EXP. N.° 109-99-AC/TC

LIMA

ELENA JUDITH GUERRERO MIRANDA

                                                                                                              

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

 

            En Ayacucho, a los veintitrés días del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

 

ASUNTO:

 

             Recurso Extraordinario interpuesto por doña Elena Judith Guerrero Miranda contra la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento cincuenta y tres, su fecha diez de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la Acción de Cumplimiento.

 

ANTECEDENTES:

 

            Doña Elena Judith Guerrero Miranda interpone demanda de Acción de Cumplimiento contra la Empresa Nacional de Edificaciones y la Oficina de Normalización Previsional, solicitando se cumpla con lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria de la actual Constitución Política del Estado y la Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N.° 26835, y se le restituya su derecho pensionario conculcado, por cuanto considera que, habiendo sido incorporada en el año mil novecientos ochenta y siete dentro del régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley N.º 20530, no podía excluírsela del mismo, en forma extemporánea, a través de decisiones administrativas que afectan dicho derecho pensionario. Expresa que ha cumplido con el requerimiento notarial dirigido a la demandada, conforme a ley.

 

            El apoderado de la Empresa Nacional de Edificaciones contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, por considerar que las resoluciones cuyo cumplimiento reclama el demandante no están vigentes al haber sido declaradas nulas administrativamente en aplicación del Decreto Legislativo N.° 763; asimismo, al demandante, por error de aplicación se le reconoció el derecho de incorporarse al régimen de pensiones del Decreto Ley N.° 20530 y que, si bien se le otorgó pensión de cesantía, fue preventivamente, en virtud de una medida cautelar emitida en una Acción de Amparo que posteriormente fue declarada improcedente por el Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia de fecha once de agosto de mil novecientos noventa y siete; por lo tanto, la suspensión del pago de la pensión del demandante no constituye un acto arbitrario ni contrario a ley, sino, por el contrario, obedece a la aplicación de la declaración de improcedencia de la Acción de Amparo, dictada por el Tribunal Constitucional.

 

      El apoderado de la  Oficina de Normalización Previsional propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y, sin perjuicio de la excepción propuesta, contesta la demanda manifestando que a la demandante se le venía pagando pensión de jubilación en virtud a una medida cautelar que lo ordenaba; sin embargo, tal obligación quedó sin efecto al ser declarada la Acción de Amparo improcedente.

 

       El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, a fojas ochenta, con fecha veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho, declaró fundada la demanda, por considerar que la demandante estaba incorporada dentro del régimen de pensiones del Estado, Decreto Ley N.º 20530; es decir, se trataba de un derecho adquirido, cosa decidida, cuyo retiro, como lo establece el artículo 110º del Decreto Supremo N.º 02-94-JUS, sólo puede disponerlo el Órgano Jurisdiccional, previo un debido proceso.

 

       La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento cincuenta y tres, con fecha diez de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, revoca la apelada, por considerar que las resoluciones que incorporaron a la demandante fueron declaradas nulas administrativamente mediante Resolución N.º 076-93-ENACE-PRES-GG, apareciendo en autos que no fue impugnada dicha nulidad por la demandante, encontrándose, por tanto, firme. Que en cuanto a la suspensión del pago que venía percibiendo, se advierte que ésta se produce como consecuencia de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la Acción de Amparo seguida por los trabajadores de la entidad demandada, pago dispuesto cautelarmente, que quedó sin efecto al resolverse en última instancia en forma desfavorable para los trabajadores. Contra esta resolución, la demandante interpone Recurso Extraordinario.

 

FUNDAMENTOS:

1.         Que el artículo 200°, inciso 6) de la Constitución Política del Estado, concordante con la Ley N.° 26301, establece que la Acción de Cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

 

2.         Que, de autos se advierte que la demandante cumplió con agotar la vía previa, al haber cursado la correspondiente carta notarial, conforme lo establece el inciso c) del artículo 5º de la Ley N.º 26301.

 

3.         Que, a través del presente proceso constitucional, la demandante pretende que, dándose cumplimiento a la Primera Disposición Transitoria y Final de la Constitución Política del Estado y la Segunda Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley N.º 26835, se efectúe el pago de la pensión de jubilación y se dejen sin efecto las decisiones administrativas que afectan su derecho reconocido.

 

4.         Que, mediante la Resolución N.º 340-87-ENACE-8100AD, de fojas cinco, su fecha seis de octubre de mil novecientos ochenta y siete, se dispuso incorporar a la demandante dentro del régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley N.º 20530, así como otorgar su pensión de cesantía nivelable.

 

5.         Que la mencionada Resolución N.º 340-87-ENACE-8100AD fue declarada nula mediante la Resolución N.º 076-93-ENACE-PRES-GG, de fojas treinta y tres, expedida el veintiocho de junio de mil novecientos noventa y tres, la misma que no fue impugnada por la demandante, razón por la que la Acción de Cumplimiento no es la vía pertinente para restablecer el derecho pensionario invocado, puesto que el acto debido debe ser actual y debidamente acreditado.

 

            Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

 

FALLA:    

CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento cincuenta y tres, su fecha diez de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que revocando la apelada declaró IMPROCEDENTE la Acción de Cumplimiento. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS.

 

ACOSTA SÁNCHEZ

DÍAZ VALVERDE

NUGENT

GARCÍA MARCELO                                                                                     

        E.G.D.