EXP. Nº 255-98-AA/TC

LIMA

COMPAÑÍA CONSERVERA COISHCO S.A.

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

 

En Lima, a los veintiún días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo,  pronuncia sentencia:

 

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por Compañía Conservera Coishco S.A. contra la Resolución de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento cincuenta y cuatro, su fecha veintidós de enero de mil novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la demanda en la Acción de Amparo interpuesta  contra el Superintendente Nacional de Administración Tributaria-SUNAT.

 

ANTECEDENTES:

Compañía Conservera Coishco S.A., representada por don Pedro Reátegui Roselló, interpone Acción de Amparo contra el Superintendente Nacional de Administración Tributaria, para que se declaren inaplicables a su empresa los artículos 109° y siguientes del Decreto Legislativo N.° 774,  Ley del Impuesto a la Renta, y se deje sin efecto la Orden de Pago N.° 141-1-04567, del treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete, pago a cuenta correspondiente a febrero, por el ejercicio mil novecientos noventa y siete. Ello, por violar sus derechos constitucionales de defensa, de propiedad, de libre empresa, de libertad de trabajo, de seguridad jurídica y el principio de no confiscatoriedad de los tributos.

 

La demandante señala que: 1) La SUNAT ha aplicado a una suma de dinero que debía devolver a la empresa el pago a cuenta del Impuesto Mínimo a la Renta de febrero de mil novecientos noventa y siete, obligándola a pagar el saldo debido a la intervención de sus cuentas corrientes; y, 2) Se encuentra en estado de pérdida.

 

La SUNAT, representada por doña María Caridad García De los Ríos, contesta la demanda y solicita que sea declarada improcedente o infundada debido a que: 1) La demandante no ha acreditado que el impuesto sea confiscatorio; y,  2) La demandante debió solicitar que se ordene la suspensión de la medida de cobranza para que exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio.

 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, a fojas ciento cuatro, con fecha diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete, declara improcedente la demanda, por considerar: 1) La demandante no ha acreditado debidamente el estado de pérdida que alega; y, 2) La demandante no ha acreditado que la obligación de pago cuestionada implique un acto inconstitucional.

 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento cincuenta y cuatro, con fecha veintidós de enero de mil novecientos noventa y ocho, confirma la apelada que declara improcedente la demanda por considerar que la pretensión de la demandante debe dilucidarse en una vía más lata que tenga una etapa probatoria.

 

FUNDAMENTOS:

1.                  Que, con fecha diez de abril de mil novecientos noventa y siete, la empresa demandante interpone Recurso de Reclamación contra la Orden de Pago N.° 141-1-04567, del treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete. Dicho Recurso es declarado inadmisible mediante Resolución Zonal N.° 145-4-00942. Y, a fojas ciento veintisiete, aparece el Oficio N.° 48-97-SUNAT de la Oficina Zonal de Chimbote, mediante el cual se remite el Recurso de Apelación de la Compañía Conservera Coishco S.A. al Tribunal Fiscal, que es recibido el siete de agosto de mil novecientos noventa y siete. En efecto, la empresa inicia la presente Acción de Amparo sin haber agotado la vía previa, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 27º de la Ley N.º 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo.

2.                  Que la demandante no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 28º de la Ley N.º 23506. Ello, debido a las consideraciones siguientes:

a)                  De conformidad con el artículo 117° del Decreto Legislativo N.° 816, Código Tributario vigente, la Resolución de Ejecución Coactiva N.º 141-06-01715, notificada el tres de abril de mil novecientos noventa y siete, “contiene un mandato de cancelación de las Ordenes de Pago o Resoluciones en cobranza, otorgándose un plazo de siete (7) días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada  de las mismas”.

b)                 El plazo referido permitía a la empresa demandante acogerse a lo previsto en el inciso d) del artículo 119° del Decreto Legislativo N.° 816, que establece que cuando “se haya presentado oportunamente recurso de reclamación, apelación o demanda contencioso administrativa, que se encuentre en trámite”, se suspenderá el proceso de cobranza coactiva.

c)                  Asimismo, como una excepción a lo establecido en el artículo 136° del Decreto Legislativo N.° 816,  el segundo párrafo del artículo 119° de dicha norma señala que “tratándose de Ordenes de Pago y cuando medien otras circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser improcedente, la Administración Tributaria está facultada a disponer la suspensión de la cobranza de la deuda, siempre que el deudor tributario interponga la reclamación dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de notificada la Orden de Pago”; y, el tercer párrafo del mismo artículo establece que “para la admisión a trámite de la reclamación se requiere, además de los requisitos establecidos en este Código, que el reclamante acredite que ha abonado la parte de la deuda no reclamada actualizada hasta la fecha en que se realice el pago”.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

 

FALLA:

CONFIRMANDO la Resolución de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento cincuenta y cuatro, su fecha veintidós de enero de mil novecientos noventa y ocho, que confirmando la apelada declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo interpuesta. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS.

 

ACOSTA SÁNCHEZ

 

DÍAZ VALVERDE

 

NUGENT

 

GARCÍA MARCELO

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                                        G.L.B.