene que se ha violado el pacto
colectivo del tres de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, en cuyo punto
tercero se establece que la municipalidad se compromete a respetar la plena
vigencia de la licencia sindical de los dirigentes del Sitramun-Lima y de los
representantes nacionales de los órganos sindicales de grado superior, de los
que forman parte.
Admitida
la demanda, ésta es contestada por don Ernesto Blume Fortini en representación
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el que la niega y contradice en
todas sus partes. Alega que si bien por Decreto de Alcaldía N.° 045 se aprobó
la directiva de permisos especiales para los representantes de los trabajadores
empleados comprendiendo el período total de la jornada de labor, debe tenerse
en cuenta que la misma directiva dispuso que la Organización representante de
los trabajadores debería solicitar el permiso especial, indicando los motivos
de éste y el período por el que se requería el permiso, vale decir, que éstos
no se concedían en forma automática, sino que requerían la aprobación del
Alcalde, de acuerdo a la facultad que este último tiene, de conformidad con el
artículo 47° incisos 13) y 18) de la Ley Orgánica de Municipalidades; en
consecuencia, sostiene que para que los trabajadores representantes de los
empleados puedan ejercer su derecho a obtener “licencias o permisos
especiales”, deben cumplir previamente con acreditar su condición de dirigentes
y obtener del Alcalde la autorización respectiva, lo que implica haber
satisfecho las exigencias contenidas en la mencionada directiva y que la
concesión de la misma no perjudique el funcionamiento de la Municipalidad y,
por último, que la Resolución de Alcaldía N.° 128 no adolece de causal de
nulidad alguna, ha sido otorgada por autoridad competente y no ha amenazado ni
violado ningún derecho constitucional de los invocados. La demandada propone
las excepciones de caducidad y de representación defectuosa e insuficiente del
demandante.
El
Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, a fojas ciento
cincuenta y cinco, con fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa
y seis, expide resolución declarando infundadas las excepciones propuestas por
la demandada e improcedente la demanda, al considerar que no ha operado la
caducidad, por cuanto, habiendo transcurrido los treinta días hábiles después
de interpuesto el Recurso de Apelación contra la resolución cuestionada, operó
el silencio administrativo negativo por lo que es a partir del ocho de mayo que
debe iniciarse el cómputo del plazo de caducidad. En cuanto a la representación
del sindicato, considera que, de acuerdo a los estatutos y acuerdos adoptados
por el sindicato demandante, la condición de afiliado se mantiene aún si se es
despedido del centro laboral y que, en cuanto al fondo –en el presente caso–,
no se ha vulnerado ninguna norma constitucional y que, además, la Resolución de
Alcaldía N.° 128, por la cual se dejaron sin efecto las licencias sindicales a
tiempo completo es legal.
La
Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público, a fojas
doscientos nueve, con fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventa y
siete, confirmó la apelada en todos sus extremos, al considerar que, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 47° de la Ley N.° 23853, le compete al alcalde
otorgar licencias y permisos; consecuentemente, no existe ningún impedimento
para que la Municipalidad pueda reglamentar el otorgamiento de licencias
sindicales; asimismo, considera que la Resolución de Alcaldía N.° 128 no anula
el goce de la licencia sindical, la que seguirá siendo ejercida normalmente
según las necesidades reales de representatividad que requiera el sindicato. Contra
esta resolución, la demandante interpone Recurso Extraordinario.
FUNDAMENTOS:
1.
Que el
demandante cuestiona la disposición administrativa emitida por la Municipalidad
Metropolitana de Lima, en virtud de la cual se dejaron sin efecto las licencias
sindicales a tiempo completo, otorgadas a los trabajadores integrantes de la
Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Municipalidad
de Lima, Sitramun-Lima, y a los trabajadores miembros de Consejo Ejecutivo
Nacional de la Federación de Trabajadores Municipales del Perú-Fetramunp, al
considerar que aquélla viola sus derechos constitucionales a la sindicación, a
la negociación colectiva y al debido proceso.
2.
Que el
artículo 42° de la Constitución Política del Estado de 1993 establece que el Estado
reconoce el derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga de los
servidores públicos, no siendo aplicable esta disposición a los funcionarios
del Estado con poder de decisión o que desempeñan cargos de confianza o de
dirección.
3.
Que el
derecho de sindicación consiste en la libertad que tienen los trabajadores y
los empleadores de formar, cada grupo por separado, organizaciones en defensa
de sus intereses dentro de la relación de trabajo o de no integrarlos. Este
derecho tiene reconocimiento internacional. Así lo encontramos regulado en el
artículo 23°, acápite 4) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual señala que toda persona
tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus
intereses; asimismo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales
y Culturales, en su artículo 8°, con el cual los Estados partes se comprometen
a garantizar el derecho de toda persona a fundar sindicatos y el derecho de
estos últimos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que la que
prescribe la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés
de la seguridad nacional o del orden público o para la protección de los
derechos y libertades ajenos; el Convenio N.° 87 OIT, que en su artículo 2°
señala que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin
autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que
estimen convenientes, así como el afiliarse a estas organizaciones con la sola
condición de observar el Estatuto de las mismas.
