EXP. N.° 203-99-AA/TC

PUNO

FLAVIO ESTANISLAO

CARCAUSTO CARPIO

                    

                         SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Arequipa, a los cinco días del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

 

ASUNTO:

 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Flavio Estanislao Carcausto Carpio contra la Resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas doscientos noventa y uno, su fecha trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la Acción de Amparo interpuesta contra el Presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional de la Región Moquegua-Tacna-Puno y contra el Director Regional de Trabajo y Promoción Social de Puno y Presidente de la Comisión Evaluadora.

 

ANTECEDENTES:

 

Don Flavio Estanislao Carcausto Carpio interpone Acción de Amparo contra don Arístides Ramón Serruto Colque, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Consejo Transitorio de Administración Regional de la Región Moquegua-Tacna-Puno (CTAR/MTP), y de don Alejandro Pablo Delgado San Román, en su doble calidad de Director Regional de Trabajo y Promoción Social de Puno y Presidente de la Comisión Evaluadora, solicitando se declare inaplicable a su persona la Resolución Ejecutiva Regional N.° 131-98-CTAR/R.MTP de fecha trece de marzo de mil novecientos noventa y ocho y, en consecuencia, se le reponga en la plaza y cargo que venía ocupando, por haberse violado sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo y a la igualdad ante la ley reconocidos en los artículos 2° inciso 2),  22° y 26° de la vigente Constitución Política del Estado; artículo 157° del Decreto Supremo N.° 005-90-PCM y artículo 28° de la Ley N.° 23506, refiriendo como hechos que ingresó a laborar en la Administración Pública el día cuatro de junio de mil novecientos setenta y nueve en calidad de Técnico Administrativo, habiendo sido ubicado en el nivel de carrera  F-3 el veintiuno de julio de mil  novecientos  noventa y cuatro; que en el año de mil novecientos noventa y tres fue sancionado disciplinariamente con suspensión sin goce de remuneraciones por veinte días  —sanción que él atribuye a una cuestión político-personal—, la misma que quedó oficializada al  haber  quedado  ejecutoriadas las resoluciones N.os 152-93-R.MTP-OSRDP/D y 560-93-R.MTP-CTSRP/G en el año de mil novecientos noventa y tres, indicando que prueba de ello es el hecho de haberse desempeñado como Director Regional de Trabajo y Promoción Social de Puno desde el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro hasta el catorce de julio de mil novecientos noventa y siete; que, por Decreto Ley N.° 26093 y Resolución Ministerial N.° 260-96-PRES se dispuso un programa de evaluación semestral, al cual el demandante se sometió; que, integradas las comisiones y dada la forma parcializada en que se conducía el demandado Alejandro Pablo Delgado San Román, Director Regional de Trabajo y Promoción Social de Puno, y la notoria enemistad para su persona, es que el demandante presentó ante la comisión varias solicitudes pidiendo que el mencionado Director se abstuviera de conocer su evaluación, pedido que no fue admitido, lo que trajo funestos resultados para el demandante, dado que, contrariando la norma, fue calificado ilegalmente, descontándosele ocho puntos basándose en la sanción antes referida, vale decir, aplicando una sanción de la que ya había sido rehabilitado (Cuarta Disposición Transitoria  del Decreto Supremo N.° 005-90-PCM) al haber sido evaluado y ubicado el demandante en el Nivel F-3 el día veintiuno de julio de mil novecientos noventa y cuatro; los señores don Crisóstomo Quispe Barraza y don Ángel Ortiz Gutiérrez, compañeros de trabajo del demandante, fueron sancionados de la misma forma que él, pero a ellos no se les aplicó demérito alguno, razón por la que considera que se le ha dado un trato discriminatorio; que, en todo caso, habría duda sobre la vigencia o no de la sanción impuesta en el año de mil novecientos noventa y tres, por lo que de conformidad con el artículo 26° de la vigente Constitución Política del Estado, la duda se aplica favorablemente al trabajador; manifestó finalmente que contra la Resolución Ejecutiva Regional N.° 131-98-CTAR/R.MTP no interpuso recurso impugnatorio alguno, estando a lo señalado por el artículo 28° de la Ley N.° 23506, dado que la Resolución cuestionada ya había sido ejecutada.

