LIMA
RUBÉN ABELARDO
CARO BERROCAL.
En
Lima, a los veintiocho días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y
ocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con
asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz
Valverde, Vicepresidente; Nugent; y García Marcelo, pronuncia sentencia:
ASUNTO:
Recurso de Nulidad entendida como Recurso Extraordinario interpuesto por don Rubén Abelardo Caro Berrocal contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento cinco, su fecha doce de marzo de mil novecientos noventa y seis, que declaró infundada la Acción de Amparo.
ANTECEDENTES:
Don Rubén Abelardo Caro Berrocal interpone Acción de
Amparo contra la Fiscalía de la Nación para que se declare inaplicable el
artículo 4° de la Resolución N.° 749-94-MP-FN, del doce de diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro, de la Fiscalía de la Nación, que dispone que la
División Central de Finanzas actualice los montos adeudados por el recurrente,
entre otros, por cobros indebidos de movilidad y refrigerio. Esta decisión se
emite no obstante haber declarado en su artículo 3° la prescripción de la falta
administrativa. Manifiesta que se está afectando su derecho constitucional al
derecho de defensa --de la obligación de motivar y señalar la ley aplicable en
todas las resoluciones--, su derecho a formular peticiones por escrito ante la
autoridad competente y su derecho a la paz y tranquilidad.
El Procurador Público a cargo de los asuntos
judiciales del Ministerio Público argumenta que el demandante pretende
dilucidar asuntos de carácter laboral, y que los hechos y derechos alegados no
se encuentran previstos en el artículo 24° de la Ley N.° 23506.
El Vigésimo Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil
de Lima declaró infundada la Acción de Amparo porque, según las pruebas
actuadas, el recurrente ejerció el derecho de defensa y fue sancionado por la
causal que motivó el procedimiento administrativo.
La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
de Lima, por sus propios fundamentos, confirmó la apelada.
FUNDAMENTOS:
1.
Que, según la Resolución N.°
749-94-MP-FN, de fecha doce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro,
objeto de la pretensión, se emite en mérito al Recurso de Apelación planteado
por el recurrente y otros contra la
Resolución N.° 1437-93-MP-FN, del veintidós de diciembre de mil
novecientos noventa y tres, que destituye al demandante porque, en evidente
desacato a la autoridad del Ministro de Justicia y contraviniendo órdenes
expresas sobre distribución de fondos de ingresos propios, efectuó gastos en
montos mayores de los autorizados, siendo un aproximado de cuarenta y dos mil
cuatrocientos ocho nuevos soles con sesenta y tres céntimos, en perjuicio del
Estado. Estos hechos demuestran que el demandante ha hecho uso del derecho de
defensa, de nivel constitucional.
2.
Que la responsabilidad de los
empleados públicos en el ejercicio de sus funciones, por infracción
determinada, tiene alcances de carácter administrativo, civil o penal, según el
caso; la responsabilidad puede incluso comprender los tres niveles anotados. La
ley respectiva establece el plazo de prescripción para cada clase de responsabilidad.
El artículo 173° del Reglamento de la Carrera Administrativa, Decreto Supremo
N.° 005-90-PCM, regula que la acción para sancionar la falta administrativa
prescribe al año. La ley civil y penal, asimismo, regula los plazos de prescripción respectivos, en un
caso la ley estipula que la prescripción opera de oficio y en la vía civil sólo
se resuelve a petición de parte dentro de un proceso contencioso. En el
presente caso, el demandante no impugna la destitución de la que ha sido objeto
por sus actos ilegales; sin embargo, persigue que el Estado no recupere el
patrimonio indebidamente dispuesto.
3.
Que el artículo 4° de la Resolución
N.° 749-94-MP-FN, al disponer que la División Central de Finanzas actualice los
montos adeudados por el recurrente, no afecta ningún derecho constitucional;
máxime cuando el sistema legal vigente garantiza formular impugnaciones
judiciales vía contencioso-administrativa.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en
uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y
su Ley Orgánica;
FALLA:
CONFIRMANDO la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima, de fojas ciento cinco, su fecha doce de marzo de mil
novecientos noventa y seis, que confirmando la apelada declaró INFUNDADA la Acción de Amparo. Dispone
la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.
SS.
ACOSTA SÁNCHEZ
DÍAZ VALVERDE
NUGENT
GARCÍA MARCELO
JG