EXP. 259-98-AA/TC.

LIMA

MYRIAM JULIA BARRIENTOS DEL CORRAL Y   OTROS.

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los veintitrés días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent; y García Marcelo, pronuncia sentencia:

 

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por doña Myriam Julia Barrientos del Corral y otros, contra la resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas seiscientos quince, su fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y ocho, que revocando la apelada declaró improcedente la demanda.

 

ANTECEDENTES:           

Doña Myriam Julia Barrientos del Corral y otros, interponen demanda de Acción de Amparo contra la Empresa Nacional de Puertos S.A., solicitando que se les restituya el monto íntegro de sus pensiones renovables que venían gozando hasta el dieciocho de julio de mil novecientos noventa y seis, sin recorte alguno y sin el tope establecido por el Decreto Legislativo N° 817, Ley del Régimen Previsional a cargo del Estado. Solicitan también el pago de las sumas devengadas y sus intereses legales hasta el día de su cancelación, así como una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Señalan que están exceptuados de agotar la vía previa, toda vez que el recorte de sus pensiones se aplicó en forma inmediata sin que se les cursara ninguna notificación, lo cual no permitió que presentaran alguna reclamación al respecto.

 

La Oficina de Normalización Previsional contesta la demanda proponiendo la excepción de falta de agotamiento de la vía previa, por considerar que los demandantes sólo interpusieron el Recurso de Reconsideración y han pretendido dar por agotada la vía sin presentar el Recurso de Apelación. Señala que la demandada no ha incumplido con el pago de las pensiones, por lo que no existe vulneración de derecho constitucional alguno de los demandantes. Manifiesta que los demandantes debieron interponer una Acción de Inconstitucionalidad y no una Acción de Amparo, por cuanto lo que está en discusión es la constitucionalidad del Decreto Legislativo Nº 817.

 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción plantea la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, porque de acuerdo al mencionado Decreto Legislativo, la defensa del Estado sobre derechos pensionarios recae en la Oficina de Normalización Previsional; además, que la Empresa Nacional de Puertos S.A. es una persona jurídica que tiene autonomía económica y administrativa.

 

La Empresa Nacional de Puertos S.A. por su parte, solicita la sucesión procesal, por considerar que la Oficina de Normalización Previsional es la encargada de la defensa del Estado en materia de pensiones. Propone las excepciones de caducidad y falta de agotamiento de la vía previa, porque considera que el plazo de caducidad debe computarse desde la fecha de expedición del Decreto Legislativo N° 817 y porque los demandantes no han interpuesto todos los recursos impugnativos que les franquea la ley. Finalizan indicando que sólo se ha limitado a dar cumplimiento a lo establecido en el mencionado dispositivo legal.

 

El Juzgado Previsional Transitorio de Lima, a fojas quinientos once, con fecha dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, desestimó todas las excepciones propuestas en autos y declaró fundada la demanda, por estimar principalmente que al expedirse el Decreto Legislativo N° 817, los demandantes ya se encontraban gozando del derecho a percibir una pensión de cesantía nivelable, por haber cumplido con las normas existentes en el momento que fueron otorgadas dichas pensiones.

 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas seiscientos quince, con fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y ocho, revoca en parte la apelada, confirmándola en cuanto declaró infundadas las excepciones propuestas en autos y la revocó en cuanto declaró fundada la demanda y reformándola la declaró improcedente en dicho extremo, por estimar que la Acción de Amparo no es la vía idónea para obtener resoluciones declarativas de derechos pensionarios ni para obtener la nivelación de aquéllas que han sido otorgadas. Contra esta resolución, los demandantes interponen Recurso Extraordinario.

 

FUNDAMENTOS:

1.   Que, de conformidad con el artículo 1° de la Ley N° 23506, de Hábeas Corpus y Amparo, el objeto de las acciones de garantía es el reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional.

2.   Que, en materia de pensiones, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 26° de la Ley N° 25398, Complementaria de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo, en atención a que los hechos que constituyen la afectación son continuados, por lo que la excepción de caducidad propuesta en autos debe desestimarse.

3.   Que, está acreditado en autos, que la Empresa Nacional de Puertos S.A., sin esperar a que su decisión administrativa quedara consentida, ha procedido a la imposición de topes a las pensiones que venían percibiendo los demandantes, lo cual exime a éstos de la exigencia del agotamiento de la vía previa, en razón de que opera a su favor la excepción prevista en el inciso 1) del artículo 28° de la Ley N° 23506.

4.   Que, de la revisión de autos se advierte que los reconocimientos a los demandantes  de sus pensiones de cesantía nivelables se produjeron durante la vigencia de la Carta Política del Perú de 1979, la misma que en su Octava Disposición General y Transitoria, establecía el derecho a percibir una pensión de cesantía o jubilación renovable, para que haya igualdad entre la pensión del cesante con la remuneración de un servidor activo que desempeñe un cargo u otro similar al último en que el prestó servicios el cesante o jubilado. Al respecto, cabe mencionar que la Ley N° 23495, dada dentro del marco establecido por la norma constitucional antes mencionada, regula el derecho a la nivelación y homologación de las pensiones de los cesantes comprendidos en el Decreto Ley N° 20530.

5.   Que, respecto al fondo del asunto materia de autos, debe tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 008-96-I/TC, se ha pronunciado en el sentido de que resulta inconstitucional la Sexta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 817, en razón de que la imposición de topes sobre las pensiones nivelables atenta contra los derechos adquiridos a que se refiere la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Estado de 1993.

6.   Que, de las copias de las boletas de pago recaudadas a la demanda se advierte que la demandada no ha venido cumpliendo con el mandato constitucional antes referido, toda vez que ha venido aplicando topes a las pensiones que perciben los demandantes, por consiguiente, queda acreditada la transgresión a los derechos constitucionales invocados en la demanda.

7.   Que, la vía del amparo no es la pertinente para la reclamación del pago de sumas de dinero por concepto de devengados e intereses legales, ni por daños y perjuicios supuestamente ocasionados por la imposición de topes a las pensiones de los demandantes.

 

     Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

 

FALLA:

REVOCANDO en parte la resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas seiscientos quince, su fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y ocho, que revocando la apelada declaró improcedente la Acción de Amparo, y reformándola em este extremo la declara FUNDADA; en consecuencia, ordena que la demandada cumpla con el pago nivelado de las pensiones a los demandantes; y la confirma en el extremo que declara IMPROCEDENTE el pago de suma de dinero por daños y perjuicios. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y la devolución de los actuados.

 

S.S.

 

ACOSTA SÁNCHEZ,

 

DÍAZ VALVERDE,

 

NUGENT,

 

GARCÍA MARCELO.                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

AAM.