 

El apoderado del Presidente Ejecutivo del Consejo Transitorio de Administración Regional de la Región Moquegua-Tacna-Puno, don Alejandro Pablo Delgado San Román, Director Regional de Trabajo y Promoción Social de Puno y Presidente de la Comisión Evaluadora, así como los señores procuradores públicos del Estado a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Trabajo y Promoción Social contestan la demanda, precisando que en el numeral 7.3.4. de la Directiva 001-96-PRES/VMDR se establece que para la calificación del legajo personal se consideran como deméritos las sanciones administrativas y disciplinarias que registre el servidor, entendiendo por ello que debe ser registrado en el semestre que se evalúa; que no es exacto que el demandante haya quedado rehabilitado de la sanción impuesta, por cuanto la rehabilitación  se  hace  observando  lo  dispuesto  por  el artículo 176° del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por Decreto Supremo N.° 005-90-PCM, formalizándose mediante resolución; que el demandante se sometió por su voluntad a la evaluación; que la Acción  de  Amparo,  por  carecer  de  etapa  probatoria,  no  es  la  adecuada para ventilar la materia demandada; que no es cierto que las sanciones impuestas al demandante obedecieran a motivos políticos o personales; que la Comisión de Evaluación declaró improcedente el pedido de abstención de don Alejandro Pablo Delgado San Román, en su calidad de Presidente de la Comisión Evaluadora, en vista de no existir fundamento legal que sustentó el pedido; que las sanciones referidas por el demandante quedaron ejecutoriadas y fueron de conocimiento de la Dirección Regional de Trabajo con fecha cuatro de agosto de mil novecientos noventa y siete, en consecuencia, no existiendo duda sobre la existencia de los deméritos que se aplicaron en el proceso de evaluación del segundo semestre de mil novecientos noventa y siete, éste mismo se llevó a cabo en estricta aplicación de la Directiva N.° 001-96-PRES/VMDR y el Reglamento Interno de la CTAR.MTP; que, en todo caso, el camino adecuado para el presente asunto sería la vía contencioso-administrativa; asimismo, dedujeron las excepciones de litispendencia, por cuanto el demandante, por los mismos hechos, había iniciado una acción en la vía judicial ordinaria ante el Segundo Juzgado Penal de Puno, desnaturalizando de esta manera la calidad excepcional y especialísima de la Acción de Amparo y de falta de agotamiento de la vía administrativa previa.

 

El Primer Juzgado Mixto de Puno, de fojas ciento cuarenta y siete, con fecha trece de agosto de mil novecientos noventa y ocho, declara improcedente la excepción de falta de agotamiento de la vía previa, infundada la excepción de litispendencia e improcedente la demanda, por considerar principalmente que respecto de los derechos constitucionales supuestamente violados, estimar la demanda supondría una nueva revisión del proceso de evaluación y de calificación de los resultados, no sólo del demandante, sino de los otros trabajadores nombrados por el propio demandante, para determinar si, en efecto, existió discriminación o no con relación a éstos y que, efectivamente, la evaluación fue subjetiva, derivada de la enemistad con el demandado Director Regional; y, a su vez, sería menester tener a la vista el expediente de evaluación del demandante para poner en evidencia, en comparación con otros trabajadores, si en efecto se ha tomado en cuenta la sanción impuesta al demandante en mil novecientos noventa y tres, y determinarse que no debió procederse de esa manera; que  la Acción de Amparo no es el medio apropiado para discutir tal pretensión.

 

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, a fojas doscientos noventa y uno, y con fecha trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, confirma la apelada, por estimar que si bien es cierto que la Resolución Subregional N.º 560-93-R.MTP-CTSRP/G de fecha veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, originó un puntaje en contra y presuntamente causó la descalificación del demandante, ésta debe cuestionarse administrativamente o mediante la vía contencioso-administrativa, pero no constituye violación de un derecho constitucional; que el cese del demandante en su puesto de trabajo fue consecuencia de un proceso de evaluación dispuesto por la Ley N.° 26053, por lo tanto, no aparece violación de derecho constitucional alguno, y, las posibles   irregularidades  o   deficiencias  en   tal   proceso  deben  ser  ventiladas  en  la  vía correspondiente, mas no en un procedimiento de garantía que se encuentra reservado para los casos de transgresión de los preceptos constitucionales. Contra esta resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario.