4.
Que,
como se ha establecido anteriormente, el derecho cautelado por la Constitución
Política del Estado, con los aportes de los instrumentos internacionales, es el
de la libertad sindical, que implica no sólo el derecho a constituir
organizaciones, sino, además, a tener las facilidades del caso para el pleno
ejercicio de la actividad sindical. En efecto, el artículo 122° del Reglamento
de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo
N.° 005-90-PCM, establece que los dirigentes sindicales gozan de facilidades
para ejercer la representatividad legal.
5.
Que,
entre los argumentos que esgrime la demandada para dejar sin efecto las
licencias sindicales, se encuentra el que la Directiva de Permisos Especiales para
los Representantes de Trabajadores Empleados, fue dictada por Decreto de
Alcaldía N.° 045 del nueve de junio de mil novecientos ochenta, antes de la
vigencia de “las Constituciones de 1979 y 1993 y de la Ley Orgánica de
Municipalidades”; que los referidos “permisos especiales” no se conceden en
forma automática, sino que requieren de la aprobación del Alcalde “cuya
competencia en esta materia es única, exclusiva e indelegable”; que los
representantes de los servidores empleados, para ejercer su derecho a obtener
la licencia sindical, deben cumplir previamente con acreditar su condición de
dirigentes y obtener la autorización respectiva.
6.
Que,
tanto la Constitución del año 1979 como la del año 1993, reconocen el derecho
de sindicalización a los servidores públicos –artículos 61° y 42°,
respectivamente–, el cual, como se ha señalado en el fundamento cuarto, implica
no sólo el derecho a constituir organizaciones, sino, además, a tener las
facilidades del caso para el pleno ejercicio de la actividad sindical.
7.
Que la
demandada desconoce la representatividad de los demandantes al señalar en el
sexto considerando de la Resolución de Alcaldía cuestionada que para que los
trabajadores representantes de los servidores empleados puedan ejercer su
derecho al otorgamiento de las licencias o “permisos especiales” deben cumplir
previamente con acreditar su condición de dirigentes y obtener del Alcalde la
autorización respectiva. Que, debe tenerse en cuenta respecto a la
representatividad de los demandantes, que el hecho de haber obtenido la
licencia sindical supone obviamente que acreditaron oportunamente tal
representatividad, lo cual, en el caso del Sindicato de Trabajadores
Municipales de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se confirma con el
documento que aparece a fojas veintiséis relativo a su inscripción en el
Registro de Organizaciones Sindicales de la Administración Pública a cargo del
Instituto Nacional de Administración Pública-INAP, cuya disolución dispuesta
por la Ley N.° 26507, del diecinueve de julio de mil novecientos noventa y
cinco, no acarrea en ningún caso la pérdida automática de la representatividad
de las organizaciones sindicales registradas en dicha entidad; más aún, debe
tenerse en cuenta que la demandada aprobó la Ordenanza N.° 100, que norma el
registro de organizaciones sindicales, en noviembre del año mil novecientos
noventa y seis, con posterioridad a la emisión de la Resolución de Alcaldía N.°
128 cuestionada.
8.
Que,
no obstante lo expuesto, debe tenerse en cuenta que la Resolución de Alcaldía
N.° 128, objeto de la presente acción, dejó sin efecto la Resolución de
Alcaldía N.° 892, del quince de setiembre de mil novecientos noventa y cinco
que otorgó licencia sindical a la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores
Municipales de la Municipalidad de Lima, Sitramun-Lima, esta última precisa la
vigencia de dicha licencia por el período comprendido entre el catorce de
agosto de mil novecientos noventa y cinco al catorce de agosto de mil
novecientos noventa y seis y la Resolución Directoral N.° 423 del cinco de
setiembre de 1994; igualmente, concede licencia sindical a los miembros del
Consejo Ejecutivo Nacional de la Federación de Trabajadores Municipales del
Perú- Fetramunp, a partir del uno de julio de mil novecientos noventa y cuatro
y hasta el uno de julio de mil novecientos noventa y siete.
9.
Que
los períodos de las licencias sindicales otorgadas tanto al Sindicato
demandante como a los miembros del Consejo Directivo Nacional del Fetramunp, a
la fecha, han vencido en exceso, convirtiéndose en irreparable la alegada
agresión, por lo que es de aplicación el inciso 1) del artículo 6° de la Ley
N.° 23506.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;
FALLA:
REVOCANDO la Resolución de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos nueve, su fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventa y siete, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda; REFORMÁNDOLA declara que carece de objeto pronunciarse sobre el pedido para que se declare no aplicable la Resolución de Alcaldía N.° 128 del quince de febrero de mil novecientos noventa y seis, por haberse producido sustracción de la materia. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.
SS.
ACOSTA
SÁNCHEZ
DÍAZ
VALVERDE
NUGENT
GARCÍA MARCELO
NF.