EXP. Nº 217-98-AA/TC
LIMA
THE MAPLE GAS CORPORATION DEL PERÚ–SUCURSAL PERUANA.
En
Trujillo, a los seis días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y
ocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con
la asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz
Valverde, Vicepresidente; Nugent; y García Marcelo, pronuncia sentencia:
ASUNTO:
Recurso
Extraordinario interpuesto por The Maple Gas Corporation del Perú-Sucursal
Peruana contra la resolución de la Sala Corporativa Transitoria Especializada
en Derecho Público de la Corte Superior
de Justicia de Lima, de fojas doscientos seis, su fecha quince de enero de mil
novecientos noventa y ocho, que revocando la apelada declaró improcedente la
demanda en la Acción de Amparo interpuesta contra el Ministerio de Economía y
Finanzas, y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
ANTECEDENTES:
The
Maple Gas Corporation del Perú-Sucursal Peruana, representada por don Raymond
Joseph Cochard, interpone Acción de Amparo contra el Ministerio de Economía y
Finanzas, y la SUNAT para que se
declare inaplicable a su empresa los artículos 109° y siguientes del Decreto
Legislativo N° 774, Ley del Impuesto a la Renta. Asimismo, para que se dejen
sin efecto las órdenes de Pago N° 011-1-37728 y la N° 011-1-38700, ambas del
veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y siete, por las que se les
pretende cobrar la cuota de enero y febrero del ejercicio de mil novecientos
noventa y siete. Ello, por violar sus derechos constitucionales de propiedad,
de legalidad y de no confiscatoriedad de los impuestos.
La
demandante señala que: 1) Se encuentra en estado de pérdida; y, 2) Aplicar el
Impuesto Mínimo a la Renta cuando no existen utilidades resulta confiscatorio y
contraviene el segundo párrafo del artículo 74° de la Constitución Política del
Estado.
El
Procurador Público a cargo de los asuntos
judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, don Angel Augusto
Vivanco Ortiz, contesta la demanda y solicita que sea declarada improcedente o
infundada, por considerar que: 1) La demandante pretende obtener una
exoneración tributaria respecto de su obligación como contribuyente; y 2) El
Impuesto Mínimo a la Renta obliga a las empresas a alcanzar un mínimo de
eficiencia empresarial. Propone las excepciones de incompetencia, de caducidad
y de falta de agotamiento de la vía previa.
La
SUNAT, representada por doña María Caridad García De los Ríos, contesta la
demanda y solicita que sea declarada improcedente o infundada debido a que: 1)
La demandante pudo agotar la vía administrativa sin necesidad de pagar
previamente el monto adeudado; y, 2)
Los estudios contables presentados por la demandante no constituyen prueba
suficiente para verificar el hecho
invocado.
El Tercer Juzgado Especializado en Derecho Público, a fojas ciento veinticinco, con fecha nueve de junio de mil novecientos noventa y siete, declara fundada la demanda e infundadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa, de caducidad y de incompetencia. Su fundamento es el siguiente: Cuando el tributo afecta la fuente generadora del mismo éste deviene en confiscatorio y contraviene lo dispuesto en el artículo 74° de la Constitución Política del Estado.
La Sala
Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fojas doscientos seis, con fecha quince de enero de mil
novecientos noventa y ocho, que revocando la apelada, declara improcedente la
demanda y la confirma en cuanto declara
infundadas las excepciones interpuestas. Sus argumentos son los siguientes: 1)
La demandante no ha acreditado fehacientemente la insolvencia que alega; y, 2) La Acción de Amparo no es la vía idónea
para resolver el presente conflicto de intereses.
FUNDAMENTOS:
1.
Que no se ha
acreditado en autos que la empresa demandante haya interpuesto recurso
administrativo alguno contra las Ordenes de Pago Nos
011-1-37728 y 011-1-38700, ambas del veinticinco de marzo de mil novecientos
noventa y siete. Y, por lo tanto, la empresa inicia la presente Acción
de Amparo sin haber agotado la vía respectiva, contraviniendo lo dispuesto en
el artículo 27º de la Ley Nº 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo.
2.
Que la demandante
no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción previstos en el
artículo 28º de la Ley Nº 23506. Ello, debido a las consideraciones siguientes:
a) De conformidad
con el artículo 117° del Decreto Legislativo N° 816, Código Tributario vigente,
las Resoluciones de Ejecución Coactiva Nos 011-1-37728 y
011-1-38700, ambas del veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y siete, contienen “un
mandato de cancelación de las Ordenes de Pago o Resoluciones en cobranza,
otorgándose un plazo de siete (7) días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse
medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas.”
b) El plazo referido permitía a la empresa
demandante acogerse a lo previsto en el inciso d) del artículo 119° del Decreto
Legislativo N° 816, que establece que cuando “se haya presentado oportunamente
recurso de reclamación, apelación o demanda contencioso administrativa, que se
encuentre en trámite”, se suspenderá el proceso de cobranza coactiva.
c) Asimismo, como
una excepción a lo establecido en el artículo 136° del Decreto Legislativo N°
816, el segundo párrafo del artículo
119° de dicha norma señala que “tratándose de Ordenes de Pago y cuando medien
otras circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser improcedente la
Administración Tributaria está facultada a disponer la suspensión de la
cobranza de la deuda, siempre que el deudor tributario interponga la
reclamación dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de notificada la Orden
de Pago”. Y, el tercer párrafo del mismo artículo establece que “para la
admisión a trámite de la reclamación se requiere, además de los requisitos
establecidos en este Código, que el reclamante acredite que ha abonado la parte de la deuda no reclamada
actualizada hasta la fecha en que se realice el pago”.
Por estos
fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;
FALLA:
CONFIRMANDO la Resolución de la Sala
Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior
de Justicia de Lima, de fojas doscientos seis, su fecha quince de enero
de mil novecientos noventa y ocho, que revocando la apelada declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo
interpuesta. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario
oficial El Peruano y la devolución de
los actuados.
S.S.
DÍAZ
VALVERDE,
NUGENT,
GARCÍA
MARCELO.
G.L.B.