EXP. N.° 127-98-AA/TC

LIMA

JESÚS JÁUREGUI CHAPARRO

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

 

En Lima, a los diecinueve días del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

 

ASUNTO:

 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Jesús Jáuregui Chaparro, contra la Resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas veinte del Cuaderno de Nulidad, su fecha diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete, que declaró no haber nulidad en la sentencia de vista e improcedente la demanda de Acción de Amparo.

 

ANTECEDENTES:

 

Don Jesús Jáuregui Chaparro, con fecha dos de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, interpone demanda de Acción de Amparo contra el Banco de la Nación, solicitando que se deje sin efecto la Resolución Administrativa N.° 719-92-EF/92.5100, y se disponga su reincorporación al régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley N.° 20530, por considerar que se han violado sus derechos constitucionales a percibir su pensión de jubilación. Refiere que ingresó a trabajar en la Administración Pública el tres de abril de mil novecientos setenta y uno, en condición de contratado bajo el régimen laboral de la Ley N.° 11377; que, con fecha uno de enero de mil novecientos setenta y dos, fue transferido al régimen de la Ley N.° 4916. Indica que mediante la Resolución Administrativa N.° 3582-90-EF/92.5150 del quince de noviembre de mil novecientos noventa se le incorporó dentro del régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley N.° 20530, la misma que fue declarada nula mediante la cuestionada resolución, amparándose en el Decreto Legislativo N.° 763, contra la cual interpuso su Recurso de Apelación, el cual no mereció pronunciamiento alguno por parte de la administración.

 

El apoderado del Banco de la Nación contesta la demanda manifestando que ha operado la caducidad de la acción; que tratándose de una discusión respecto al cumplimiento o no de los requisitos legales para tener derecho a la reincorporación del demandante dentro del régimen de pensiones del Decreto Ley N.° 20530, la presente vía no resulta idónea para dicho fin, debiendo haberse recurrido a través de la acción contencioso-administrativa; y que el demandante fue incorporado dentro de dicho régimen pensionario en contravención del artículo 14° de la citada norma, que prohíbe la acumulación de tiempos de servicios prestados bajo distintos regímenes laborales.

 

El Juez del Decimosétimo Juzgado Civil de Lima, a fojas cuarenta, con fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y cuatro, declara fundada la demanda, por considerar que las resoluciones administrativas que incorporan al demandante dentro del régimen pensionario del Decreto Ley N.° 20530 así como la que le otorga su pensión de cesantía no pueden ser declaradas inválidas por la propia administración, porque ello constituiría acto arbitrario.

 

La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento veinticinco, con fecha veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y cinco, revoca la apelada y declara improcedente la demanda, por considerar que la Acción de Amparo no es la vía idónea para determinar el derecho alegado.

 

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, a fojas veinte del Cuaderno de Nulidad, con fecha veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y siete, declara no haber nulidad en la sentencia de vista, por los propios fundamentos que la misma contiene. Contra esta resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario.

 

FUNDAMENTOS:

 

1.         Que, respecto a la supuesta caducidad de la acción alegada por la demandada, cabe precisar que este Tribunal, en uniformes y reiterados pronunciamientos, ha establecido que debido a la naturaleza del derecho pensionario, no opera la misma, resultando de aplicación lo establecido en el artículo 26° de la Ley N.° 25398.

 

2.         Que, mediante la Resolución Administrativa N.° 3582-90-EF/92.5150, de fojas uno de autos, su fecha quince de noviembre de mil novecientos noventa, se incorporó al demandante dentro del régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley N.° 20530, y a través de la Resolución Administrativa N.° 719-92-EF/92.5100, de fecha catorce de octubre de mil novecientos noventa y dos, de fojas tres, se resolvió declarar la nulidad de dicha resolución. Al respecto cabe precisar que la resolución que se cuestiona a través del presente proceso constitucional, se encuentra arreglada a ley, toda vez que conforme lo ha establecido este Tribunal en la sentencia recaída en el Expediente N.° 121-98-AA/TC, entre otras, en ese entonces no existía plazo para tomar la decisión que la misma contiene, de acuerdo con las normas contenidas en el Decreto Supremo N.° 006-67-SC, aplicable al caso de autos.

 

3.         Que, en consecuencia, en el presente caso, no se encuentra acreditada la vulneración de derecho constitucional alguno del demandante.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

 

FALLA:

 

REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas veinte del Cuaderno de Nulidad, su fecha veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y siete, que declaró no haber nulidad en la sentencia de vista que revocando la apelada declaró improcedente la Acción de Amparo; reformándola la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS.

 

ACOSTA SÁNCHEZ

DÍAZ VALVERDE

NUGENT

GARCÍA MARCELO

 

        AAM.