 

FUNDAMENTOS:

1.         Que, conforme se aprecia del petitorio contenido en la demanda interpuesta, el objeto de éste se dirige al cuestionamiento de la Resolución Ejecutiva Regional N.° 131-98-CTAR/R.MTP del trece de marzo de mil novecientos noventa y ocho, tras considerar que la misma, al cesarlo por causal de excedencia, vulnera sus derechos constitucionales.

 

2.         Que, por consiguiente, y a efectos de acreditar las condiciones de procedibilidad de la presente acción o, en su caso, la legitimidad o no de la demanda interpuesta, procede en primer término señalar que para el caso de autos no cabe invocar la regla de agotamiento de las vías previas prevista en el artículo 27° de la Ley N.° 23506, debido a que la resolución objeto de cuestionamiento ya fue materia de ejecución, de donde, por el contrario, resulta de plena o absoluta aplicación el artículo 28° inciso 1) de la norma antes acotada. Tampoco, y por otra parte, cabe invocar el término de caducidad previsto en el artículo 37° de la Ley N.° 23506, pues la demanda fue promovida dentro del período de sesenta días hábiles contabilizados desde la fecha de su notificación.

 

3.         Que, sin embargo, y en lo que respecta al asunto de fondo, este Tribunal considera oportuno precisar lo siguiente: a) que mediante la Resolución N.° 152-93-R.MTP-OSRDP/D de fecha veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y tres (fojas setenta) y N.° 560-93-R.MTP-CTSRP/G de fecha veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres (fojas trece), se sancionó al demandante con suspensión sin goce de remuneraciones por diez días, resoluciones que en su oportunidad fueron impugnadas por el demandante, observándose a fojas setenta y tres y sesenta y ocho, respectivamente, las resoluciones N.° 127-94-CTAR/R.MTP, de fecha veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro y N.° 037-95-CTAR/R.MTP de fecha dos de febrero de mil novecientos noventa y cinco, mediante las cuales se declararon infundados los recursos de apelación promovidos al efecto; b) Que mediante Resolución Ejecutiva Regional N.° 229-97-CTAR/R.MTP, de fecha treinta de mayo de mil novecientos noventa y siete (fojas sesenta y uno), se declaró improcedente el pedido de rehabilitación —hecho por el demandante—, respecto de las sanciones que se le impusieron, y mediante Resolución Ejecutiva Regional N.° 325-97-CTAR/R.MTP, de fecha treinta de julio de mil novecientos noventa y siete (fojas sesenta y tres), se declaró igualmente improcedente el Recurso de Reconsideración presentado por el interesado contra la resolución que le denegó su pedido de rehabilitación; y c) Que a fojas setenta y ocho, obra el Oficio N.° 114-97-OTA/DRTPS R.MTP del Director Regional de Trabajo y Promoción Social de la Región Moquegua-Tacna-Puno mediante el cual le hacen conocer al demandante, que las sanciones que se le impusieron por medida disciplinaria se harían efectivas, sin goce de remuneraciones, a partir del día once del mes de agosto de mil novecientos noventa y siete, lo que evidencia que las sanciones a que se hizo merecedor  fueron ejecutadas e inscritas en su legajo personal recién en el segundo semestre del año de mil novecientos noventa y siete.

 

4.         Que, por consiguiente, del contenido de las instrumentales que obran en autos se advierte que el cese del demandante se produjo por no haber alcanzado el puntaje mínimo de sesenta puntos establecido en su momento por el Programa de Evaluación Semestral de los Trabajadores del Consejo Transitorio de Administración Regional-Moquegua-Tacna-Puno, no apareciendo demostrada en modo alguno la vulneración de los derechos constitucionales alegados en la demanda, en virtud a que el proceso de evaluación fue llevado a cabo en forma regular y con sujeción a la normatividad legal pertinente.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

 

FALLA:

REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas doscientos noventa y uno, su fecha trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, que confirmando la apelada declaró IMPROCEDENTE la demanda reformándola declara INFUNDADA la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS.

 

ACOSTA SÁNCHEZ

DÍAZ VALVERDE

NUGENT

GARCÍA MARCELO

Lsd.