EXP. Nº 114-97-AA/TC                  

LA LIBERTAD

JUAN ELEAZAR RUIZ CABELLOS

 

 

                SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Trujillo, a los seis días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent; y García Marcelo, pronuncia  sentencia:

 

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por don Juan Eleazar Ruiz Cabellos contra la Resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la  Corte Superior de Justicia de La Libertad, su fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis, que declaró improcedente la Acción de Amparo.

 

ANTECEDENTES:

El veintisiete de agosto de mil  novecientos noventa y seis, don Juan Eleazar Ruiz Cabellos interpone Acción de Amparo contra don Noé Inafuku Higa, Presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional de la Región La Libertad, doña Rosa América Neira Orbegozo, Directora Regional de Educación-La Libertad, doña Elizabeth Delgado Benites y don Miguel Morachimo Rodríguez, con el propósito de que se declare inaplicable a su caso la Resolución Ejecutiva Regional Nº735-95-CTAR-LL de fecha siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, mediante la cual lo cesa por la causal de excedencia, vulnerándose su derecho al trabajo, a la protección contra el despido arbitrario y al debido proceso. Refiere que en su condición de personal asistencial no debió ser comprendido en el proceso de evaluación, el mismo que estaba reservado al personal administrativo; que el numeral 5.1. de la Directiva Nº 001-95-PRES/VMDR establece que la evaluación deberá ejecutarse entre los meses de enero y julio de cada año, sin embargo, el proceso de evaluación a que fueron sometidos se llevó a cabo a fines de octubre e inicios de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

 

Los demandados absuelven el trámite de contestación de la demanda a fojas cuarenta y uno, y sesenta, solicitando se la declare infundada; señalan que el demandante no cumplió con agotar la vía previa y que la acción había caducado.

 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo emite sentencia declarando fundada en parte la demanda, por considerar - entre otras razones - que el proceso de evaluación se efectuó extemporáneamente, afectando el derecho al debido proceso del demandante.

 

             Interpuesto el Recurso de Apelación, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por estimar  que la acción había caducado. Contra esta resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario.

 

FUNDAMENTOS:

1.   Que, las acciones de amparo proceden en los casos en que se violen o amenacen de violación los derechos constitucionales, por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, conforme lo establece el artículo 2º de la Ley Nº 23506.

2.   Que en el presente caso, el petitorio se circunscribe a que se declare inaplicable al demandante la Resolución Ejecutiva Regional Nº 735-95-CTAR-LL, que dispone su cese por causal de excedencia.

3.   Que los demandados no han acreditado fehacientemente la fecha cierta en que fué notificado el demandante con la resolución cuestionada, para efecto del cómputo del plazo de caducidad establecido en el artículo 37º de la Ley Nº 25398 de Hábeas Corpus y Amparo; en tal virtud, la excepción de caducidad debe desestimarse.

4.   Que,  el demandante ha formulado diversos cuestionamientos al Proceso de Evaluación in examine; el principal de los cuales está referido a su alegada condición de trabajador asistencial y que como tal, afirma, no debió ser sometido a dicho proceso por estar limitado éste a los trabajadores administrativos. Apoya su afirmación en el Oficio Circular Nº 095-95-PRES/VMDR de fecha dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco, dirigido por el Viceministerio de Desarrollo Regional del Ministerio de la Presidencia a los Presidentes de los Consejos Transitorios de Administración Regional, el mismo que señala que los trabajadores asistenciales están excluidos de los procesos de evaluación.

5.   Que, al respecto debe tenerse presente - sin entrar a examinar si el demandante tenía o no la condición de trabajador asistencial - que, como este Colegiado lo ha señalado en la parte considerativa de la sentencia expedida en el Exp. Nº 260-97-AA/TC, la Directiva Nº 001-95-PRES/VMDR, que norma el Programa de Evaluación Semestral de los Trabajadores de la Administración Pública, estableció que quedaban exceptuados del proceso de evaluación únicamente los funcionarios de confianza y aquéllos que formaran parte de las comisiones de evaluación, por lo que la inclusión de los trabajadores asistenciales en dicho proceso fue legalmente válida.

6.   Que, asimismo, en  el fundamento jurídico 4), que aquí se reproduce, de la sentencia expedida en el Exp. Nº 763-96-AA/TC - en el que se cuestionó el mismo proceso de evaluación y la misma Resolución Ejecutiva Regional Nº 735-95-CTAR-LL - el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado respecto a la presunta aplicación retroactiva de la Directiva Nº 001-95-PRES/VMDR, así como a la extemporaneidad del proceso, desestimando ambos cuestionamientos; considerando por un lado que si bien el Decreto Ley N° 26093 preceptúa que el período de desempeño evaluable del servidor público es semestral, sin embargo, la Directiva Nº 001-95-PRES/VMDR establece que la ejecución es concretable en dos momentos prefijados: enero y julio de cada año, por lo que no se vulneró el principio de irretroactividad; de otro lado, si bien se reconoció la extemporaneidad del proceso - el mismo proceso al que fueron sometidos los demandantes en esta causa - se dejó establecido que ello no constituía infracción alguna al artículo 103º de la  Constitución, sino únicamente a la última parte del numeral 5.1. de la mencionada Directiva, infracción que ha sido minimizada y asumida a priori por no haberse objetado oportunamente la extemporaneidad de la programación.

 

7.   Que, de otro lado, si bien el literal  5.7. de la mencionada Directiva señala que la resolución que declare el cese de los trabajadores por causal de excedencia será publicada en el Diario Oficial El Peruano, la omisión en la publicación no invalida el Proceso de Evaluación ni la resolución de cese, pues el único propósito de aquélla es que el trabajador afectado tome conocimiento del cese, lo cual se ha producido en el presente caso.

 

            Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica.

 

FALLA:

REVOCANDO la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de  la Corte Superior de Justicia de La Libertad de fojas doscientos ocho, su fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis,  que revocando la apelada declaró fundada la excepción de caducidad e improcedente la demanda; reformándola declara INFUNDADA la excepción de caducidad e INFUNDADA la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el Diario Oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS

 

ACOSTA SÁNCHEZ

 

DÍAZ VALVERDE

 

NUGENT

 

GARCÍA MARCELO

 

 

 

 

CCL