EXP. N.° 184-97-AA/TC

ICA

CLARITA LUZ BARRANCA ARCOS

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los siete días del mes de julio de mil novecientos noventa y nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

 

ASUNTO:

            Recurso Extraordinario interpuesto por doña Clarita Luz Barranca Arcos contra la Resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas cincuenta y dos, su fecha treinta de enero de mil novecientos noventa y siete, que declaró infundada la Acción de Amparo contra la Municipalidad Provincial de Ica.

 

ANTECEDENTES:

Doña Clarita Luz Barranca Arcos, con fecha diez de octubre de mil novecientos noventa y seis, interpone demanda de Acción de Amparo contra la Municipalidad Provincial de Ica, representada por su Alcalde don Pedro Carlos Ramos Loayza, a fin de que se declare inaplicable la Resolución de Alcaldía N.° 009-96 AMPI del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis, que anuló la Resolución de Alcaldía N.° 1121-94 AMPI del veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro; mediante esta última se nombró a la demandante como obrera permanente a partir del uno de enero de mil  novecientos noventa y cinco. Asimismo, solicita se le reponga en su puesto y se ordene el pago de una indemnización por daños y perjuicios.

 

Sostiene la demandante que ingresó a laborar en marzo del año mil novecientos noventa y tres en calidad de contratada por servicios no personales, sin embargo, prestó servicios de naturaleza permanente hasta el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis, fecha en la que se expide la Resolución de Alcaldía N.° 009-96 AMPI, cuando ya gozaba de estabilidad laboral en virtud a lo dispuesto por la Ley N.° 24041; habiéndose violado su derecho a la protección contra el despido arbitrario.

 

            Admitida la demanda, ésta es contestada por don Héctor Delfín Bendezú Calderón, en representación de la Municipalidad Provincial de Ica, el que solicita se la declare improcedente, por cuanto manifiesta que el tipo de contrato que suscribió su representada con la demandante fue de servicios no personales, el cual no genera derecho a nombramiento ni estabilidad laboral; además, la Ley de Presupuesto N.° 26553 prohibía los nombramientos y el Decreto Legislativo N.° 276 exige el cumplimiento de ciertos requisitos, los mismos que la demandante no reunía por lo que la Resolución de Alcaldía mediante la cual se le nombra como obrera permanente es nula ipso jure.

 

            El Juez Provisional del Segundo Juzgado Civil de Ica, a fojas treinta y cuatro, con fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, expide resolución declarando fundada la demanda, al considerar que la demandante se encontraba dentro de los alcances de la Ley N.° 24041 al haber realizado labores de naturaleza permanente por más de un año, por lo que gozaba de estabilidad laboral.

 

            La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, a fojas cincuenta y dos, con fecha treinta de enero de mil novecientos noventa y siete, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, al estimar que la Acción de Amparo había caducado y, además, que la contratación de servicios no personales no genera vínculo laboral con la demandada. Contra esta resolución, la demandante interpone Recurso Extraordinario.

 

FUNDAMENTOS:

1.                  Que, de conformidad con el artículo 37° de la Ley N.° 23506 de Hábeas Corpus y Amparo, el ejercicio de la Acción de Amparo caduca a los sesenta días hábiles de producida la afectación.

 

2.                  Que, en el presente caso, debe tenerse en cuenta que la demandante, con fecha once de abril de mil novecientos noventa y seis, interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución de Alcaldía N.° 009-96 AMPI, que anula su nombramiento; y con fecha treinta de mayo, mediante solicitud cuya copia aparece a fojas ocho, comunica a la Municipalidad demandada que se acoge al silencio administrativo negativo, a fin de dar por agotada la vía administrativa, quedando a partir de entonces expedito su derecho para accionar. Sin embargo, la demanda es interpuesta el diez de octubre de mil novecientos noventa y seis, cuando se había vencido en exceso el plazo de caducidad.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica.

 

FALLA:

REVOCANDO la Resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas cincuenta y dos, su fecha treinta de enero de mil novecientos noventa y siete que revocando la apelada, declaró infundada la demanda, reformándola la declara IMPROCEDENTE. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS.

 

ACOSTA SÁNCHEZ

DÍAZ VALVERDE

NUGENT

GARCÍA MARCELO                                                                          

         NF