EXP. N. 191-98-AA/TC

CALLAO

RAFAEL QUIRINO ROMERO LÓPEZ Y OTROS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los tres días del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

 ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por don Rafael Quirino Romero López contra la Resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas noventa y ocho, su fecha veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y siete, que declaró improcedente la Acción de Amparo.

 ANTECEDENTES:

Don Rafael Quirino Romero López y otros interponen Acción de Amparo contra el Director del CEP "Concordia Universal", solicitando que cese la violación del derecho constitucional a la educación que tienen sus hijos, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política del Perú, para el cual los padres de familia deben pagar la cantidad de cincuenta nuevos soles (S/. 50.00).

El Director demandado contesta negando y contradiciendo la demanda en todos sus extremos y precisa que el pago adicional de la cuota por pensión de enseñanza y los cincuenta nuevos soles (S/. 50.00) para la adquisición de cartones del Gran Bingo-Kermés, son para el mejoramiento del laboratorio de idiomas del colegio, que han sido coordinados entre la Promotoría, la Dirección del Colegio y la dirigencia de la Asociación de Padres de Familia, con arreglo a lo previsto en los artículos 16 y 17 de la Carta Magna.

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil del Callao, con fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete, declaró improcedente la demanda, por considerar principalmente, que si bien el artículo 16 de la Constitución Política del Perú legisla, sobre el deber del Estado, que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica, debe tenerse en cuenta el derecho que protege el artículo 14 de la citada Carta Magna en cuanto agrega, dentro del esquema ideológico de la misma, que frente al respeto de la persona humana y a su consagración como valor supremo está la posibilidad de escoger un tipo de educación; y que las decisiones adoptadas por la Dirección del colegio constituyen actos administrativos que no atentan contra el derecho constitucional a la educación, pudiendo las partes, en caso de discrepancia, hacer valer su derecho ante la autoridad respectiva.

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, a fojas noventa y ocho, con fecha veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y siete, confirmó la apelada, por los mismos fundamentos expuestos en la sentencia recurrida. Contra esta resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario.

FUNDAMENTOS:

  1. Que es un principio procesal que quien afirma hechos que configuran su pretensión tiene el deber de acreditarlos en autos, a fin de producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones.
  2. Que la supuesta violación de un derecho constitucional procede cuando ésta es cierta y de inminente realización, y tal certidumbre no ha sido acreditada en este expediente, mediante la relación de causalidad necesaria entre los demandantes y el demandando, de manera real y objetiva, de modo tal que permita resolver el conflicto de intereses en vista de que el petitorio de la demanda sólo contiene un enunciado genérico y abstracto que no le permite a este Tribunal resolver en la forma que precisan los artículos 1 y 2 de la Ley N. 23506 de Hábeas Corpus y Amparo y el artículo 4 de la Ley N. 25398, complementaria de la misma.
  3. Que, asimismo, si la supuesta amenaza de violación se produjo el veintitrés de julio de mil novecientos noventa y siete, mediante la Circular N. 09-D-97, que obra a fojas dos, a la fecha de interposición de la demanda, el uno de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, transcurrieron más de los sesenta días que estipula el artículo 37 de la referida Ley N. 23506, por lo que ha operado el plazo de caducidad de la acción.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

FALLA:

CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas noventa y ocho, su fecha veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y siete, que confirmando la apelada declaró IMPROCEDENTE la demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

SS.

ACOSTA SÁNCHEZ

DÍAZ VALVERDE

NUGENT

GARCÍA MARCELO

MF