EXP. Nº 146-98-AA/TC

LIMA

GMA S.A.

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los veintinueve días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo,  pronuncia sentencia:

 

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por  GMA S.A. contra la Resolución de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento cincuenta y dos, su fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, que declaró improcedente la demanda en la Acción de Amparo interpuesta contra el Superintendente Nacional de Administración Tributaria-SUNAT.

 

ANTECEDENTES:

GMA S.A., representada por don Luis Arturo Vinatea Villacorta, interpone Acción de Amparo contra el Superintendente Nacional de Administración Tributaria, para que se declaren inaplicables a su empresa los artículos 109° y siguientes del Decreto Legislativo N.° 774, Ley del Impuesto a la Renta. Asimismo,  se dejen sin efecto la Orden de Pago N.° 011-1-39434  y la Resolución de Ejecución Coactiva N.° 011-06-l5902, ambas del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y siete, por las que se pretende cobrar la cuota correspondiente a marzo por el ejercicio mil novecientos noventa y siete. Ello por violar sus derechos constitucionales de propiedad, de legalidad y el principio de no confiscatoriedad de los impuestos.

 

La demandante señala que: 1) La empresa se encuentra en estado de pérdida; y, 2) La SUNAT ha procedido a trabar embargo sobre sus cuentas bancarias, conforme a la información dada por el Banco de Crédito.

 

La SUNAT, representada por doña María Caridad García De los Ríos, contesta la demanda y solicita que sea declarada improcedente o infundada debido a que: 1) La demandante pudo agotar la vía administrativa sin necesidad de pagar previamente el monto adeudado; y, 2) La demandante presenta los estados financieros de mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y cinco, que son medios probatorios impertinentes en la medida en que pretenden demostrar la pérdida de la empresa durante el año mil novecientos noventa y siete.

 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, a fojas cien, con fecha uno de agosto de mil novecientos noventa y siete, declara infundada la demanda. Sus fundamentos son los siguientes: 1) La demandante pretende la exoneración del pago del tributo a través de la vía judicial; y, 2) Los documentos presentados por la demandante son insuficientes para acreditar el estado financiero de marzo de mil novecientos noventa y siete.

 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento cincuenta y dos, con fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, revoca la apelada y declara improcedente la demanda por considerar que: 1) La demandante no ha acreditado de manera fehaciente la insolvencia económica alegada; y, 2) La Acción de Amparo no es la vía idónea para resolver el conflicto de intereses materia de autos.

 

 

FUNDAMENTOS:

1.                  Que el objeto de la demanda es que se dejen sin efecto la Orden de Pago N.° 011-1-39434  y la Resolución de Ejecución Coactiva N.° 011-06-l5902, ambas del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y siete, por las que se pretende cobrar la cuota correspondiente a marzo por el ejercicio mil novecientos noventa y siete; y, a fojas veintisiete de autos aparece la copia de una cédula de notificación de la SUNAT mediante la cual se traba embargo en forma de retención, a la empresa demandante. Dicha cédula de notificación corresponde al Expediente N.° 011-06-15445 y no a la Resolución de Ejecución Coactiva N.° 011-06-l5902. Se trata de expedientes distintos. El primero corresponde a la deuda tributaria de febrero de mil novecientos noventa y siete, período que no se discute en la presente acción. El segundo corresponde a la deuda tributaria de marzo de mil novecientos noventa y siete, que es materia de la presente acción de garantía.

 

2.                  Que no se ha acreditado en autos, que la empresa demandante haya interpuesto recurso administrativo alguno contra la Orden de Pago N.° 011-1-39434, del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y siete. Y, por lo tanto, la empresa inicia la presente Acción de Amparo sin haber agotado la vía previa, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 27º de la Ley N.º 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo.

 

3.                  Que la demandante no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 28º de la Ley N.º 23506. Ello, debido a las consideraciones siguientes:

a)                  De conformidad con el artículo 117° del Decreto Legislativo N.° 816, Código Tributario vigente, la Resolución de Ejecución Coactiva N.º 011-06-15902, del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y siete, “contiene un mandato de cancelación de las órdenes de pago o Resoluciones en cobranza, otorgándose un plazo de siete (7) días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada  de las mismas”.

 

b)                 El plazo referido permitía a la empresa demandante acogerse a lo previsto en el inciso d) del artículo 119° del Decreto Legislativo N.° 816, que establece que cuando “se haya presentado oportunamente recurso de reclamación, apelación o demanda contencioso administrativa, que se encuentre en trámite”, se suspenderá el proceso de cobranza coactiva.

 

c)                  Asimismo, como una excepción a lo establecido en el artículo 136° del Decreto Legislativo N.° 816,  el segundo párrafo del artículo 119° de dicha norma señala que “tratándose de Ordenes de Pago y cuando medien otras circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser improcedente, la Administración Tributaria está facultada a disponer la suspensión de la cobranza de la deuda, siempre que el deudor tributario interponga la reclamación dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de notificada la Orden de Pago”; y, el tercer párrafo del mismo artículo establece que “para la admisión a trámite de la reclamación se requiere, además de los requisitos establecidos en este Código, que el reclamante acredite que ha abonado la parte de la deuda no reclamada actualizada hasta la fecha en que se realice el pago”.

 

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

 

FALLA:

CONFIRMANDO la Resolución de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento cincuenta y dos, su fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, que revocando la apelada declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo interpuesta. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS.

ACOSTA SÁNCHEZ

DÍAZ VALVERDE

NUGENT

GARCÍA MARCELO

                                                                       

 

                                                           

 

 

G.L.B.